Cuenta atrás para el poblado de las Sabinas con el realojo de unas 120 familias

Las Sabinas lleva muchos años siendo parte del paisaje de la zona suroeste de Madrid. Con su barro, sus infraviviendas y sus conflictos por los enganches ilegales de la luz. Los diferentes gobiernos autonómicos y municipales han dado algunos pasos para su desalojo, con presupuestos propios y también con dinero procedente de los fondos europeos Feder.

Pero el acuerdo que ahora van a rubricar la consejería de Vivienda, que dirige David Pérez (PP), y el Ayuntamiento de Arroyomolinos, a cuyo frente está Ana Millán (PP) promete sacar de allí a 120 familias y realojarlas en viviendas en altura que se comprarán para tal fin. Los realojos serán en régimen de alquiler.

Los técnicos de la Agencia de la Vivienda Social (antiguo Ivima) están haciendo un censo de las familias que se van a poder beneficiar de esos realojos, y también se ocuparán del trabajo social con los habitantes del poblado . Además, y junto con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, adquirirán las viviendas en altura –es decir, en pisos– necesarias para trasladar a estas familias.

Calculan que la operación afectará a unas 120 familias, y requerirá una inversión de aproximadamente 18 millones de euros, de los que al menos 2,5 se destinarán al gasto de la intervención social previa al realojo y «al seguimiento social posterior en viviendas en altura, que debe prolongarse durante, al menos, 20 años posteriores al realojo definitivo» para facilitar la integración, según los expertos de este organismo.

El resto de la inversión irá a parar a la adquisición de las viviendas necesarias para la operación, para las que se calcula un coste medio 150.000 euros.

Tras el acuerdo alcanzado entre el consejero David Pérez y la alcaldesa Ana Millán, tendrá que llegar su plasmación en un convenio. Una vez hecho, dará paso a unas actuaciones que permitirán recuperar este espacio para el municipio de Arroyomolinos , donde ya piensan en la recuperación medioambiental de la ribera del río en el margen correspondiente a esta localidad.

En la actualidad, la Agencia de Vivienda Social ya está elaborando el censo previo al realojo. En el momento en que se firme el convenio, se iniciarán los estudios sociales familiares , y las labores de trabajo social con los habitantes del poblado. Se les dará la formación precisa para facilitar su adaptación a la vida en el nuevo tipo de viviendas en el que residirán en un próximo futuro.

Por su parte, será tarea del Gobierno municipal de Arroyomolinos, que es el competente en materia urbanística, la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos de desalojo y la posterior demolición de las construcciones ilegales que se queden vacías. También será el Ayuntamiento el que realoje a un porcentaje –aún por determinar– de estas familias.

Tras comprobar que éstas cumplen los requisitos para ser realojadas –niveles de renta determinados y no poseer viviendas en propiedad, entre otras–, será también misión de los responsables municipales que los terrenos sobre los que se asentaban las que hasta ahora son sus casas sean inhabilitados para la construcción de nuevas chabolas.

Además de la mejora de las condiciones de vida de estas familias y la recuperación medioambiental de la ribera del río , la acción que se va a emprender tiene también como objetivo evitar el riesgo que podría suponer para las familias del poblado una crecida del río Guadarrama: «Podría ser una catástrofe», advierten.

La operación de desmantelamiento de Las Sabinas, no obstante, de momento va a ser parcial : sólo afectará a la parte de este asentamiento que está sobre terrenos del término municipal de Arroyomolinos. La parte que afecta al municipio de Móstoles por ahora no está incluida.

Con este segundo Ayuntamiento se firmó un convenio en 2013, por el cual el poblado debía estar desmantelado en 2017. Se realizaron algunos realojos –el consejo de Gobierno de Madrid autorizó en 2016 una partida de seis millones para adquirir las 50 primeras viviendas–, pero posteriormente ha habido diferencias de criterio entre las administraciones regional y municipal .

De hecho, el Ayuntamiento de Móstoles suspendió su participación en la comisión de seguimiento del proceso de realojo, aunque posteriormente volvió a tomar parte en el mismo.