El juez descarta que Monedero falsificase una factura y le exonera del caso Neurona

En un auto al que tuvo acceso ABC, el instructor archiva así las actuaciones contra Monedero, que fue imputado en febrero de 2021 después de que uno de los extrabajadores de Podemos cuya denuncia desencadenó el conocido como caso Neurona, señalase que pudo llevarse comisión por intermediar para que la coalición electoral contase con esa consultora mexicana de cara a los comicios.

Tras comprobar las cuentas, la Policía encontró transferencias vinculadas a esa sociedad y puso en duda la justificación de los ingresos que él aportó, unos trabajos de 300 horas de consultoría en Buenos Aires, México y Colombia, porque las facturas contenían irregularidades que hacían sospechar de su autenticidad. El letrado de Monedero, Antonio Segura, como él en sede judicial, argumentaron que pudo haber cometido «errores» al componer los documentos porque no es un experto en facturación.

Con estas mimbres, eran clave los correos electrónicos que Monedero había intercambiado con uno de los socios de Neurona Consulting, el que le había encargado los trabajos y con el que cerró los flecos de la facturación. También fueron puestos en duda hasta que el pasado febrero la Policía acreditó que eran veraces y no habían sufrido ningún tipo de manipulación.

«De la autenticidad de dichos correos cabe inferir en primer lugar la autenticidad de la factura elaborada por Juan Carlos Monedero en fecha 30 de diciembre de 2.018, en cuanto a los conceptos a los que va referida dicha factura, y en segundo lugar que la transferencia de dinero recibida el día 25 de enero de 2.019 se correspondía con el pago de servicios de consultoría realizados durante el año 2.018 a dicha sociedad», dice ahora el instructor, que saca así a Monedero de la ecuación con un sobreseimiento provisional.

Concluye que «no existen indicios de que Juan Carlos Monedero intermediara ni tuviera participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2.019 con la mercantil Neurona Comunidad», la sociedad que fundó en España esa consultora mexicana, «ni por tanto con el trabajo de consultoría electoral llevada a efecto en base a dicho contrato por Neurona», que es lo que se viene investigando.

Por otro lado, y atendiendo a una petición de la acusación que ejerce Prolege y de la propia representación de Podemos, el juez ha apartado al partido de la causa. La formación constaba como imputada desde que al inicio, solicitó acceder a la investigación, en un movimiento que el instructor justificó en términos de garantía procesal.

Entendía que era la única condición que podía darle a la persona jurídica habida cuenta de que estaba investigando un posible delito electoral, bajo la sospecha, apuntada también en el Tribunal de Cuentas, de un desvío de fondos a la mencionada consultora mexicana: 363.000 euros que no fueron correctamente justificados como gasto electoral.

Ahora, en otro auto al que tuvo acceso ABC, Escalonilla expone que «ceñida actualmente la instrucción de la causa a la presunta comisión de un delito electoral, delito respecto del cual no está prevista la posible responsabilidad penal de dicho partido político, procede acceder a la solicitud» y permitir que Podemos se aparte del procedimiento.

Este es el primer paso significativo que da el juez en el caso Neurona desde hace más de seis meses, con el procedimiento atascado por la diligencia que acordó practicar: contrastado que la consultoría realizó trabajos para Unidas Podemos en aquella campaña electoral, ordenó una pericial que estimase el precio de mercado de esos trabajos para intentar averiguar si se habían inflado en pro de un desvío de dinero.

Tras la renuncia de varios de los peritos encargados, finalmente uno se presentó voluntario en noviembre de 2022 y asumió el trabajo, pero hasta el pasado mes de julio no se aceptó que se le encomendase la tarea, así que sus conclusiones siguen por llegar, según la documentación de la causa consultada por este diario.

De hecho, se ha ampliado el encargo a petición de dos de los investigados, Juan Manuel del Olmo, que era el responsable de aquella campaña y Daniel de Frutos, tesorero de Unidas Podemos, para que no sólo evalúe los vídeos sino toda la colaboración que prestaron los trabajadores de Neurona Consulting a la coalición electoral. El pasado 5 de septiembre, la Fiscalía apoyó esta petición.

Es la única diligencia que falta por practicar y con esa perspectiva, la fiscal se había opuesto al sobreseimiento del caso que habían pedido otros de los investigados, en la confianza de que quedase poco ya para las conclusiones definitivas de toda la causa. El pasado 6 de septiembre, el juez dictó un auto en el que rechazaba archivar el caso Neurona precisamente, por la pendencia de esa pericial.

Respondía a una nueva petición de Podemos, que viene defendiendo la libertad de contratación y de fijación de precios en las negociaciones comerciales como las que la coalición electoral mantuvo con la consultora mexicana. Para el juez, se «habrá de estar al resultado de la pericial que se practique, y en su caso valorar la posible disfunción existente respecto del precio pagado, debiéndose entender la posible comisión de dicho delito en supuesto de que el precio abonado resulte excesivo, no real y no concorde con los servicios realmente prestados, y no en el supuesto de mínimas divergencias en su importe».

Cabe recordar que el procedimiento se desencadenó por la denuncia de un abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que fue despedido tras la denuncia de una compañera por acoso sexual. En su escrito, relataba toda una batería de supuestas irregularidades en el seno de la formación que motivaron la apertura de distintas líneas de investigación separadas: desde la usurpación del ordenador de otra letrada hasta unas costas judiciales que habría cobrado Pablo Iglesias correspondiendo al partido, pasando por un desvío de fondos a la caja de solidaridad a la que estaban obligados a contribuir todos los cargos públicos con parte de su sueldo. Todas han sido archivadas.