La Justicia amplía la investigación contra cinco exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Esta causa se abrió después de que la Audiencia Nacional admitiera en 2015 la denuncia de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregori o y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se juzgara no sólo a los autores materiales de este asesinato, sino también a los que lo decidieron y facilitaron.

En su auto de hoy, el juez Abascal ordena varias diligencias para esclarecer hasta qué punto los miembros del comité ejecutivo o 'zuba' de ETA en ese momento participaron en la decisión de asesinar a Ordóñez hace 27 años. Además de los dos mencionados, el magistrado apunta a otros tres: José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', Julián Achurra Egurola, también conocido como 'Pototo', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza'.

Todos ellos formaban parte de la cúpula de la banda tras ser desarticulada la anterior en la localidad francesa de Bidart en 1992. Para reponerse de ese golpe histórico, la nueva dirección etarra inició una oleada de atentados contra representantes de PP y PSOE para «desestabilizar al Estado y lograr una hipotética negociación» . Así lo explicaba ya la propia Audiencia Nacional cuando admitió la denuncia de Consuelo Ordóñez y así lo incluye Abascal en su auto de hoy.

También recuerda el juez que, mientras permaneció activa, la cúpula de ETA tutelaba todo lo que hacían sus comandos, hasta el punto de que «no hay nada que no controle» , ya que «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».

Abascal insta a la Guardia Civil a que localice y analice la documentación intervenida a etarras sobre las reuniones del comité ejecutivo de ETA «en fechas inmediatamente anteriores, simultáneas y posteriores» al asesinato de Gregorio Ordóñez para investigar quién acudió a ellas y qué asuntos se trataron, «con especial interés en posibles referencias a acciones contra políticos del Partido Popular», como la víctima de este caso.

También solicita información de los dispositivos informáticos incautados tras la detención de Mikel Antza en Francia, en poder ahora del Ministerio del Interior español, para buscar «datos, indicios o informaciones relacionadas con el asesinato» de Ordóñez. Y pide que se sumen a esta causa otros informes y sentencias de casos similares , como los asesinatos de los también concejales del PP Miguel Ángel Blanco y Alberto Jiménez-Becerril o el secuestro de Ortega Lara. En esos atentados también están implicados los citados excabecillas de ETA, cuya responsabilidad seguirá investigando la Audiencia Nacional.