José Antonio Montero: «El mensaje de Perelló fue esperanzador: déjennos trabajar tranquilos»

–Perelló se ha estrenado como presidenta pisando fuerte, pidiendo a los políticos que dejen trabajar a los jueces. Su discurso convenció...

–Fue necesario y esperanzador. Tenemos claro que comparte los principios básicos de imparcialidad, independencia judicial, separación de poderes y Estado de derecho, y que, además, los asume como propios, pero era importante que alertara de que están en peligro cosas muy importantes para la convivencia y para el Estado de derecho, y que la Justicia tiene que salir del debate partidista. Creo que eso ella lo reflejó muy bien. El mensaje fue esperanzador, una declaración de intenciones muy importante: «Señores, hasta aquí hemos llegado, déjennos trabajar tranquilos porque nos están haciendo mucho daño».

–Si se supone que los siete magistrados propuestos para la presidencia en un primer momento eran los mejores, ¿por qué no estaba Perelló en esa lista?

–Porque el candidato que pensamos que podría recabar el apoyo de los dos grupos era para nosotros (para el bloque conservador) Pablo Lucas. Creíamos que él representaba todo lo que queríamos: independencia, imparcialidad, neutralidad, separación de poderes, defensa del Estado de derecho... Pero ellos estaban empeñados en una mujer. El acuerdo era imposible. Hubo que abrir la lista para buscar una candidata de consenso. Yo conozco a Isabel, llevamos quince años trabajando juntos, he hablado mucho con ella. Sé cómo piensa, cuáles son sus valores y sus principios, que coinciden con el noventa y cinco por ciento de la carrera judicial.

–¿No le parece triste que haya que apelar continuamente a la independencia judicial?

–Absolutamente. A ver si a partir de ahora nadie habla de independencia y ya no es necesario reivindicarla, porque cuando se dice al ciudadano que los jueces estamos maleados por intereses económicos, sectoriales o políticos se quiebra su confianza en los tribunales. La realidad es que el 99,99 por ciento de resoluciones que se dictan en España, y estamos hablando de millones de resoluciones, no tienen ningún matiz político ni social.

–Y al final queda poso...

–Sí, queda poso y se socava la independencia judicial. ¿Qué legitimidad tenemos nosotros (los jueces)? Tenemos la legitimidad de la Constitución, pero es algo tan etéreo que nuestra legitimidad al final nos la da nuestro trabajo, nuestro buen hacer; ser y parecer imparcial e independiente... Si están diciendo que este es de derechas, que el otro es de izquierdas, que cuando llegue el asunto hará esto, se ha acabado... Es una cuestión absolutamente interesada para sacar una ventaja política a corto plazo. A eso hay que añadir una justicia en funciones, insuficiencia de medios materiales, plazas sin cubrir... Todo esto crea un deterioro continuo. Es lógico que cuando a uno le señalan un juicio por despido en 2027 piense qué clase de justicia tenemos.

–¿Qué esperan de la presidenta?

–Una apuesta decididísima por la independencia judicial, una defensa incondicional de la función de los jueces, que los partidos políticos vayan tomando nota de lo que hay y el carácter de servicio público de la justicia. Para eso necesitamos mucho trabajo y más medios de los que tenemos. Preservar esa independencia desde el minuto uno, desde el acceso a la carrera judicial, con un sistema de acceso que garantice que lo que prima es la parte técnica y profesional, los méritos, los estudios, la formación... Y desde luego también la unidad jurisdiccional: la justicia es una en toda España. Que nos dejemos del invento de consejos territoriales o de intentar quitar determinadas competencias y funciones al Tribunal Supremo como máximo órgano jurisdicional de España o a esta casa (el CGPJ), o que se disgregue la justicia en las distintas comunidades autónomas, porque la justicia es un elemento esencial del Estado y no de las autonomías. Eso hay que preservarlo. Isabel lo tiene muy claro.

–Confía en su sentido de Estado...

–Absolutamente, yo he hablado mucho con ella sobre esto. Para nosotros era esencial tener claro que la persona que apoyábamos compartía estas cuestiones. No nos podemos permitir que alguien pueda dudar de la competencia técnica y profesional de personas que desempeñan una importante función en un Estado de derecho ni que la sociedad crea que son otros intereses los que mueven sus resoluciones.

