Arturo Canalda ha presentado su dimisión por escrito a las 9.00 horas - Isabel Permuy

El caso Lezo se cobra la cabeza del presidente de la Cámara de Cuentas

Arturo Canalda, que era gerente del Canal de Isabel II cuando se inició la compra de empresas iberoamericanas, ha presentado su dimisión por escrito a las 9.00 horas

MadridActualizado:

Arturo Canalda, ex director gerente del Canal en tiempos de Ruiz-Gallardón y hasta hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid ha dimitido en este último puesto. Es la última dimisión relacionada con el caso Lezo, y la primera de la época en que presidía la Comunidad el ex ministro de Justicia.

Canalda ha presentado su renuncia en el registro de la Asamblea esta mañana a las 9.00 horas, según confirmaron fuentes de la Cámara regional. El que también fuera Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid es el primero que deja el cargo tras ser llamado como investigado por el juez que lleva esta investigación.

Concretamente, se le investiga por la compra por parte del Canal de la empresa colombiana Inassa, que se realizó en Panamá y que fue la primera de las operaciones de compra de compañías iberoamericanas realizadas por los gestores de la gran empresa pública del agua madrileña.

El recién dimitido alega en su escrito de renuncia, del que informa Efe, que ha actuado siempre «conforme al ordenamiento jurídico», pero explica que dimite para «no perjudicar» a este órgano de control. Añade que «a lo largo de más de 20 años dedicado a la vida pública siempre he actuado con total honestidad y siempre he adoptado las decisiones basándome en informes que las avalaban».

No obstante, asegura que en este momento «soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos 6 años».

Según ha explicado el portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, Canalda dimitía por «una decisión que le honra y que adopta de manera voluntaria» dado que no le son de aplicación ninguno de los códigos éticos en vigor: ni el de la Cámara de Cuentas, que exige la dimisión en caso de sentencias firmes -y en este caso sólo ha sido llamado a declarar como investigado-, ni el de los diputados porque él no lo es, ni el de militantes del PP puesto que Canalda no está afiliado.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, diputado regional, ha augurado que la instrucción judicial del caso Lezo «deparará nuevas sorpresas» en relación con las presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II y cree que habrá «nuevos implicados. Estoy absolutamente seguro», ha dicho este jueves.

Desde Ciudadanos, el partido que impulsó y que preside la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea en la que recientemente compareció Canalda, entienden que la dimisión del ya ex presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid es «lo que tenía que hacer», algo que hace dos años no pasaba nunca y ahora se va haciendo habitual «gracias a partidos como Ciudadanos», afirmó su líder en Madrid, Ignacio Aguado. A su juicio, se demuestra que «teníamos razón cuando decíamos que en el Canal de Isabel II lo único transparente era el agua, y que la gestión era opaca».

Por su parte, la diputada de Podemos María Espinosa afirma que esta dimisión demuestra que «PP y corrupción son dos caras de la msma moneda» y cree que esta investigación sobre Canalda «reduce el cerco contra Ruiz-Gallardón».

El procedimiento para elegir al sustituto pasa por comunicar a la Asamblea la vacante. El Parlamento regional elegirá por votación entre sus miembros al nuevo consejero, por 3/5 en primera votación y si no se alcanza esta cifra, por mayoría en la siguiente. Una vez cubierta la vacante de consejero, los siete miembros que forman el consejo de la Cámara votarán para elegir el nuevo presidente. Mientras se produce este proceso, ocupará el cargo de forma interina el vicepresidente, Carlos Salgado.

Este miércoles se supo que el magistrado, a petición de la Fiscalía, llamaba también a declarar en calidad de investigados al ex consejero de Hacienda de Ruiz-Gallardón en tiempos de la operación de compra de Inassa, y actual presidente de Adif, Juan Bravo, y al que fuera consejero de Medio Ambiente en aquella misma época, Pedro Calvo.

Desde el grupo parlamentario socialista, se han registrado varias preguntas a la presidenta Cristina Cifuentes y al Gobierno sobre el tema, además de la solicitud de una comparecencia en el pleno del consejero de Presidencia, Ángel Garrido, para preguntarle por la compra de empresas iberoamericanas por parte del Canal de Isabel II.

El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha registrado una pregunta dirigida a la presidenta del Ejecutivo Regional, Cristina Cifuentes, para que valore qué perjuicio político e institucional considera que causa a la Comunidad de Madrid la actuación de quienes habiendo ocupado cargos públicos han sido citados a declarar como investigados por la justicia. Por su parte, la diputada Mercedes Gallizo pregunta al Gobierno su valoración sobre la citación a declarar como investigados a 24 personas en relación con la compra de la empresa Inassa por el Canal de Isabel I, cómo valora el Ejecutivo las explicaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón en la Comisión de investigación de la corrupción sobre esa compra, y qué repercusión económica tiene para la Comunidad el cierre de las empresas de Canal en América.