El juez de Pegasus pide a Marlaska y Robles que aclaren cómo van a declarar

La resolución se dicta este miércoles después de que el Consejo de Ministros respondiese a la petición que elevó el juez en julio. Quería que se desclasificase la información que fuese necesaria para que Robles y Marlaska pudiesen testificar en la causa sin las limitaciones de las materias que son secretos oficiales. Es la barrera que se encontró cuando ante su Juzgado quien acudió como testigo fue la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.

Sin embargo, el Gobierno respondió al juzgado que nada había que desclasificar porque nada había secreto en este asunto. «En relación a los hechos investigados, los Informes realizados por el CNI no contienen elemento alguno que se encuentre clasificado ni como secreto ni como reservado, pues se trata de documentos cuyo contenido no compromete la seguridad del Estado, ni las fuentes, medios y procedimientos del Centro Nacional de inteligencia», decía el escrito del Consejo de Ministros.

Exponía que «esas mismas circunstancias concurren también en los informes» realizados por el CNI sobre el análisis del móvil de la ministra de Defensa y el del «móvil personal» del titular de Interior, que fue el dispositivo que sufrió la infección con ese software malicioso.

Así las cosas, Calama tiene vía libre para tomar declaración a los dos ministros como testigos, si bien antes de citarle quiere que especifiquen de qué manera desean comparecer. ya que como miembros del Gobierno pueden elegir enviar una respuesta escrita, que es lo que hizo el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, ó acudir como cualquier otro ciudadano en persona o por videoconferencia. Esta modalidad permite al juez más flexibilidad, pues cabe la repregunta. Concede a ambos ministros un plazo de cinco días para comunicar la modalidad que han elegido y a partir de ahí, fijar una fecha para las testificales.

En paralelo, el juez, en aras de «un impulso procesal», vuelve a comunicarse con Israel para recordar a sus autoridades que hace ya varios meses que envió una comisión rogatoria solicitando su cooperación judicial para, entre otras diligencias, tomar declaración al consejero delegado de NSO Group, la empresa fabricante del software Pegasus. La Audiencia Nacional no ha recibido respuesta.