El «largo asesinato» que marcó la derrota de ETA

Fue una ejecución fría, de una crueldad sin límites, alguno de cuyos detalles es mejor omitir 25 años después porque hieren la sensibilidad de cualquier ser humano. Miguel Ángel Blanco no pensó que fuera a ser asesinado cuando fue sacado de la bajera en la que lo habían mantenido secuestrado durante 48 horas. Txapote hizo dos disparos, como se ha dicho, porque quería asegurarse de la muerte del joven concejal. No tenía mucha confianza en el arma, porque ya había fallado antes en el intento de asesinato de un funcionario de prisiones protagonizado, entre otros, por Kepa Etxebarria.

Miguel Ángel Blanco fue abordado por los terroristas poco antes de las 15.30 horas del 10 de julio de 1997 junto a la estación de tren de Éibar, a solo tres kilómetros de Ermua. Licenciado en Ciencias Empresariales, se dirigía a ver a un cliente de su empresa y no se presentó a la cita. Apenas tres horas después, las Fuerzas de Seguridad, Policía, Guardia Civil y Ertzaintza, comenzaron una angustiosa búsqueda.

Desde el primer minuto las esperanzas de encontrarlo con vida fueron mínimas. ETA daba un plazo de 48 horas para que el Gobierno de José María Aznar reagrupara en el País Vasco a todos sus presos. Si no accedía a ello, la víctima sería asesinada. La banda sabía que el Ejecutivo no podía ceder al chantaje, así que aquello no fue técnicamente un «secuestro breve, sino de un largo asesinato», como lo ha definido en alguna ocasión el entonces secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos.

El despliegue de las Fuerzas de Seguridad fue el mayor del que se fue capaz pero algunos de los máximos responsables de aquel dispositivo consultados por ABC aseguran que «era imposible dar con su paradero como resultado de una investigación; la única posibilidad era que se produjera una casualidad, que alguien hubiera visto algo raro y lo comunicase o que los etarras fueran detectados en uno de los muchísimos controles de carretera que se activaron».

Las 48 horas se trabajó sin descanso, se activaron todos los confidentes y todas las escuchas, se pidió a Estados Unidos ayuda tecnológica y se agotaron todas las posibilidades que había para conseguir la liberación sin, por supuesto, ceder ante el chantaje terrorista, lo que hubiera sido suicida. «La operación de Ortega Lara había demostrado solo unos días antes que la vía policial era suficiente para acabar con ETA», insisten las fuentes consultadas, que aseguran que se adoptó la única decisión posible: no ceder.

Kepa Aulestia, en un artículo periodístico que escribió en El Correo sobre el asesinato a manos de ETA de Dolores González Catarain, Yoyes, perpetrado años antes que el del concejal vizcaíno, habló de que esa muerte «dejó sobre todo en evidencia la ingenuidad homicida en la que se arrebujaba buena parte de la sociedad vasca. La fe en la bonhomía de quienes empuñaban las armas invitaba a pensar que nunca harían tal o cual cosa»... Quizá el análisis también sea aplicable, al menos en parte, a este caso. Los que aún veían un sentido a ETA, incluido un sector del nacionalismo, nunca pensaron que la banda podía cometer una atrocidad de esa naturaleza.

Ni la banda terrorista, ni su brazo político, supieron calibrar la magnitud de la reacción social que se iba a producir. Las imágenes de los padres de Miguel Ángel Blanco, de su hermana Marimar, de su novia, provocaron un impacto sin precedentes. Se calcula en más de cinco millones las personas que se movilizaron esos días para pedir la libertad de la víctima, primero, y para mostrar su indignación por el asesinato, después. Dos hitos: horas antes del crimen Bilbao vivió la mayor manifestación de su historia, con más de medio millón de ciudadanos; tras el asesinato, en Madrid se vivió una situación parecida, con 1,5 millones de personas en la calle.

¿Qué actitud tuvo el nacionalismo ante esta salvajada? Probablemente, ya desde la primera tarde, cuando los vecinos de Ermua salieron a la calle en masa para pedir la libertad del concejal, este sector se dio cuenta de que aquella no iba a ser una víctima más, que habría un antes y un después. La liberación de Ortega Lara estaba aún muy presente, con esa terribles imágenes que hablaban muy a las claras de que en ETA no había atisbo de humanidad, y el secuestro reforzaba esa sensación.

Xabier Arzalluz, presidente del Partido Nacionalista Vasco, no quiso creer en un primer momento en la autoría de ETA –¿otra vez una ingenuidad homicida?– y llegó a especular con que era obra de los servicios de inteligencia. Egin, brazo mediático de la banda, tituló al día siguiente del asesinato: «El Gobierno no se movió y ETA disparó contra el edil del PP». En su editorial, se mostraba indignado por «el grado de insensibilidad de quien pone su ilegal estrategia, su burla constante a los derechos que corresponden a 600 ciudadanos vascos, por encima de la vida de sus compañeros».

Es decir; para los proetarras la responsabilidad estaba en el Gobierno por no respetar los derechos de los presos, mientras que lo único que pedía ETA era el cumplimiento de la legalidad. Por tanto, según el diabólico análisis, en sentido estricto no se podía hablar de extorsión al Ejecutivo.

El 16 de julio, cuatro días después del atroz crimen, Herri Batasuna, que había visto perder aquello que tenía más seguro, que era el control de la calle, volvió a la carga con un comunicado: «No nos alegramos ni por ésta ni por ninguna otra muerte», decía, para añadir: «No podemos olvidar la intransigencia y la cerrazón del Gobierno español que preside Aznar ante el clamor de la sociedad vasca que le exigía la repatriación de los presos y presas políticas vascas». Y acababan con una advertencia: «La estrategia de linchamiento y caza del militante o simpatizante abertzale que animan las fuerzas políticas y los medios de comunicación no va a solucionar el problema y sí supondrá, en cambio, un peligroso agravamiento del mismo»...

En una intervención en la Fundación Manuel Giménez Abad, Javier Zarzalejos reflexionaba sobre este asunto: «El Gobierno no negoció lo que ETA misma hacía innegociable. Puedo asegurar que no fue una decisión fácil. Pero en ella confluyeron la convicción de la firmeza con la que había que conducir la lucha antiterrorista y el ejemplo de una familia que comprendió lo que hacía el Gobierno y porqué lo hacía».

«Porque la alternativa –añadía el exsecretario general de Presidencia– no era o negociar con ETA o que ETA asesinara a Miguel Ángel. No había tal alternativa. ETA quería matar en todo caso a Miguel Ángel Blanco, y además, humillar al Gobierno para incapacitarle políticamente para el resto de la legislatura en lo que se refería a la lucha antiterrorista». El anuncio de cualquier negociación habría enviado a ETA el signo de debilidadque buscaba detectar en el Gobierno para, primero, asesinar a Miguel Ángel Blanco, y además explotar esa vulnerabilidad.

Un año después del asesinato el PNV pactaba con ETA/Batasuna en Estella. Por supuesto, porque percibía el espíritu de Ermua como una amenaza. «Pero también porque el Gobierno se negaba ya a cualquier 'toma de temperatura' de la banda, que tanto rédito daban al nacionalismo, y además sufrían el acoso de ese mundo, con la Ertzaintza como blanco principal de la kale borroka», analiza un mando policial de la época.