El juez advierte a Podemos de que inflar el precio de consultoría también sería delito

El auto, al que tuvo acceso ABC, señala en concreto que el delito electoral por el que está siendo investigado el partido como persona jurídica «se puede cometer igualmente cuando los fondos electorales son utilizados para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real con la finalidad de distraer parte del numerario existente en las cuentas electorales a un fin distinto al servicio que se retribuye, ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo».

En su recurso, Podemos discrepaba de la prórroga del plazo de instrucción acordada el pasado mes de julio así como de la diligencia reseñada por el juez como pendiente: una pericial sobre el coste real de los vídeos y materiales aportados por el partido y que habría realizado Neurona para la campaña de 2019, cuando la coalición Unidas Podemos pagó 363.000 euros que no pasaron el filtro del Tribunal de Cuentas.

En aquel escrito, el partido se comparaba con el PP y los servicios de consultoría extranjeros que según se publicó en su día, había contratado para una de sus campañas. Amagaba con solicitar que se requiriera a los de Pablo Casado que aportasen toda la documentación de aquellas consultorías para contrastar que Neurona no sólo no era caro, sino que además, tenía un precio muy competitivo.

El juez corta esta línea de raíz al dejar por escrito que «las alegaciones relativas a la contratación de consultoras extranjeras por parte de otros partidos políticos y el precio abonado a las mismas resulta ajeno propiamente al objeto del informe pericial que se pudiera tener que emitir, que ha de ceñirse a los servicios realmente llevados a efecto por los trabajadores de Neurona Consulting».

Para llegar a ese informe pericial sobre la calidad precio, «si es que se llega a ello», el instructor no obstante ha marcado un itinerario. En primer lugar, tiene que recibir y estudiar unos informes encargados a la Unidad de Ciberdelincuencia sobre el volcado de una serie de vídeos que estaban en el teléfono móvil de una testigo.

«De acreditarse en base a dichos dos informes que fueron trabajadores de Neurona quienes realizaron dichos vídeos, resulta necesaria la práctica de una diligencia de investigación consistente en la emisión de un informe pericial sobre el precio de realización de dichos vídeos y diseños, en atención a su cantidad y calidad, de cara a la investigación del delito electoral objeto de la presente causa», aclara otro de los autos consultados por ABC.