La factura de la pandemia: 370.000 madrileños más no llegan a fin de mes

De acuerdo con el estudio, la situación generada por la pandemia y sus confinamientos -que ha repercutido negativamente en la economía y el empleo- se ha traducido en un incremento de la pobreza severa en la región. Algo que se ha visto paliado gracias a las medidas de protección social adoptadas por las administraciones , que han evitado una situación que «podría haber sido mucho peor», indican. No obstante, estas medidas de alivio, recuerdan en Cáritas, «sólo han llegado a una parte de la población». Ponen como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital, que en septiembre de 2021 «únicamente llegaba al 19 por ciento de la población en situación de pobreza severa».

La Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) ha elaborado el informe para Cáritas, que reflejan el shock que ha sufrido la cohesión social en la región. Treinta investigadores de diez universidades y entidades de investigación han estudiado los datos y elaborado las conclusiones de este informe: el número de personas que atraviesan situaciones más difíciles -de exclusión severa- ha aumentado un 25 por ciento , y alcanza ya a 800.000 personas.

Además, la crisis ha ahondado en la desigualdad: los más pobres han visto desplomarse sus rentas en un 22 por ciento, mientras que las de los más ricos han crecido un 18 por ciento. En un 23 por ciento de los casos, los hogares en exclusión social están sustentados por mujeres, y en el 21 por ciento, por hombres.

En los que cuentan con dos o más miembros menores de edad, la tasa de exclusión triplica la de los grupos familiares que no tienen niños. Cuatro de cada 10 familias numerosas están en esta situación de exclusión. Los hogares monoparentales a cargo de mujeres tienen una incidencia de exclusión social del 33 por ciento , y esto se observa sobre todo en mujeres de menos de 45 años.

Cuando la sustentadora principal de la vivienda es una persona de nacionalidad extranjera, la prevalencia de la exclusión social es del 51 por ciento , frente al 17 por ciento de los hogares encabezados por personas nacidas en España.

Los más resguardados de las dificultades económicas son los hogares que no cuentan con menores de 18 años en su seno, aquellos donde la persona sustentadora principal tiene estudios superiores, y los encabezados por personas de 65 o más años.

Entre los factores de exclusión social en la Comunidad de Madrid, uno es el empleo. Y ahí la pandemia se ha dejado sentir de forma especial, aunque comparativamente, su impacto ha sido menor que el registrado en el conjunto del país. El estudio de Cáritas observa un «empeoramiento de las condiciones de trabajo» que «genera más trabajadores pobres», y apuntan directamente a la inestabiildad laboral grave, que «se ha duplicado y alcanza a 169.000 familias», de acuerdo con sus datos.

También el paro de larga duración se ha dejado sentir: si en 2018 era del 30 por ciento, en 2021 es del 39 por ciento. El desempleo que afecta a toda la familia se ha incrementado un 50 por ciento : hay 150.000 hogares en que todas las personas en edad activa están desempleadas, de acuerdo con el estudio. Las mayores tasas de desempleo se dan entre los menores de 25 años -un 33 por ciento- y las personas extranjeras -19 por ciento-.

Otro factor desencadenante de la exclusión es la problemática relacionada con la vivienda: afecta ya a una cuarta parte de la población. Sobre todo, por el incremento del 44 por ciento del precio de la vivienda desde 2015. Pero también por el aumento del coste de los suministros básicos, como electricidad y gas, que ahoga a estas familias.

Como ejemplo, señalan que el 16 por ciento de los hogares en la Comunidad de Madrid quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez que han pagado los gastos de la vivienda. Esto supone que son más de 400.000 familias las que llegan a fin de mes a trompicones . A lo que se añade que se han triplicado las personas que viven bajo la amenaza de desahucio, con tenencia en precario de su vivienda o en situación de malos tratos: han pasado del 3% al 11%.

La debilidad económica se deja sentir también en la salud: las personas con menos recursos no pueden acceder a la medicación, o a tratamientos que precisen. En casi 300.000 hogares se han dejado de comprar medicinas o prótesis o a seguir dietas por problemas económicos. Peor aún es la situación para las personas que tienen problemas de salud mental: la tasa de exclusión entre ellas supera en diez puntos la del conjunto de la población.

La complicada situación también provoca un incremento de los trastornos en este capítulo: hay un 14 por ciento de familias madrileñas en las que alguien sufre un problema de salud mental diagnosticado.

Más allá de la pobreza material, hay otros capítulos que tienen que ver directamente con la desigualdad, y uno es la brecha digital. Hasta 240.000 hogares madrileños están afectados por ella , sobre todo las familias formadas por personas mayores y con pocos estudios. 82.000 de estos hogares también están en situación de exclusión social.

Ante esta negra situación, las familias con necesidades han optado por acudir a sus ahorros para salir adelante (el 20 por ciento), pedirlo a entidades u organizaciones (16 por ciento) o han recortado sus gastos (37 por ciento en alimentación, ropa y calzado). Son, aseguran los responsables de Cáritas, personas que pelean cada día por salir adelante.

Hay coletazos que la pandemia ha provocado, en forma de erosión de las relaciones familiares, vecinales y de comunidad, y el aumento de las situaciones de aislamiento y conflicto social, que han crecido más del 300 por ciento, sobre todo las relacionadas con malos tratos . También ha caído la ayuda mutua entre hogares, hasta el 26 por ciento -cuando antes de la pandemia alcanzaba el 40 por ciento-. Los hogares que ni dan ni reciben ayuda han pasado del 38 por ciento al 44 por ciento.

Los responsables de Cáritas insisten en que las medidas de protección social adoptadas por las administraciones han evitado que la situación fuera peor pero no han sido suficientes . Y por eso, piden que se desarrolle con más eficiencia el Ingreso Mínimo Vital, y se adecúe la Renta Mínima de Inserción, que muchas personas han visto denegada, retirada o reducida tras la aparición del Ingreso Mínimo. «Urge asegurar una correcta compatibilidad entre ambas prestaciones».