Letrados de la Administración de Justicia advierten: «El Estado de derecho está en peligro»

En un comunicado, los LAJ señalan que España «no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes ejecutivo y judicial están sometidos al legislativo«. Por el contrario, apunta, es una democracia parlamentaria presidida por la división de poderes.

A su juicio este acuerdo, que se produce en un contexto de «sucesiva erosión» de la confianza en el Tribunal Constitucional, en el CGPJ, o en los Tribunales de Justicia, «compromete a quienes ejercen el tercer poder del Estado, el que, precisamente, debe ser el encargado de la salvaguarda de los principios que ahora se ven limitados, cuestionando nuevamente su independencia con veladas amenazas«.

«El compromiso con estos principios, junto al de la indisoluble unidad de la Nación española del artículo 2 (de la Constitución), o el avance hacia una diferente organización del Estado, pone de manifiesto que se está asumiendo una reforma constitucional encubierta, sin usar la vía que viene establecida en los artículos 166 y siguientes de la Constitución«, avisan.

De esta forma manifestan públicamente «la misma inquietud y el respaldo» al comunicado publicado ayer por todas las asociaciones judiciales y fiscales, y «exigen»respeto al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general.

Por su parte, Jueces Decanos de España ha mostrado «su rechazo» al acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con «las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias». A su juicio, esto podría suponer, en la práctica, «una revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirman.

También el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se ha rebelado contra el acuerdo. La Junta de Gobierno del órgano aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que muestra su «preocupación» por su contenido. Así recuerdan que la conformación de mayorías parlamentarias «ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional». También que la separación de poderes y sus mecanismos de control y contrapesos, «imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional».

Considera el ICAM que el uso del término 'lawfare' (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los juzgados y tribunales «no tiene cabida» en un Estado democrático. «En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional«. Añade el Colegio que la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que »debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados« por lo que llaman a la responsabilidad.

Asimismo, recuerdan que la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea «rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos» por lo que sus principios deben ser defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.

Por último, el ICAM anuncia que ejercitará «cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes».