La Abogacía del Estado, «el reino del terror»

El varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al intento de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comin de ser reconocidos como eurodiputados a pesar de no recoger el acta en España (como dicta la ley) ha devuelto a la actualidad el papel que jugó en todo este asunto la Abogacía del Estado, y pone de nuevo el foco sobre una institución que hasta esta etapa de nuestra democracia había pasado inadvertida ante los ojos de la opinión pública. Como desveló ayer ABC, la decisión de los servicios jurídicos del Estado de no actuar entonces frente a los intentos de Puigdemont fue una «orden directa de La Moncloa». Lo aseguran a ABC desde Bruselas, y lo confirman «al cien por cien» desde la Abogacía del Estado, institución que desde el pasado 19 de junio de 2024 dirige David Vilas tras seis años con Consuelo Castro al mando. Fue ella quien tomó la decisión, cumpliendo órdenes de La Moncloa, de no recurrir la decisión del entonces presidente del Parlamento Europeo David Sassoli de entregar el acta a los fugados sin esperar a la decsión judicial: la consecuencia es que han tenido un buen sueldo durante más de cuatro años, han gozado de inmunidad y, lo más grave, han participado de una institución que condiciona la vida de 400 millones de europeos. ¿Qué clase de responsabilidad tiene en esto la inacción del Gobierno español? Por cierto, Sassoli era socialista, cuestión que no es baladí dado que entonces el Gobierno de Sánchez ya estaba empezando a «hacer manitas», como dicen con sorna desde Bruselas, con los independentistas.

En la Abogacía del Estado no todos los asuntos llegan a la cúspide, depende de la naturaleza del mismo. «Si es un asunto ordinario, hay una serie de subdirectores que toman la decisión. En un tema de este tipo, sin ninguna duda lo toma el abogado general del Estado, que entonces era Consuelo Castro, y ella consultó seguro a La Moncloa», explican desde dentro a ABC. Es el Ejecutivo quien decide. «El Gobierno en cuestión para defender su ley nacional tiene sesenta días para presentar recurso ante el TJUE, y el Gobierno dio orden a la Abogacía del Estado de no presentar recurso y de permitir que estos señores tuviesen el acta y gozasen de los derechos adjuntos a la misma en una actuación fraudulenta de Sassoli», explica a ABC Adrián Vázquez, el eurodiputado protagonista en esta batalla para establecer el antecedente de que si no se cumplen las leyes nacionales no se puede recoger el acta de eurodiputado: él durante años y, ahora, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que está mostrando una actitud valiente y ejecutiva. Al final, la Justicia ha colocado las cosas en su sitio, pero ha dejado en evidencia a los socialistas europeos, al Gobierno de España y al objeto de este artículo: la Abogacía del Estado. Allí aseguran que «cuando quien está al otro lado presionando es el mismísimo presidente del Gobierno o el ministro de la Presidencia, ¿qué capacidad de resistencia tiene el abogado general? Que fue Moncloa te lo digo con una seguridad del cien por cien».

En los últimos meses el abogado general ha tomado dos decisiones controvertidas: la primera fue asumir y presentar la querella por prevaricación del presidente del Gobierno contra el juez Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez: la abogada firmante es Zaida Fernández, que no es la primera vez que asume una causa conflictiva que interesa al Gobierno.

La segunda decisión controvertida de la Abogacía se ha producido esta semana –como nos preguntábamos irónicamente hace siete días–, cuando ha pedido apartar al magistrado Mario Macías del debate sobre la amnistía en el Tribunal Constitucional. Para el Gobierno no es suficiente con que lo intente la Fiscalía General del Estado, como así ha sido, también tiene que manchar a la Abogacía en un asunto interno del Constitucional.

«Estamos en el máximo de colonización de la Abogacía del Estado, esto es el reino del terror», explican a ABC desde dentro, impresionados por el efecto que la intromisión del Gobierno está teniendo en su día a día. El primer cese fue el de Edmundo Bal, una decisión tomada por Consuelo Castro con el aval de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado. En aquel momento, Bal era el abogado del Estado encargado del caso del 'procés'. «Eso creó un clima de terror: si cesan a éste, ¿qué van a hacer conmigo? Yo tengo que pagar la hipoteca y el colegio de mis hijos...», añaden.

Otro alto funcionario de la institución asegura a ABC que ha «asistido a varias reuniones en las que no abría la boca nadie a pesar de los disparates que se estaban diciendo. Todo el mundo callado y mirando para abajo. Disparates en cuestiones organizativas, ni siquiera en temas de alto calado político. Antes, en la Abogacía del Estado se hablaba, ahora reina el terror».

En el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo, cuando España entera debatía sobre aquello, los cuatro fiscales mantuvieron su criterio inicial, que era el mismo que había explicitado públicamente Pedro Sánchez: rebelión. Pero el presidente del Ejecutivo empezó a virar y la entonces responsable penal de la Abogacía Estado, Rosa Seoane, apostó por sedición, como finalmente dictaminó el Tribunal Supremo. Seaone trabaja hoy en la empresa privada, en concreto en el despacho de José Ángel González Franco, y su sustituta ha sido, precisamente, Zaida Fernández. Por cierto, ese bufete también fichó a Javier Melero, destacado penalista que defendió a independentistas en el juicio del 'procés'. «La gente con experiencia se va, y muchos advenedizos, jóvenes, muy pelotas, aprovechan para ascender a puestazos», lamenta ese alto funcionario que observa cómo se descapitaliza una institución clave para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.

La Abogacía del Estado es una institución que no suele estar tan expuesta a la opinión pública, no al menos tanto como la Fiscalía General del Estado. Por eso esta etapa es probablemente la más conflictiva de su historia reciente, y con un agravante que se comenta dentro: «En los últimos años todo ha ido a peor, y aquí molesta mucho que se nos diga que somos la Abogacía General del Gobierno». Pues eso.