Las cámaras del Madrid Central de Almeida empiezan hoy a multar

El ‘Madrid Central’ de Almeida, rebautizado como Distrito Centro, no difiere mucho de su predecesor. El perímetro es el mismo y los carteles, con los nuevos rótulos, avisan en los mismos accesos. Las restricciones también afectan a los vehículos A, los más contaminantes, aquellos sin distintivo medioambiental: los diésel matriculados antes de 2006 y los gasolina previos al 2000. Los coches B y C podrán entrar en Distrito Centro siempre que estacionen en aparcamientos interiores; la superficie está reservada a residentes y vehículos ECO o cero emisiones.

La principal novedad atañe a los 15.000 comerciantes del centro de la capital, que gozan de los mismos derechos de acceso que los residentes. El Ayuntamiento prepara desde hace semanas la base de datos para que, a partir del 22 de diciembre, incluya sus matrículas, cualesquiera su etiqueta medioambiental. Los otros cambios afectan a los empadronados con vehículos domiciliados fuera de Madrid, que pierden su permiso de acceso.

Los horarios serán más restrictivos para los vehículos de empresas de profesionales que presten servicios o entreguen y recojan suministros, y el paso de las motocicletas estará permitido hasta las 22 horas, una hora menos. Ni los talleres ubicados en el distrito, ni el colectivo del colegio de abogados, ni los trabajadores nocturnos podrán autorizar la entrada de los vehículos A. Por otro lado, el Consistorio ha prorrogado un año la prohibición a los camiones con etiqueta B que pesen menos de 3,5 toneladas, hasta el 1 de enero de 2023.

Una vez superado el periodo de adaptación, el acceso sin permiso al centro de Madrid constituye de nuevo una infracción leve de tráfico, según los artículos 18 y 75, y los incumplidores pueden ser sancionados conforme a los artículos 80.1 y 81 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La multa asciende a 90 euros, la mitad si se paga en el plazo voluntario.

Estas sanciones regresan apenas dos días después de que el Ayuntamiento informara de las consecuencias de que la medida estrella de Carmena acabara en los tribunales. Más de 40 millones de euros que tendrán que devolver las arcas municipales por las 480.000 multas expedidas este año y revocadas porque la normativa estaba anulada. No obstante, después de meses de vaivenes, la capital vuelve a cercar su corazón con una zona de bajas emisiones, amparada en su marco legal y en pleno funcionamiento.