–Ahora que ya se conocen entre ustedes un poco más, ¿cree que costará llegar a acuerdos en otras materias con el otro grupo?

–Creo que no. Hay un antes y un después de la elección de Isabel. Hemos estado muy enconados, ha sido muy complicado, dentro de un buen ambiente y del respeto, pero esto ha sido como una balsa: se ha suavizado todo. Ayer (por el jueves) ya estuvimos hablando y esta semana vamos a empezar a hablar de las comisiones legales del Consejo. Sin duda alguna, ellos están también por la independencia judicial porque somos un poder del Estado y queremos hacerlo bien. Por eso creo que no va a haber ningún problema. Pero sabemos dónde estamos, sabemos que van a llegar cosas muy complicadas y que a veces habrá que pelear a cara de perro. Lo asumimos. Hay diez personas que tienen una sensibilidad y diez que tienen otra y cuando llegue el momento, pues tendremos que resolver.

–Una de las mayores responsabilidades de este Consejo es afrontar el centenar de nombramientos pendientes, entre ellos un tercio de la plantilla del Supremo. Su anterior presidente ya advirtió de que no se podían hacer de una vez porque la jurisprudencia del Tribunal no puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Está usted de acuerdo?

–Es urgente que esto se vaya desatascando y fijar ya la forma en la que vamos a ir sacando las plazas y cómo vamos a abordar los distintos destinos, porque no es lo mismo el Tribunal Supremo que otro tribunal. Dentro del TS la Sala Cuarta tiene ahora mismo siete magistrados de trece, y dentro de nada se quedará en seis. La Sala Tercera también está en cuadro sin poder cubrir ni las necesidades diarias mínimas. No podemos tardar mucho. Las necesidades son imperiosas pero hay que hacerlos con cautela. Lo ideal es nombrarlos poco a poco para que los nuevos magistrados se vayan acomodando y adaptando.

–¿En cuánto tiempo estima usted que podría estar resuelto ese centenar de nombramientos?

–Mínimo ocho meses , pero confío en que a mediados del año que viene. Yo creo que los dos vocales que somos magistrados del Supremo (el otro es Ángel Arozamena) debemos estar en la Comisión de Calificación del Consejo porque somos los que más contactos tenemos con los presidentes y magistrados y los que más conocemos las necesidades de las salas… Tendremos que agilizar los trámites para que, sin perder un ápice de transparencia seguridad y publicidad, sean nombrados los mejores. Yo desde luego no he venido aquí para hacer un reparto de cromos, para ganar méritos o meter a mis amigos.

–Hablando de reparto de cromos, ¿cree que este CGPJ nace con esa imagen de politización que han tenido los anteriores precisamente por ese 10-10 tan evidente?

–Yo no sé si han querido o no intervenir los políticos en la elección de la presidenta. Le aseguro que en mi grupo González Pons llamó a cada uno para decirnos: «Te hemos seleccionado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Es la última llamada que te voy a hacer». Y así ha sido. Le aseguro que este Consejo es un antes y un después. Es la primera vez que los vocales hemos elegido al presidente, en este caso a la presidenta. Ha costado Dios y ayuda, pero ahí está. Eso ya nos da por lo menos el beneficio de la duda. A algunos les gustara más la presidenta, a otros menos, pero el inicio no puede ser mejor.

–¿Saldrá de este Consejo la propuesta de un nuevo modelo de elección de los vocales, como se les ha encomendado?

–Creo que se debe ampliar la participación para elaborar y diseñar ese sistema entre todos, y cuando digo todos, me refiero a toda la carrera judicial, a todas las sensibilidades. Aquí hay vocales que han pertenecido a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a Jueces para la Democracia... Pero hay otras sensibilidades que son los muchos compañeros que no están asociados, además de Francisco de Vitoria y Foro Judicial. Yo voy a proponer que tengan presencia en los grupos de trabajo, que vengan expertos extranjeros, que intervengan tribunales superiores, el Tribunal Supremo y que entre todos intentemos elaborar un sistema. Si usted me pregunta cuál prefiero le diría que el de elección de los vocales por parte de la carrera judicial. En cualquier caso es mi opinión.

–No sé si encontrarán receptividad en los compañeros del otro grupo del CGPJ, porque algunos de sus vocales ya avanzaron en el Congreso de los Diputados que consideran que el modelo actual de elección es plenamente válido...

–Eso ya no lo sé. Veremos.