La comisión concluye que la Comunidad «no ordenó, amparó o conoció» espionajes

Los tres grupos se reunieron ayer por espacio de una hora para dirimir el dictamen. A pesar de no pasar juntos más de 60 minutos, la tensión volvió a hacer acto de presencia en la sala. Ni uno sólo de los grupos da su brazo a torcer. Cada uno sigue pensando lo mismo que decía antes de que comenzaran las comparecencias. Sólo el PP ha variado su posición ya que considera que las aportaciones de los asistentes han permitido aportar algo de luz a una trama que siempre se ha movido entre claroscuros.

El dictamen, de 62 páginas, concluye que el Ejecutivo regional «ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido» ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos «o cualquier otra persona». El escrito, redactado por el portavoz del grupo popular, David Pérez, se apoya en siete conclusiones para desmontar la trama denunciada por el diario «El país», y que ha sido secundada por el grupo socialista e IU:

«Ni se ordenó, ni se conoció espionaje». El primer punto del informe de conclusiones deja muy claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no «amparó» ningún tipo de seguimiento a políticos o cualquier otra persona.

«La misma estructura de Seguridad que con Leguina y Gallardón». El dictamen también alude a que la dirección general de Seguridad y las funciones de su personal «son las mismas» que puso en marcha Leguina en 1985 y que «potenció» Gallardón con un proyecto de seguridad en 2002. «De hecho -apunta el informe- los 42 técnicos de seguridad que constituyen la totalidad de la plantilla actual ingresaron durante el Gobierno de Joaquín Leguina».

«Los comparecientes de la Consejería de Interior niegan cualquier espionaje». El PP también recuerda que «todos» los comparecientes de la Consejería de Presidencia e Interior han declarado bajo juramento que «ni han ordenado, ni conocido, ni amparado» ningún tipo de seguimiento, informe o espionaje sobre ninguna persona.

«Los partes de seguimiento no son de Interior...». El dictamen también considera acreditado que los supuestos partes de seguimiento, «ni son documentos de la Consejería de Interior, ni tan siquiera se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales» de los presuntamente espiados.

«... Y carecen de rigor según los expertos». El informe se apoya en que los supuestos partes «carecen del rigor exigible» para merecer «la mínima consideración» por parte de profesionales de la seguridad «con décadas de experiencia» que así lo han atestiguado.

«Los estudios grafológicos exculpan a los presuntos autores». Ha quedado acreditado mediante estudios grafológicos realizados por el presidente de los Peritos -Cástor Iglesias- que la letra de las anotaciones manuscritas aparecidas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas como presuntas autoras.

«Confianza en la Justicia». La comisión no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones periodísticas que denunciaban la trama, por lo que confía en el «total esclarecimiento de los hechos por la justicia.

La Asamblea de Madrid aprobará definitivamente el dictamen en el pleno de mañana. A partir de entonces, cualquier investigación sobre esta trama la tendrá que aportar la Justicia donde se encuentran varias denuncias de las supuestas víctimas.