La investigación interna sobre las residencias de Madrid abre otra brecha entre Ayuso y Cs

El equipo de la presidenta explica que todo comenzó hace un mes, cuando ante los choques ya entonces evidentes -y ahora descarnados- entre los consejeros de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), y Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero (PP), se le preguntó por la posibilidad de ceses. Ella lo descartó pero apuntó que habría que evaluar lo hecho. Comenzó entonces a solicitar información sobre las actuaciones en residencias, y como prueba se presentó ayer en el pleno con un enorme listado de papel continuo donde, según dijo, se detallaban muchas de las medidas llevadas a cabo.

Ahora, el siguiente paso va a ser pedir informes por escrito a las direcciones generales de las tres consejerías que estuvieron coordinadas en la gestión de las residencias, desde que se dio el mando único a Sanidad: esta, la de Políticas Sociales y la de Justicia. No hay, aclaran, ninguna intención de «buscar culpables», previendo las interpretaciones que se puedan dar dada la tensión existente entre los socios de Gobierno por este asunto.

De hecho, en fuentes de Ciudadanos la noticia de la investigación interna les dejó atónitos: no porque la presidenta quiera conocer con detalle lo ocurrido, que les parece bien, sino porque no se explicaban porqué este tema no había sido tratado en el consejo de Gobierno , al igual que se dijo que debía verse allí, por ejemplo, lo relativo a las reuniones para la reconstrucción tras la crisis . Aseguraban que se enteraron de la investigación cuando la presidenta la hizo pública, ayer, y se preguntaban si «eso no era una deslealtad », la crítica que más frecuentemente se le hace a Aguado desde las filas populares.

La polémica sobre las residencias madrileñas ha saltado las barreras geográficas de la política regional, y ha llegado al Congreso de los Diputados, donde el vicepresidente Pablo Iglesias calificaba de «crimen» lo ocurrido y acusaba al Gobierno regional de mentir sobre el protocolo -que según el Ejecutivo madrileño era un borrador que no se aplicó-.

Unas palabras que ayer Díaz Ayuso respondía, por su parte, con nuevos ataques: al propio Iglesias, por no «ayudar en nada» a las comunidades autónomas pese a tener el mando único en las residencias; y también contra el Gobierno Central: según la presidenta madrileña «había un protocolo del 5 de marzo del Gobierno de España que también aconsejaba a las personas mayores contagiadas por coronavirus quedarse en sus residencias, es decir, en sus casas».

Díaz Ayuso aportó datos de actuaciones con residentes: 921 de más de 70 años entraron en UCI, y 10.600 fueron trasladados a hospitales desde sus residencias durante la pandemia . Apoyándose en ellos, la presidenta regional criticó que se está montando «un relato falso sobre un drama , el de las residencias, que ha ocurrido en todas las comunidades autónomas y en todos los países». Aseguró que «los políticos no deberíamos jugar a ser médicos », y defendió estudiar «cómo se pueden mejorar a futuro» estos establecimientos.

La Asamblea de Madrid va a celebrar, en las próximas semanas, una comisión de investigación sobre las residencias auspiciada por los partidos de la oposición. Y a la que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio , ha pedido que acuda como compareciente el vicepresidente Pablo Iglesias, para explicar su papel y el de su Ministerio de Derechos Sociales.

Monasterio considera a Iglesias máximo responsable de la situación, y le criticó ayer en el parlamento madrileño que «su obsesión ideológica les llevó a permitir la celebración de todo tipo de actos públicos para salvaguardar las manifestaciones de su guerra civil de sexos».

En este clima de confrontación, terció ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles , quien sobre la pugna entre Iglesias y Ayuso a cuenta de las residencias, instó a no «echarse los muertos» porque «son personas y familias». Pidió «aprender de lo ocurrido».

El grueso de las preguntas durante el pleno de ayer en la Asamblea de Madrid estuvieron dedicadas a lo ocurrido en las residencias. Con duras intervenciones por parte de la oposición. Del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo , que aseguró que «los protocolos fueron, sin duda, inapropiados», y apuntaba que «es un clamor que se necesita otro modelo y muchas explicaciones».

Las mismas que le pidieron desde Más Madrid a la presidenta: el líder de esta formación, Pablo Gómez Perpinyà , criticó que a los ancianos «se les ha dejado morir solos, salvo si tenían seguro privado» y habló de los «protocolos de la vergüenza». Díaz Ayuso negó su denuncia: «Aquí se ha peleado por cada vida», y se ha hecho «en una situación de guerra, de colapso , y sin ayuda del Gobierno de España», le recordó, a la vez que le recriminaba que eso no lo criticase: «Se dedican a tapar a los suyos y echar gasolina sobre nosotros», le afeó.

Pese a que el 19 de marzo el vicepresidente Pablo Iglesias «dijo que iba a ayudar a las comunidades autónomas, al día siguiente eran nuestros voluntarios de Protección Civil los que estaban repartiendo material en las residencias». Se refería la presidenta a la declaración pública del vicepresidente de ese día, en la que señalaba que «para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores», y en la que hablaba de un «fondo de 300 millones de euros que va a emplearse para ese fin». Añadía entonces Iglesias que «es urgente medicalizar estos centros, reforzar las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y equipos de protección individual para los profesionales, que van a adquirirse con este fondo».

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, se mostraba «estupefacta» ante los protocolos, que calificó de «salvajada». Díaz Ayuso le criticó que «cuando en China e Italia tenían ya datos elevados de enfermos, en esta Asamblea discutíamos de feminismo ». Insistió en que «se han salvado muchas vidas en la Comunidad gracias a nuestras medidas», pese a lo cual, reconoció, «todos actuamos tarde; pero el primero, el Gobierno Central».