El juez aleja la posibilidad de que la Fiscalía Europea se quede el caso Cerdán

ABC publicó que las adjudicaciones del Ministerio de Transportes abordadas se financiaron con más de 400 millones de la Unión Europea. Hoy, el instructor ha afirmado que hasta el momento no consta que ninguna de las obras haya «comprometido» fondos comunitarios, «aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad».

En todo caso, lo importante para el magistrado de la Sala Segunda es que en este momento no hay indicio alguno de que se haya producido un «perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza». Y ese es el argumento jurídico con el que el juez del Alto Tribunal avanza que no existen razones para que la Fiscalía Europea pueda reclamar la investigación, puesto que la función del organismo independiente del Ministerio Público es investigar los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.

Sigue la línea que hasta ahora ha mantenido el Supremo, que ya descartó que la Audiencia Nacional perdiera la investigación de los contratos de mascarillas del caso Koldo por los que también están investigados José Luis Ábalos y el empresario y comisionista Víctor de Aldama porque estuvieran financiados con fondos europeos.

Puente ha restado importancia, en una providencia consultada por ABC, a la procedencia de los fondos y afirmó que «no está indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza».

El juez quiere mantener la competencia de la causa y sostiene -con los mismos argumentos que esgrimió la Sala Segunda para mantener a la Audiencia Nacional al frente del caso Koldo en julio- que el mero hecho de la existencia de fondos comunitarios no es motivo suficiente para que la Fiscalía Europea se quede con la instrucción, sino que tiene que demostrarse que hubo una afectación o perjuicio para dichos fondos. El magistrado ha explicado en su resolución que lo que se investiga es si dichos contratos se adjudicaron a los empresarios, también investigados, porque ellos entregaron un dinero como contrapartida a Cerdán y Ábalos. De hecho, ninguno de ellos está investigado por malversación (delito que implica una afectación a fondos públicos), sino por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

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En la solicitud de información de información al juez que hizo hace unas semanas, la Fiscalía Europea trasladó que quiere verificar si los expedientes de obra investigados coinciden con una denuncia realizada ante dicha Fiscalía por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y poder evaluar su posible competencia para reclamar la instrucción de la causa en caso de estar en su ámbito de actuación.

Ahora, el instructor recuerda que el 23 de septiembre dividió la investigación que se sigue contra José Luis Ábalos (por su aforamiento) en dos piezas. Una, que ya está muy avanzada, que se centra en los movimientos económicos del exministro y su asesor -incluido el sueldo en la empresa pública Tragsa de la expareja del primero, Jésica Rodríguez- de origen desconocido, para tratar de averiguar de dónde procedía el dinero con el que se sufragaron.

En la segunda, que es incipiente, se rastrean distintas adjudicaciones de obra de Transportes para despejar si se entregaron a las compañías Levantina, Ingeniería de Construcción (LIC); Obras Públicas y Regadíos (OPR), Acciona Construcción y Servinabar porque sus dueños entregaron comisiones ilegales a cambio a Cerdán y Ábalos.

Ésta última es en la que, según comprobó este periódico, existen contratos sufragados con fondos comunitarios. El juez concluye que «hasta el momento presente no consta en esta causa especial que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad» y que, en cualquier caso, aunque alguna de las obras pudiese haber comprometido fondos de esa procedencia, el objeto de la causa es la posible existencia de una organización criminal en España gracias a cuya existencia se habría producido la corrupción en los contratos de las adjudicaciones, con independencia de los fondos empleados en ellas, lo que «en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental».

Según la documentación revisada por este diario, de los seis expedientes de contratación pública que se investigan en la causa, al menos tres son financiados con fondos de la Unión Europea. Suman 401,3 millones de euros y son de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes.

El primero de ellos, de Adif Alta Velocidad y adjudicado en enero de 2019 a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de Ferrovial y Acciona por 146,6 millones de euros, impuestos incluidos, consistió en las obras de construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería, en concreto el tramo Pulpí-Vera. El segundo, de mayo de 2019 y adjudicado a la misma UTE, asciende a 192,1 millones de euros. Se trata de las obras de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia, la línea de alta velocidad que une Madrid con Levante. El tercero, que sumó 62,6 millones de euros para Acciona, fueron las obras para la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y se adjudicó en noviembre del mismo año. Los tres corresponden a la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

El juez envió a Santos Cerdán a prisión preventiva por si puede destruir o alterar pruebas relativas al amaño de dichos contratos, según solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

La Guardia Civil todavía rastrea todos los pasos administrativos que se siguieron en las adjudicaciones que fueron señaladas como sospechosas de ilegalidad por el comisionista Víctor de Aldama. Con la información que recabe, entregará un informe al juez.