El juez impide a los Franco llevarse los bienes del Pazo de Meirás

Los Servicios Jurídicos del Estado se dirigieron a los juzgados madrileños por ser la ciudad en la que residen los herederos, contra quienes se dirige esta reclamación que aspira a acceder a muebles, documentos y legajos que, a su entender, no les pertenecen.

De esta manera solicitaban como medida cautelar, que se ordenara mantener todos los bienes dentro del Pazo y en depósito de la Administración hasta que se decidiera en sentencia a quién corresponde la propiedad, algo «esencial para garantizar la conservación y protección» de los mismos, así como su «integridad».

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José Luis Jiménez

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Ahora el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia nº 70 de Madrid les da la razón y ha ordenado que los bienes identificados en la demanda, y que se encuentran ubicados en el interior del Pazo de Meirás, queden en depósito y bajo custodia del Estado hasta que se ponga fin al pleito.

«Es una medida proporcionada, que no genera importantes perjuicios para los demandados, pues el depósito de los bienes tan solo supone una imposibilidad de disposición de los mismos de forma temporal«, se puede leer en el auto.

«De hecho, el aspecto conservativo de gran trascendencia en el depósito que se acuerda, más que perjuicios, supone una ventaja patrimonial para los demandados, quienes no tienen que realizar los oportunos dispendios para tal fin», razona el magistrado.

En concreto, el Estado reclama un conjunto de bienes que sería de Patrimonio Nacional, otro que pertenecería al Patrimonio Documental Español y un tercer grupo con «bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del Jefe del Estado y que, además, forman parte del Patrimonio Histórico Español por su interés histórico y también artístico».

En este sentido, la demanda presentada por la Abogacía del Estado destacaba aquellos bienes ligados a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán que seguirían a disposición de los herederos de Francisco Franco, como también los que están ligados a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura en el Pazo.

Es por ello que el juez asegura que «la especial naturaleza de esos bienes, exige, desde un prisma legal y constitucional, el despliegue de una medida protectora de los mismos«.

El litigio en torno a la propiedad del Pazo de Meirás y cuanto contiene, dura ya varios años, especialmente por la consideración de lo que son bienes inmuebles y los que no, en un inventario de cerca de 700 piezas.

En abril del año pasado, la Audiencia Provincial fijó ya que «el concepto de inmueble por incorporación nunca podría extenderse a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros». Esto provocó la reacción de la Abogacía del Estado, que junto a la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Coruña y Sada, reclamó toda una batería de bienes que constituían parte esencial del complejo, desde los enseres decorativos de piedra hasta las vidrieras.

Este julio, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coruña resolvió que una quinta parte de los bienes del Pazo de Meirás, unos 132, no podrán ser retirados por los Franco a pesar de que no se cuestiona que son de su propiedad. El motivo, que esos bienes han pasado a ser 'inmuebles' por incorporación o destino, una figura que reconoce el Código Civil.