El alcalde de San Sebastián de los Reyes, del PSOE, a un paso del banquillo por prevaricación

El auto, fechado el pasado 5 de marzo, concluye que la decisión de Romero y Sánchez Arrieta, concejal de Ganemos Sanse –la marca municipal de Podemos– ya fuera del equipo de Gobierno , «se rodea de indicios» de delito . Así, no solo se levanta el archivo contra lo dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas, sino que además se procede a devolver el caso al juez instructor para que este acuerde la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento judicial. Si bien el escrito se centra en la presunta prevaricación, el querellante también acusa a los implicados de malversación de caudales públicos, usurpación de funciones e intrusismo y acoso laboral.

Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2015, cuando el concejal de Recursos Humanos firma un decreto provisional para la promoción del sargento. La querella, que señala a Romero en su condición de alcalde, considera que este nombramiento «ni obedecía a las supuestas razones de urgencia y necesidad que invoca, ni respetaba los procedimientos legales para la provisión del puesto». En segundo término, además, resaltaba el perjuicio para el resto de policías locales con mayor rango jerárquico.

Una vez que se tomó declaración a los acusados y se analizó el expediente administrativo y otras resoluciones, sin embargo, el Juzgado de Instrucción de Alcobendas acordó el sobreseimiento provisional de la denuncia, habida cuenta de que «no resultó suficientemente justificada» la perpetración del delito . El Ministerio Fiscal, que abogó por el archivo de la causa, también se opuso a la estimación del recurso que ha dado lugar a la inminente situación procesal del alcalde de San Sebastián de los Reyes.

No obstante, a pesar del archivo, el juez instructor sí llegó a considerar la actuación del regidor como «arbitraria» –como consta en el auto de la Audiencia Provincial–, al no encontrar razones de peso que justificasen la urgencia y necesidad para su nombramiento como jefe provisional.

Este elemento es lo que motiva la decisión de los magistrados para levantar el sobreseimiento, al atender que la denuncia destaca que se vulneraron los procedimientos ordinarios de provisión en el ámbito administrativo, que han de regirse por los principios de publicidad e igualdad de oportunidades. Por tanto, no se halla mejora en la prestación del servicio de la Policía en la localidad, un extremo que habría justificado la elección «a dedo» de Calvo por el cauce legal de la designación directa y no burlando los mecanismos para las vacantes.

La Audiencia, no obstante, insiste en que los indicios destacan al efecto de que «sean enjuiciados en un proceso contradictorio donde la prueba habrá de determinar hasta qué punto se cumplen los requisitos y elementos del delito». Es decir, que no valora el fondo, sino la necesidad de que se esclarezca en un juicio.

El futuro del PSOE en las próximas elecciones del 26-M está comprometido en parte por la situación de los alcaldes en sus grandes bastiones. Narciso Romero, en San Sebastián de los Reyes, y Javier Rodríguez, en Alcalá de Henares , se sentarán en el banquillo de los acusados por prevaricación administrativa. Aunque el código ético del partido obliga a dimitir en los casos de apertura de juicio oral por corrupción, desde la dirección han hecho verdaderos malabares para justificar la continuidad de Rodríguez, incluso cambiando de discurso en solo 24 horas. La última explicación, relativa al caso de Romero, es que la decisión de revocar el sobreseimiento «solo busca hacer daño» de cara a los comicios municipales. El mandato de la dirección afectará al regidor de «Sanse» cuando se pronuncie el Juzgado de Instrucción.

Pero hay más casos bajo la lupa. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández , está imputada por un delito contra el medio ambiente, por vertidos ilegales al Manzanares , de la misma forma que su homólogo en Coslada, Ángel Viveros , está investigado por un delito contra el patrimonio, al querer construir un centro comercial sobre un yacimiento neolítico. En su caso, además, el interventor municipal denunció «gastos black» en el pago de horas extras en el Ayuntamiento.