Cien millones para dejar atrás una Justicia «impropia del siglo XXI»

En este sentido, 23,57 millones de euros del presupuesto se destinarán solo en 2019 a ese Plan. El importe no quedará ahí. Para acometer todas las obras de reforma, reagrupación y modernización judicial, esta cantidad llegará durante la legislatura a los 100 millones de euros . La Consejería de Justicia, que contaba en 2015 con un presupuesto para infraestructuras de 625.000 euros, se compromete, ahora, a multiplicarlo por 37 para ejecutar la tarea de mejora de las sedes.

«La Justicia ha sido siempre la hermana pobre de la Administración . La desin versión de los Gobiernos, hasta que llegó Ángel Garrido, dejó los edificios en mal estado. Está anclada en el siglo pasado y es impropia del siglo XXI», dice a ABC Juan José Carral, presidente del sector de Justicia del sindicato CSIF, que coincide con Celso Rodríguez. Carral reconoce que se está avanzando en infraestructuras, pero que sin «un motor que funcione» la Administración judicial no llegará «a los estándares de calidad» necesarios. También destaca las «buenas intenciones» con las que ha asumido el cargo Enrique López , responsable del área: «Queda una legislatura por delante para demostrar que el interés se convierte en acciones concretas». Los sindicatos reclaman un plan que revierta la « falta de proyecto » y se centre en establecer las líneas de futuro a largo plazo.

La reagrupación de sedes, principal pata del Plan Justicia 21x21, comenzó en 2017 con la unión de las secciones de Civil y Penal de la Audiencia Provincial en la calle de Santiago de Compostela . Continuó, un año más tarde, con el Núcleo Penal de San Blas , que concentra un total de 56 juzgados repartidos en Albarracín, Julián Camarillo y Hermanos García Noblejas. El último paso, si todo va bien, se dará en febrero, con el traslado de los organismos civiles a la calle de Rosario Pino , donde se albergarán 36 juzgados ahora repartidos por el centro de Madrid en 10.000 metros cuadrados. Para ello, la Comunidad alquiló a principios de este año el antiguo edificio Gorbea, en el número 5 de la calle. Los trabajos de acondicionamiento están en la última fase , tanto así que la Comunidad espera recibir el edificio en diciembre y comenzar la mudanza en la primera semana de febrero . Esta se hará de forma escalonada, según el calendario al que ha tenido acceso ABC, y concluirá la primera semana de marzo . Los Juzgados ocuparán desde la tercera planta del inmueble hasta la decimoprimera. Con esta actuación, la gran mayoría de los Juzgados de Primera Instancia de la capital, estarán en un radio de 300 metros .

«Los edificios que actualmente se dedican a albergar juzgados, no están capacitados para ello. Las nuevas sedes sí son más idóneas, ya que las instalaciones pueden soportar la multitud de gente que diariamente pasa por ellas», dice el presidente de Justicia de CSIF. Corral hace hincapié en el urgente traslado de los tribunales que ahora están en María de Molina a Rosario Pino, debido al deficiente estado en el que se encuentran. «Deberían plantearse también reformar o cambiar la sede del Registro Civil Único , aunque parece que de momento no entra en los planes de la consejería», critica.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la Fiscalía coinciden en destacar el pasado año como «histórico» , debido al esfuerzo y a las medidas ejecutadas, entre las que destaca la concentración de sedes, que califican de «positiva» . En los otros 20 partidos judiciales existentes en la región también se está trabajando. En este sentido, se ha unificado los edificios de Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro (este último, el pasado jueves) y están en construcción los nuevos inmuebles judiciales de San Lorenzo de El Escorial y Navalcarnero, cuya terminación está prevista para final del próximo verano , según datos de la Consejería de Justicia.

La asignatura pendiente sigue siendo la digitalización . «Existe una gran acumulación de expedientes, que provocan problemas de salud derivados de la acumulación de papel y polvo », explica Corral, que reivindica la implementación del expediente electrónico y programas de gestión procesal. Un horizonte con papel cero se vislumbra muy lejano. Según cifras de la Consejería de Justicia, por el contrario, se han renovado 7.000 equipos y adquirido 1.095 portátiles para que magistrados, jueces y fiscales puedan acceder al expediente judicial electrónico. «Tenemos un grado de implantación de la firma electrónica del 40% », aseguran fuentes del área.

Otra de las reinvidicaciones que hacen los sindicatos es la puesta en marcha de medidas que protejan los datos personales de los funcionarios : «En los carnés que tenemos aparece el nombre, DNI y categoría. Teniendo en cuenta algunas de las personas con las que tratamos, eso puede comprometer nuestra seguridad. Existen compañeros que incluso han recibido amenazas de muerte. Por ello pedimos que se nos asigne un número de identificación».