Las claves del cierre en falso del caso Noelia Posse

La posición del PSOE-M era, de cualquier manera, muy delicada. Móstoles, con sus cerca de 210.000 habitantes es, a fecha de hoy, su principal bastión de poder en la región. Además, a raíz del escándalo, Más Madrid y Podemos, los socios de Gobierno, la dejaron sola. Y la oposición hacía números para sacar adelante una moción de censura que, si no salió adelante, fue por falta de acuerdo entre los partidos, puesto que la aritmética la permitía. Mientras, Noelia Posse se enrocó en el sillón de alcaldesa y, conforme salían más casos de enchufismo, parecía que la cosa no iba con ella; incluso cuando los tribunales han constatado que algunos de ellos eran claramente ilegales.

El partido la suspendió cautelarmente de militancia el pasado octubre. El malestar en sus propias filas era mayúsculo. Oficialmente, no era parte del PSOE ni la encargada de Ética en la federación madrileña. Pero en su perfil de Twitter no omitió ni una de esas responsabilidades y se enfrentó a los suyos. El Comité de Ética recibió el encargo de estudiar el asunto, dirimir caso por caso y evaluar una posible infracción. Pero la última palabra la tenía Ferraz. O, en este caso, debido a las relaciones de Posse con el círculo más cercano del presidente, la propia Moncloa .

Y así ha sido. El Comité Federal del PSOE recibió el mes pasado el dictamen del Comité de Ética madrileño, presidido por el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez. La conclusión es que Noelia Posse había incurrido en faltas «graves».

¿Qué ha ocurrido? Pues que al final la investigación interna ha durado nueve meses, los mismos que se le han impuesto de suspensión de militancia. Y que, por lo tanto, ya ha cumplido. Un plazo, además, en el que ha seguido ejerciendo como alcaldesa como si no pasara nada. Y en el que, para más inri, se fueron descubriendo nuevos casos de nepotismo e incluso se han producido sentencias que echaban atrás el nombramiento, por ejemplo, de Jesús Miguel Espelosín: un militante del PSOE al que colocó como gerente de Urbanismo después de que otra persona de su confianza, Carmen Rosas, falseara el currículum de su amigo como arquitecto. También ha tenido que dimitir Concepción Bárbara Rognoni, cuya designación como directora general del Suelo fue denunciada por el PP tras comprobarse que no estaba avalada por un informe de méritos frente a sus competidores. Es, además, exconcejal socialista de Illescas (Toledo). Una ristra de irregularidades que en Ferraz (y muchos apuntan que también en Moncloa) no parece que les importe. Se limitan a calificarlo como «una mala conducta ética».

Los populares mostoleños reaccionaron ayer a la noticia con estupefacción: «De manera continuada, desde el PP venimos denunciando el uso partidista que la alcaldesa hace de las instituciones y es un hecho que ha puesto el Ayuntamiento al servicio de las siglas y no al de los vecinos. Esto ha tenido el reconocimiento de Sánchez y del PSOE, cerrando el bochornoso escándalo de enchufismo que vivimos al inicio del mandato».

Para el PP, «Posse no hace nada más que seguir la línea política que ha trazado Sánchez, y que no es otra que el reiterado uso partidista de las instituciones y por ende, del dinero público, en interés propio y de las siglas del PSOE, así como el consentimiento del nepotismo y enchufismo que también aplican en Moncloa».