Alerta en Madrid: colapso en las perreras

«¿Quién quiere un animal así en su casa? Antes de esta normativa habrían sido sacrificados aquellos que tienen un comportamiento peligroso, los más mayores, los que presentan patologías difíciles y costosas, en resumen, todos para los que vivir encerrados durante mucho tiempo no les beneficia ni les da ninguna calidad de vida», explica Sofía Ochoa , adjunta al departamento de Servicios Veterinarios del CPAM. Sin embargo, considera que la eutanasia no es la solución, sino las campañas de educación sobre tenencia de animales domésticos. «La ley era necesaria, pero se ha llevado a cabo sin medidas previas para prevenir el abandono», sostiene la experta.

En el CPAM, el 70% de sus residentes de cuatro patas son perros potencialmente peligrosos (ppp). Algunos de ellos sin posibilidad de socializarse, pese a que tres adiestradores externos diariamente tratan de educarles. Los avisos ciudadanos de recogida callejera al año superan los 2.000 y, en paralelo, las adopciones han caído un 40% en 2017 respecto al año anterior.

«Viene gente para adoptar, pero ya no encuentra el perro que quiere llevarse a su casa», dice Ochoa mientras pasea por el pasillo de cheniles donde la raza American Standford y Pit-Bull , o los cruces de éstas, son las predominantes. La mayoría de los perros salta al paso de los intrusos, ladran con insistencia y dan vueltas sobre sí mismos incansablemente. «Son síntomas de estrés agudo», revela la profesional mientras introduce su mano en algunas de las jaulas para mimar a los más dóciles. Esquiva las de los letreros expresos: «No tocar. Perro peligroso».

La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam) quiere dar voz a este gran problema de salud pública y el inherente posible incremento de animales abandonados en la calle que se va a producir desde este verano. La ley, a su juicio, necesita mejoras. Por esta razón, el pasado 13 de junio presentaron en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, a través del diputado socialista Rafal Gómez Montoya –ex alcalde de Leganés–, un borrador para desarrollar el reglamento de la norma.

Para la Fapam resulta «imprescindible» que el Gobierno regional controle la cría de animales domésticos de los particulares, un pilar para evitar este colapso. «Hay superpoblación de perros y gatos y no hay personas ni espacios para mantenerlos. La forma de reducir la entrada en los centros es limitar su crianza, ya que podemos afirmar que está descontrolada y es un grave problema», considera Arancha Sanz , abogada de Fapam y de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP).

Las principales medidas que han elevado a la Comunidad de Madrid ya las incluían entre las 69 enmiendas que presentaron a la ley y no se tuvieron en cuenta. Entre ellas, generalizar la esterilización, no sólo a la adopción, y limitar la cría a una sola vez con un permiso y abonando una tasa.

«Hay centros municipales que ya han cerrado sus puertas por falta de espacio dejando a los animales desamparados en las calles; víctimas de infracciones graves o muy graves que deberían ser incautadas y siguen con el maltratador por no haber sitio para albergarlos; centros de recogida gestionados por empresas que están hacinando a los animales y generando situaciones de maltrato», describe Sanz.

El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena , a través del departamento de Madrid Salud, ya ha elaborado un informe alertando al Gobierno de Ángel Garrido sobre la presión de ingreso de animales que ya soportan los centros de acogida. «En el primer cuatrimestre de 2018 han ingresado un 27% menos de perros sobre el mismo periodo de 2017 y un 39% menos que respecto al primer cuatrimestre de 2016», refiere el documento.

Según las observaciones de la Corporación, «la propia ley no ha podido dotarse de herramientas eficaces que prevengan el fenómeno del abandono y por tanto no actúa sobre el origen del problema». Según Sanz, la letrada de la Fapam, todos los partidos de la Cámara regional (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos)reconocen que la ley de Protección Animal no funciona; «ahora falta la voluntad del Partido Popularpara enmendarla», comenta.