Desde los jueces hasta los inspectores de trabajo: varios colectivos se posicionan contra el acuerdo PSOE-Junts

Tal y como ha publicado ABC, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social rechaza de forma «frontal y absoluta» el acuerdo alcanzado al considerar que «vulnera la legalidad vigente y supone la suptura del régimen constitucional actual».

«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, principios todos ellos vulnerados por los actuales acuerdos presentados», expresan en un comunicado.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que muestra su «preocupación» por el contenido del acuerdo. Así recuerdan que la conformación de mayorías parlamentarias «ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional». También que la separación de poderes y sus mecanismos de control y contrapesos, «imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional».

Consideran que el uso del término 'lawfare' (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los juzgados y tribunales «no tiene cabida» en un Estado democrático. «En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional». Y añaden que la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que «debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados» por lo que llaman a la responsabilidad.

Por su parte, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, mayoritario en el cuerpo, advierte del «serio peligro» que corren «el principio de legalidad, seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles». En un comunicado, los LAJ señalan que España «no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes ejecutivo y judicial están sometidos al legislativo«. Por el contrario, apunta, es una democracia parlamentaria presidida por la división de poderes.

De esta forma manifestan públicamente «la misma inquietud y el respaldo» al comunicado publicado este jueves por todas las asociaciones judiciales y fiscales, y «exigen» respeto al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general.

Pérez-Llorca, uno de los despachos de abogados más importante de nuestro país con delegaciones en Nueva York, Singapur, Londres, Bruselas y, para 2024, en Lisboa, ha revelado su firme oposición ante las medidas contenidas en el acuerdo entre ambos grupos para conseguir la investidura de Pedro Sánchez, siendo el primer bufete de abogados en expresar públicamente su desacuerdo.

La firma que preside Fernando Vives, el bufete de abogacía Garrigues, ha sido el segundo despacho en sumarse al desacuerdo con un comunicado en el que resalta su «disconformidad con toda injerencia, desde cualquier posición política o ideológica, en la actividad de los jueces y magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, están únicamente sometidos al imperio de la ley».

En una situación muy poco frecuente, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente se unieron este jueves para denunciar «las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias» que recoge el texto del acuerdo.

«Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», dice el comunicado conjunto.

Por su parte, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente y la Unión Progresista se han posicionado contra el pacto por «inadmisible». La mayoritaria Asociación de Fiscales ha mostrado «su más firme oposición» a la creación de comisiones de investigación para escudriñar la actuación de los jueces, «un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho».

«Es inadmisible -dicen- la utilización del término «guerra judicial» (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente». «Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes», dice la Unión Progresista de Fiscales.

El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) este viernes ha mostrado «su enorme preocupación por los efectos negativos que la actual situación política puede causar a los negocios», refiriéndose al caso concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid.

«Por este motivo, los Gestores Administrativos de Madrid pedimos que se mantenga los principios de igualdad y solidaridad fiscal entre todos los españoles», reclaman en el texto afirmando que la separación de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- es esencial para asegurar la legitimidad de las decisiones políticas que se adoptan en un Estado de Derecho. «Además, es el instrumento para la convivencia social que garantiza la seguridad jurídica y económica para negocios e inversores», añaden.

Los presidentes de ATA y de Cepyme, Lorenzo Amor y Gerardo Cuerva, han mostrado este viernes su rechazo a los acuerdos por entender que generan «inseguridad jurídica», en tanto que «borra delitos» y supone «un ataque a la separación de poderes», propiciando con ello una «alta incertidumbre» que «daña» al tejido empresarial.

Además, ante la inquietud que arroja el acuerdo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado para el próximo lunes «un comité ejecutivo extraordinario y de urgencia para abordar la situación de España».

Los últimos en sumarse a las críticas han sido diplomáticos retirados, que muestran en un manifiesto su «preocupación e indignación» por la deriva de la política española, de la que culpan directamente a Sánchez, «una persona que, con tal de continuar en el poder, está pactando con los enemigos de la Nación y se muestra dispuesto a hacerles inimaginables concesiones a costa de España y de los españoles».

Más de 60 diplomáticos ya fuera de la vida activa avisan del «alto grado de desprestigio» al que denunciando que el Gobierno ha situado a España «con su disparatada política exterior, que la han convertido en el hazmerreír de Europa». «Según Tarradellas, lo único que no podía hacer un político era el ridículo, y Sánchez lo está haciendo con creces», denuncian evocando al que fuera presidente de Cataluña.

También se han pronunciado los miembros del ADE (Asociación de Diplomáticos Españoles), aludiendo a diferentes puntos en los que muestran su «preocupación» por entender que la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas invade competencias del Estado. Este es el comunicado compartido:

Cinco asociaciones profesionales de la Guardia Civil han suscrito un comunicado conjunto en el que expresan su «rechazo» al pacto por la previsión de una ley de amnistía y la creación de comisiones de investigación para analizar una persecución política del independentismo en los tribunales ('lawfare') que da por hecha.

Para las asociaciones firmantes, se trata de «un ataque a la flotación de la independencia judicial» porque «quebranta la separación de poderes, pilar básico de un Estado de derecho». Forman parte de este comunicado la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC) la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Jucil, la Unión de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos y parte de la premisa de que el decálogo del Instituto Armado recoge expresamente el deber de «defender España guardando y haciendo guardar la Constitución».