A juicio por prevaricación el alcalde socialista de Alcalá de Henares

Como informó ABC, Rodríguez fue denunciado por programar la sesión de presupuestos de 2016 por la vía de urgencia, de un día para otro y a sabiendas de que dos ediles de la oposición no podían acudir por encontrarse fuera de España. La querella, presentada por el PP, le acusaba de actuar de mala fe, habida cuenta de que convocó el pleno el 9 de junio para 24 horas después. Ese día, ni el portavoz del grupo popular, Víctor Chacón , ni la responsable del área de Economía, Emma Castelló , podían asistir. Chacón estaba de luna de miel y Castelló en una visita académica a la Universidad de Stanford (EE.UU). Ambos estaban disponibles solo tres días después.

Rodríguez fue llamado a declarar en calidad de investigado (antiguo imputado) para explicar las razones por las que el Pleno se convocó por la vía de urgencia, una fórmula que solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales. «Si la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente se hace por el mero interés del convocante u otra razón espuria, como el propósito de eludir la asistencia de algunos de los concejales (...) nos encontramos ante una resolución arbitraria susceptible de encaje en la tipicidad del artículo 404 del Código Penal (prevaricación)», especificó entonces la juez.

En el auto, fechado el pasado 8 de octubre, la magistrada transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento y supone el paso previo a la apertura del juicio oral. Para que Javier Rodríguez se siente finalmente en el banquillo de los acusados falta que una de las partes presente su escrito de acusación, para lo que disponen de un plazo de diez días . Así, tras desestimar el sobreseimiento de la causa (como pedía Rodriguez y el Ministerio Fiscal), la juez entiende que hay dos extremos que deben esclarecerse llegados al caso: si de verdad había urgencia y si el alcalde actuó con dolo. Es decir, si trató de eludir la presencia de los dos concejales con esta convocatoria de un día para otro.

La inminente apertura del juicio oral deja al regidor de Alcalá en una situación muy difícil. El código ético del PSOE obliga a dimitir a aquellos cargos públicos que se encuentren en esta situación procesal, con el añadido de que serán suspendidos de militancia. «Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido », dice en su artículo 5.2, en referencia a las actuaciones del partido en caso de implicación de sus miembros en procedimientos judiciales. Cabe recordar que Javier Rodríguez, precisamente, es el presidente del Comité de Ética del PSOE en la Comunidad de Madrid.

Este es el último escándalo político en el equipo de Gobierno de la ciudad complutense, formado por los socialistas y Somos Alcalá, la marca local de Podemos. A este hecho hay que sumar la imputación de cuatro ediles de Somos por entregar, presuntamente, subvenciones a colectivos afines . Todos los beneficiados contaban con algún miembro vinculado a la formación.