Jorge Fernández Díaz recurre la fianza impuesta en Kitchen y el «quebranto económico» que implica

En un escrito de apelación que firma el abogado Jesús Mandri, se pide expresamente la anulación del auto de apertura de juicio oral dictado en lo que respecta a la cuantía acordada en concepto de responsabilidad civil.

Considera que es «desproporcionada», pues la cantidad presuntamente malversada y que se destinó a espiar a la familia del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ascendió a 57.000 euros según la investigación; y denuncia un «tratamiento diferenciador» con otros encausados, como el exjefe de Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño al que se le impone una fianza de 2.000 euros. Entiende su defensa que el instructor no motiva esto «mínimamente».

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Isabel Vega

Recurre el auto de apertura de juicio oral que rechazó situar al partido como beneficiario a título lucrativo

«Sí dedica especial motivación y esfuerzo respecto a otras cuestiones, por ejemplo, rechazando la apertura de juicio oral contra el Partido Popular como partícipe a título lucrativo, pero absolutamente ninguna respecto a la cuestión que denunciamos«, se puede leer en el recurso al que tuvo acceso ABC.

«Tal falta de motivación causa indefensión al Sr. Fernández Díaz, pues se desconocen los motivos que llevan al instructor a fijar la cuantía de la fianza que le ha sido impuesta y su diferente graduación entre los restantes acusados, amén del consiguiente quebranto económico para mi representado«, prosigue.

Por ello pide que se establezca una responsabilidad solidaria de todos los acusados respecto a la cuantía que, de forma motivada, se fije en concepto de fianza, que no podrá exceder de la cuantía fijada en los escritos de acusación y que deberá guardar proporcionalidad con la responsabilidad civil que previsiblemente derivaría de una eventual sentencia condenatoria.

Jorge Fernández Díaz se enfrenta a 15 años de cárcel por presuntamente orquestar, cuando estaba al frente del Ministerio del Interior, un operativo policial que tenía como fin sustraer documentación comprometedora para dirigentes del Partido Popular al entonces tesorero, Luis Bárcenas, en pleno estallido del caso Gürtel.