El choque Gobierno-PP amenaza la reforma del modelo del CGPJ

El primer reto es proceder al nombramiento del centenar largo de puestos que han ido quedando (y van a quedar) vacantes en los tribunales, empezando por las salas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Supremo. No es tarea fácil, porque el atasco es monumental –la ley que maniató al CGPJ al prohibirle hacer nombramientos se ha traducido en 1.200 sentencias menos al año– y la trascendencia de los puestos, enorme. Un ejemplo: cuando el CGPJ funcionaba correctamente y las plazas se iban cubriendo de una en una según iban produciéndose la vacantes, no era extraño que el plazo se demorará más de un año. Así, por ejemplo, sucedió con Manuel Marchena, hoy (y hasta noviembre) presidente de la Sala Segunda (la de lo Penal): tardó más de un año en ser designado. Lo mismo le sucedió a magistrado Luciano Varela, que lo fue hasta 2019, y con Antonio del Moral se tardó dos años en que se llegara a un acuerdo.

En el caso de Marchena, ABC ha podido confirmar que tiene decidido irse porque no puede optar a un tercer mandato ni tiene intención de permanecer en funciones. Por eso su sala no es la más problemática, porque puede asumir esa responsabilidad Andrés Martínez Arrieta, que en algo más de un par de años deberá jubilarse y además es el número uno de la carrera. «¿Le merece por tanto la pena a la presidenta abrir ese debate?», se pregunta un magistrado del Supremo, para quien «lo lógico es que los aspirantes esperen a la jubilación de Arrieta, que está a la vuelta de la esquina».

Perelló deberá ser inteligente en la estrategia a seguir en los primeros plenos en los que se aborden los nombramientos teniendo en cuenta que es uno de los retos del Consejo que pueden generar más tensión, dado que hacen falta trece votos para cualquier nombramiento y los vocales son diez conservadores por diez progresistas. El acuerdo entre ambos grupos es necesario, de modo que lo razonable es empezar por las plazas que arrojan mayores posibilidades de acuerdo. «Esto va para largo y es decisión de estrategia del Consejo establecer el orden», explica un vocal del CGPJ. Así, de las cuatro salas citadas, las fuentes consultadas consideran que las más sencillas de renovar son la Segunda y la Cuarta, la de lo Social, que preside en funciones el catedrático Antonio Sempere después de que la asumiera de forma interina Rosa María Virolés tras la jubilación de María Luisa Segoviano, hoy magistrada del Tribunal Constitucional.

Otra situación se vive en la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, donde fuentes judiciales explican que puede haber tres aspirantes que son pesos pesados: Carlos Lesmes, expresidente de la institución; Pilar Teso, favorita hasta el último minuto para presidirla en esta ocasión; y Pablo Lucas, también en la carrera final por hacerse con el mando de este CGPJ. «Parece razonable», explican a ABC desde el Consejo, «que la presidenta opte por renovar en el primer pleno de nombramientos las plazas sencillas, y no salga de allí con un fracaso». Y otra clave más, en aras de perpetuar ese frágil consenso el reparto en la plazas debería ser equilibrado: 50 por ciento para los progresistas y cincuenta para los conservadores. «Fifty, fifty», dice a ABC un vocal conservador que teme que las presiones de JJpD a Perelló «no serán menores». Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), inmensamente mayoritaria en la carrera, se advierte de que el llamado grupo progresista «ya tiene una representación en el Consejo muy superior a la que tiene en la carrera judicial».

Sea lo que sea, el proceso completo va para largo, porque primero se abren los expedientes para la renovación de plazas y luego es el turno para los peticionarios, que deberán exponer su proyecto. A partir de ahí, la búsqueda del ansiado consenso de trece votos. Bien es verdad que los trámites podrían agilizarse, pero sin orillar la promesa de transparencia de Perelló.

El siguiente reto es político: proponer al Parlamento un plan de reforma del modelo de elección de los vocales, la segunda parte del pacto que sellaron el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el alto dirigente del PP Esteban González Pons bajo la supervisión de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová: «Se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación».

Hoy, los mensajes son contradictorios, y el reloj ya está corriendo. Desde Justicia se explica a ABC que no se aceptará un modelo que entregue todo el poder a los jueces. Desde el PP se mantiene que el compromiso establece un plazo de seis meses y que urge ponerse a trabajar. Desde las filas de Alberto Núñez Feijóo se muestran convencidas de que si la división de los vocales progresistas ha permitido el nombramiento de Perelló, también permitirá sacar adelante una propuesta de reforma para remitir al Parlamento. En tal caso, como se dice desde Justicia, «entre el modelo actual y otro que de todo el poder a los jueces existen escalas de grises».

En cualquier caso, las últimas decisiones del Gobierno, y especialmente la de nombrar unilateralmente a José Luis Escrivá gobernador del Banco de España, dificultan mucho las posibilidades de acuerdo entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición.

Las dudas sobre que se den las condiciones también existen en el asociacionismo. Desde la APM se ve con pesimismo y se indica que el Partido Socialista y los progresistas siempre han querido que el Consejo del Poder Judicial sea un reflejo del Parlamento, exactamente lo contrario de lo que se plantea desde el PP. «Suponiendo que fuera posible, habría que rascar más representación para JJPD, que en la carrera tiene muy poca y bajando. Ése es el obstáculo principal«.

El tercer gran reto de Perelló pasa por recuperar la credibilidad del CGPJ después de años de desgaste e interinidad. «Ha sido un órgano moribundo», dice un miembro saliente, preocupado por cómo la nueva presidenta pueda recuperar ese prestigio perdido. «El discurso del jueves (en la Apertura del año judicial) va por el buen camino, sobre todo en contraste con el del fiscal general del Estado, pero ahora ella debe ser capaz de soportar las presiones que le llegarán desde el Gobierno o desde su asociación».

Por todo ello, fue significativa la buena acogida general que tuvo su intervención ante el Rey. Fue un alegato a la independencia judicial y a la separación de poderes, una mano tendida a la carrera y un compromiso de transparencia y rigor en los nombramientos que se avecinan. Y por encima de todo, como destacó ABC, una advertencia a la clase política en su conjunto y al Gobierno en particular: «Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados» sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico», dijo. Ahora es el momento de cumplir.