El juez rechaza el intento de Ábalos de anular su imputación en el caso Koldo

La resolución, notificada este martes, rebate que la Guardia Civil quebrase el secreto de las comunicaciones de Ábalos y su inmunidad parlamentaria por mirar dentro de un sobre que el hermano de su asesor Koldo García le llevó por carretera a Valencia, y lo hace a partir del propio oficio de la UCO que dejó constancia de aquella actuación.

«En modo alguno resulta que el sobre cuyo contenido fue fotografiado se encontrase cerrado y tampoco que el mismo estuviera nominalmente dirigido a don José Luis Ábalos Meco. Al contrario, se afirma por los agentes que se trataba de un sobre abierto y sin destinatario aparente que portaba en su vehículo el referido don Joseba García. Si así fuera, desde luego, no se trataría de correspondencia postal cuyo secreto protege el artículo 18.3 de la Constitución española», dice el magistrado.

En su opinión, «es evidente que Don José Luis Ábalos tiene todo el derecho a cuestionar esa información». «Incluso podrá también valorar la procedencia de interponer una denuncia si considera que los agentes pudieran haber incurrido en una conducta delictiva», razona el auto, para subrayar que incluso en esa «hipótesis no probada» de que se hubiese vulnerado el secreto de las comunicaciones, el hecho es que esos papeles «carecen de toda relevancia en la investigación» así que ante un «nulo rendimiento probatorio», no se requiere «ninguna declaración de nulidad», como sí se requeriría ante la obtención irregular de una prueba clave.

En cuanto a los indicios que le han llevado a pedir el suplicatorio al Congreso, medida que Ábalos contestaba porque consideraba insuficiente lo recabado hasta la fecha, para el instructor «no parece que pueda decirse, con razón, que el auto impugnado descansa en meras o simple sospechas, sin indicios bastantes, ni que adolece 'del rigor necesario'« y critica que el recurso «omite tomar en cuenta determinados datos» y «resta importancia a otros que sin embargo, parecen muy relevantes».

En este sentido, el instructor aprecia que «llama la atención que nada menos que tres inmuebles, vinculados al Sr. Ábalos de forma directa o indirecta, vengan siempre a presentar como denominador común la continua presencia« de empresario Víctor de Aldama, »beneficiado por las comisiones generadas por las adjudicaciones que entidades dependientes del Ministerio del que el Sr. Ábalos era titular«, los contratos de mascarillas.

«De todos los pisos existentes en Madrid, la pareja sentimental del Sr. Ábalos residía, precisamente, en uno, de lujo, cuya renta era abonada por un socio del Sr. Aldama y después por el asesor del entonces Ministro. De todos los chalets ubicados en la costa andaluza, precisamente el Sr. Ábalos vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una empresa vinculada entonces con el Sr. Aldama (a la que éste habría ofrecido que lo comprara, precisamente con el propósito, llevado efectivamente a término, de que después se arrendara la casa al Sr. Ábalos, con opción de compra)«, detalla.

«Y de todos los pisos que el Sr. Ábalos podría haber intentado adquirir en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda -prosigue el magistrado-, vino a concertar un contrato privado de alquiler, nuevamente con opción a compra y con un precio aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente, propiedad del Sr. Aldama».

En cuanto a los pagos en efectivo que el mismo comisionista afirma haber realizado tanto a Ábalos como a Koldo García, el magistrado concede que «no existe en este momento más indicio de la entrega de cantidades en metálico que las declaraciones prestadas« por Aldama y recuerda que también ha realizado afirmaciones similares sobre »otras personas vinculadas a la Administración« y se ha considerado »ese simple indicio, insuficiente« para cursar suplicatorio alguno. Cabe recordar que afirmó haber entregado 15.000 euros en un sobre al secretario de Organización del PSOE y diputado, Santos Cerdán.

«No se halla en el mismo caso el Sr. Ábalos Meco», dice la resolución. «No cabe duda de que sendas entidades dependientes del MITMA (concretamente Puertos del Estado y Adif) concertaron con una empresa, Soluciones de Gestión y Ayudas a las Empresas, S.L., cuyos intereses promovía el Sr. Aldama, sendos contratos de adquisición de equipos de protección individual (mascarillas), por un importe global significativo, ni tampoco de que el propio Sr. Aldama habría recibido, a cambio, así lo admite él mismo, una comisión cuantiosa (alrededor de cinco millones de euros)«, añade.

En la misma línea, recuerda que «también aparece acreditado» que Koldo García y Aldama «mantenían entre sí, antes y después de que se concertaran dichos contratos, una relación personal fluida, como también existen ciertos indicios de que el Sr. García podría haber experimentado determinados incrementos patrimoniales en dinero metálico que, conforme aseguró el Sr. Aldama, se repartiría después con el Sr. Ábalos«.

Frente a esto, «es evidente» que la condición de aforado de Ábalos «ha impedido» proceder a una investigación de su patrimonio «y no ha sido posible tampoco la adopción de medidas eventualmente limitativas de sus derechos fundamentales, por lo que los mencionados indicios respecto de la recepción de cantidades irregulares en metálico procedentes de Aldama sólo podrán confirmarse o ser descartados a partir de la concesión» del suplicatorio del Congreso «y como resultado de la posterior investigación».

En una providencia también con fecha de hoy, el instructor descarta investigar, como solicitó el diputado Ábalos, la filtración a los medios de comunicación de los vídeos de las declaraciones como investigados del empresario Víctor de Aldama y de su exasesor, Koldo García, así como la suya, insistiendo en que compareció voluntariamente en el Alto Tribunal.

El instructor lamenta que dichas filtraciones efectivamente se hayan producido, antes incluso de que la causa llegara al Tribunal Supremo, cuando en la Audiencia Nacional se abrió causa por presuntas mordidas de los contratos para traer material sanitario a España contra Koldo García, su hermano y su esposa, entre otros investigados. Aunque reconoce dichas filtraciones a medios, descarta su competencia para investigar los hechos e insta a Ábalos a dirigirse a los Juzgados de Madrid, que serían los competentes para investigarlo.

El magistrado Puente también aclara en la providencia que ha hecho todo lo posible para evitar que los vídeos de las declaraciones de investigados salieran del Tribunal. «Es evidente, no obstante, que la desgraciada filtración que se denuncia ha tenido lugar. No procede, creemos que esto se aceptará, de este órgano jurisdiccional. De hecho, se lamenta la parte de que dichas filtraciones se habrían venido ya produciendo de manera recurrente en la causa seguida ante el Juzgado Central de Instrucción, que dio lugar a la presente causa especial», afirma Puente.

«Muy al contrario, ha procurado este instructor, ciertamente sin éxito, adoptar las medidas legales a su alcance para impedir dichas eventuales filtraciones, al punto que, como la parte bien conoce, se retiraron a las personas presentes en la sala durante el curso de las referidas diligencias sus dispositivos móviles con la finalidad de evitar grabaciones subrepticias de lo que allí aconteciera», aclara.