El Ayuntamiento de Madrid multa a un bebé por «tirar» una receta médica al suelo

Siempre según el relato de la madre, al salir del ambulatorio de la calle Ventura Rodríguez, 7 y comprar las medicinas pertinentes en la farmacia más próxima, debieron de tirar la receta «rota», que estaba «dentro de una bolsa de plástico», al contenedor de la misma calle. «Por la noche, esa zona -próxima a la plaza de los cubos, en el distrito de Moncloa- se llena de drogodependientes que rebuscan en las bolsas y vierten sus contenidos fuera», explica la mujer en el escrito entregado a la Sección de Menores y Protección. El agente utilizó la prescripción vertida en el suelo como prueba para sancionar al pequeño por una «deficiente presentación de los residuos ocasionando suciedad en los espacios públicos».

El acta tiene fecha del 31 de mayo, pero la familia del bebé no se percató de la denuncia hasta el 2 de junio, cuando un vecino avisó a Esteban C. de que había una «carta oficial» encima de los buzones. «El espacio para la firma del interesado está en blanco. Debajo de la fecha, el funcionario puso que se “dejaba copia al interesado”, cuando mi nieto, probablemente, estaría durmiendo y no se enteró de nada», se queja el abuelo.

El batallón de 321 inspectores que la delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha desplegado por las calles de la capital comenzó hace cinco meses, en plena crisis de limpieza, con el objetivo de vigilar que los madrileños depositan sus residuos en los contenedores adecuados. Estos trabajadores municipales sancionan con hasta 750 euros a quien deje basura en un cubo que no sea el correspondiente, en la acera o que en su bolsa haya introducido algún residuo «impropio» (pilas, baterías, termómetros, tinta de impresoras, etc.). El objetivo, según Sabanés, es que estos controladores lleven a cabo una labor de concienciación medioambiental entre los infractores.

La medida no es nueva, aunque sí la incidencia con la que parece que se aplica ahora. Hay que remontarse a 2009 para encontrar los orígenes de esta ordenanza, impulsada por Ana Botella, quien entonces era la responsable del área de Medio Ambiente durante el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Consistorio envió a varios centenares de inspectores a hurgar en las basuras que los madrileños depositaban en los cubos de sus edificios para examinar si los vecinos reciclaban correctamente. Con el objetivo de que ningún inquilino pudiera resistirse al examen, el propio Gallardón otorgó a los inspectores la categoría de agentes de la autoridad.

Eso les permitía acceder sin previo aviso a las instalaciones en las que se desarrollaban actividades reguladas en la ordenanza de basuras para inspeccionar el contenido de las bolsas de basura y del resto de contenedores de residuos. El goteo de sanciones, de entre 100 y 150 euros , saturó los juzgados de recursos judiciales.

En un primer momento la Justicia dio la espalda al Ayuntamiento, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2010 los artículos 76 y 78.3 de la ordenanza de basuras señalando que «la bolsa de basura que cada vecino deposita en el contenedor de su edificio es suya hasta que la sacan a la calle, quedando prohibido que ningún inspector municipal puede abrirla con ningún fin».

Además, el TSJM revocó el artículo que obligaba los propietarios de los edificios a limpiar sus aceras si estas tenían hasta dos metros de anchura, y si eran mayores que la zona más cercana a la fachada. Una imposición que mantenía su vigencia en los días de nieve. En estos casos, era responsabilidad de los vecinos y comerciantes despejar el hielo de las aceras.

El caso fue elevado hasta el Tribunal Supremo , que en noviembre de 2013 respaldó la competencia al Ayuntamiento, esta vez ya regido por Ana Botella . Las sanciones son, por tanto, legales. No obstante, durante un tiempo, antes de llegar a ser multados, el Ayuntamiento optaba por enviar una carta de advertencia conminando a corregir el hábito. Mientras que ahora, el ciudadano puede ser multado económicamente con varios cientos de euros.

Este cambio de criterio con respecto a las medidas sancionadoras del gobierno anterior abre el debate sobre si la ordenanza persigue preservar el medioambiente o busca el afán recaudatorio. «Creo que hemos entrado en una deriva peligrosa. Mi nieto es un menor que no se puede defender», se lamenta Esteban C. «La sensación que tenemos es que nos han puesto policía política. Nunca habíamos visto nada igual», añade. La familia del bebé asegura que está dispuesta a elevar su denuncia a «todas las instancias». «Llegaremos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si hace falta. Pero no podemos permitir que ocurran más casos como estos», sentencian.