El juez remonta la investigación contra Ábalos a 2014 para comprobar si su patrimonio se elevó tras conocer a Aldama

Leopoldo Puente asume como propio el error de los pesos colombianos en el informe patrimonial de la Guardia Civil pero le resta importancia

La intimidad de Ábalos, en el foco del Supremo

El exministro José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo EP

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por delitos de corrupción, ha dictado un auto este lunes en el que deja claro que la causa contra el político se remonta a enero de 2014 y ... no a la primavera de 2020.

Al inicio de la pandemia se firmaron los contratos públicos para traer material sanitario a España por 53 millones de euros con la empresa Soluciones de Gestión, representada por Víctor de Aldama, quien se investiga si pagó comisiones directas o indirectas tanto a Ábalos como a su entonces asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García.

Sin embargo, el instructor descarta que lo único que se aborde en la investigación sean dichos contratos de mascarillas -como Ábalos ha considerado que debería ser en distintos recursos- y confirma que la investigación se remonta a once años atrás.

«Resulta en todo preciso también extender estas pesquisas hasta varios años antes de que el Sr. Ábalos entrara en conocimiento y relación con el Sr. de Aldama, y con el propio Sr. García Izaguirre, tal como se interesa, -desde el día 1 de enero de 2014-, en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios significativos en las conductas o gestiones económicas del Sr. Ábalos Meco, en relación con la mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, prima facie, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente del Sr. de Aldama, tal y como éste sostiene con una razonable corroboración indiciaria que resulta de los extremos ya consignados», se puede leer en el auto, en el que el magistrado da validez a las afirmaciones de Aldama en relación con las diligencias ya practicadas en la causa.

El ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados ha recurrido la investigación que se sigue contra él en el Alto Tribunal por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias considerando, entre otras razones, que es prospectiva. También se queja de que la Guardia Civil recogió en el informe sobre su patrimonio inmuebles fuera de España (uno en Colombia y dos en Perú) que ya no están en su poder o no se han encontrado en las fuentes abiertas que citaron los agentes como las consultadas para elaborarlo.

"Fue el propio Sr. Ábalos Meco, -como con toda evidencia resulta de la grabación audiovisual de la declaración por él prestada-, quien consideró oportuno referirse a este terreno localizado en Perú, -ninguna alusión realizó al que aparece a su nombre en Colombia-, para explicar las razones por las que, según expuso, el suelo (y no la construcción erigida sobre él) se encontraba inscrito a su favor. Solo a partir de ese momento se le formularon preguntas posteriores con el objeto de concretar sus manifestaciones respecto de dicho inmueble", ha afirmado el magistrado.

En su resolución de 24 páginas consultada por ABC, el instructor descarta que la instrucción sea prospectiva y confirma que no sólo investiga si el político y su asesor favorecieron a la empresa del comisionista con los contratos del Covid, sino también la contratación de su expareja extramatrimonial, Jessica Rodríguez, en dos empresas públicas; los pagos del alquiler del piso donde ésta residió en la céntrica Plaza de España de Madrid que el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, costeó; el pago del alquiler de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) del que también se ocupó el entorno del comisionista y el contrato de compraventa de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que no llegó a sellarse pero reflejaba un precio menor al de los pisos de la misma zona.

Resta importancia a la equivocación de la UCO

Puente hace referencia también a un error de bulto de la Guardia Civil del citado informe patrimonial del que Ábalos se quejó y que el instructor asume como propio. Los agentes cifraron en 2,1 millones de euros el precio del terreno de Colombia que Ábalos tuvo hasta 2013 cuando en realidad no costaba ni 1.000 euros, porque se trataba de pesos colombianos y no de dólares, mientras los investigadores hicieron el cambio de dólares americanos a euros.

"Advertido el error solo queda, después de admitirlo, rectificarlo, explicar sus razones, y disculparse por ello. Admitido, rectificado y explicadas las razones que lo produjeron, sinceramente me disculpo también por ello. Pero destaco igualmente que es un error que carece, afortunadamente, de consecuencia alguna en esta causa", se puede leer en la resolución.

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