Sánchez ordenó al Abogado del Estado no recurrir el acta de Puigdemont

Como consecuencia de la decisión de Sassoli, hoy fallecido, Puigdemont y sus dos compañeros de filas pudieron ejercer como eurodiputados durante todo ese tiempo y gozar de las prerrogativas propias del cargo. De primeras dos que son fáciles de comprender: durante más de cincuenta meses han estado cobrando un salario público que no les correspondía y, además, han disfrutado de una inmunidad parlamentaria que rompe el principio de igualdad de los ciudadanos. Pero, además, hay una tercera cuestión que tiene una mayor trascendencia política: con su actividad parlamentaria y sus votos han influenciado en decisiones que han afectado a 400 millones de europeos, lo que ha podido desvirtuar los resultados parlamentarios.

La decisión de Sassoli llegó después de que su antecesor en el cargo, el presidente en funciones del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, negara tal posibilidad a los tres prófugos independentistas, decisión que Puigdemont recurrió ante el Tribunal de Justicia de la unión Europea (UE), con sede en Luxemburgo. Fue ese recurso el que se resolvió ayer, dando la razón a Tajani y confirmando que Sassoli cometió un fraude de ley.

Según fuentes del Parlamento Europeo, «cuando se le entrega el acta a un eurodiputado, por el hecho de facto de recibir el acta y los derechos adjuntos al mismo, el Gobierno en cuestión dispone para defender su ley nacional de 60 días para presentar un recurso ante el TJUE». Sin embargo, la Abogacía del Estado decidió inhibirse y no recurrir la decisión de Sassoli. El contexto político en ese momento era el inicio del acercamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el independentismo. Según confirman a este periódico fuentes internas de la Abogacía del Estado, «fue una orden directa de La Moncloa». Y añaden: «Ellos sabrán por qué».

«El Gobierno dio orden a la Abogacía del Estado de no presentar recurso y permitir que estos señores tuviesen el acta y gozasen de los derechos adjuntos a la misma en una absoluta situación fraudulenta que propició el socialista Sassoli», recuerdan desde el Europarlamento.

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, explicó a ABC que la decisión del TJUE «representa la victoria del Estado de derecho sobre los que actúan fuera de la Ley, y confirma que el entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, tenía razón cuando les negó las actas; la actual presidenta, Roberta Metsola, tenía razón cuando mantuvo ese criterio; y el PP tenía razón cuando denunció la ilegalidad: no puede ser eurodiputado el que no acata la Constitución». En su opinión, esta era «la única decisión razonable para dos fugados de la justicia que querían ser eurodiputados únicamente para obtener inmunidad e impunidad, y que vivieron cómodos en el exilio gracias también al gobierno de Sánchez, que pasó de pedir justicia a humillarse de rodillas ante Puigdemont para seguir gobernando a toda costa».

Por su parte, en declaraciones a ABC, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch quiso poner el acento en dos cuestiones: «Primero, deja a Sassoli y a todo los que protegieron a Puigdemont en el sitio que corresponde y, en segundo lugar, Puigdemont debería devolver todo el dinero que ha cobrado, y hay que exigir que se le exija. Nosotros lo vamos a hacer».

Además, Tertsch resaltó que el Parlamento Europeo «ha despreciado a España y le ha dado derechos a un tipo que no los tenía, vulnerando la Constitución Española». «Una vez más, se revela que las instituciones europeas se saltan las reglas de la soberanía de las naciones. Eso es lo que la UE es ahora mismo. Se saltan sus propias reglas, la Comisión se mete en temas sobre los que no tiene competencia alguna...».

Por último, quiso resaltar la «creciente desgana» del Gobierno de España, «que ha actuado como cómplice de los independentistas», y apuntó que para éstos se trata de un «serio varapalo, también por el tema del dinero que dejan de percibir».

La disputa legal y política que los separatistas han planteado al Parlamento Europeo alcanzó su cénit con la demanda que Toni Comín ha planteado contra la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ante el mismo Tribunal de Justicia de la UE, alegando que estaba violando sus derechos fundamentales al negarse a reconocer su reelección. Con esta sentencia esta cuestión también se resuelve en favor de Metsola, que según las fuentes consultadas se arriesgó en primera persona al enviar esa carta a las juntas electorales de cada país.