El número 2 de Interior con Rajoy pide que el PP se siente en el banquillo por la operación Kitchen

El escrito, al que tuvo acceso ABC, se refiere a la posición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al rechazar la petición que había elevado el PSOE en la recta final de esta causa sobre un presunto espionaje policial al tesorero del PP Luis Bárcenas con objetivo de sustraerle documentación compromedora para el partido en pleno caso Gürtel.

El juez rechazó esta pretensión por entender que introducir esa exigencia «a quien no ha sido llamado en tal condición hasta este momento procesal podría llevar consigo previsibles nuevas exigencias de indagación y aportación de datos, en suma, de retroacción del procedimiento, en un momento procesal en el que ello resulta imposible».

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La defensa de Martínez que ejerce el letrado Juan Antonio Frago no lo ve así. