Los afectados por la subida del IBI en Arganda: «Es desproporcionada, confiscatoria y electoralista»

Con ocho trabajadores en plantilla, Aguilar tiene claro que el nuevo recibo les descuadrará las cuentas. «No sé si tendremos que ir a algún sistema de financiación, pedir un préstamo...», sostiene, sin entender lo desproporcionado de la medida. «Y no nos queda más remedio que pagar, porque si a ti te suben un producto tienes la opción de no comprarlo, pero esto no». Pese a todo, no sopesan marcharse de la localidad , ya que cambiar de instalaciones sería mucho más costoso. «Ahora bien, lo que sí entiendo es que cualquier empresa que se haya planteado venir aquí acabará en otro sitio», añade, al tiempo que recuerda las mejores condiciones que ofrecen los pueblos de alrededor.

Rubén Llorente es uno de los socios de Autoescuela Ronda, creada por su padre en la década de los 80. Con tres locales en Arganda -además de una nave en el polígono para llevar a cabo las prácticas- y un cuarto en Rivas-Vaciamadrid, los propietarios pasarán de pagar 2.880 a 6.949 euros . Al igual que la gran mayoría de afectados, fue la misiva enviada por el consistorio la que hizo saltar todas las alarmas. «Lo pusimos en manos de nuestros abogados, que a su vez se pusieron en contacto con los servicios jurídicos de Asearco», explica, convencido del carácter electoralista de la decisión.

La explicación, en palabras de Llorente, es simple: «Si en los inmuebles residenciales han aplicado una bajada del IBI, lo que yo entiendo es que a este gobierno solo le interesan los votos. ¿Aquí que pierden? ¿500 votos de empresas? Si por el otro lado pueden conseguir miles...».

Con 22 empleados y una flota de quince coches, siete motos, tres camiones y un autobús, Llorente cree que es difícil trasladar la base, pero en la misma línea que Aguilar, considera que la medida impedirá atraer nuevas inversiones al municipio argandeño. «Es algo totalmente confiscatorio», incide. Un revés que tratarán de afrontar sin la baja de ningún trabajador . «Esperamos que no se pierda ningún puesto, aunque nos ha pillado todo: la subida del combustible y de la electricidad, la inflación y el problema que arrastramos desde hace años con los examinadores».

José Antonio Somoza es el mayor accionista de Karpay, empresa líder de fabricación de etiquetas autoadhesivas. Cuentan en el polígono de Arganda con una parcela en régimen de alquiler de 3.000 metros cuadrados, donde acuden a diario 48 asalariados . Pero no siempre fue así. «Yo cuando empecé tenía tres empleados y un almacén en Vallecas de 160 metros», rememora. Al ser inquilinos, la subida del IBI no les afecta. «La propiedad pasará de pagar 5.000 y pico a más de 12.000 euros», relata, aunque sin cantar victoria. «Lo están recurriendo, pero si al final tienen que abonar esa cantidad, ya nos han comentado que repercutirá en el alquiler». El enfado en el envejecido polígono es mayúsculo.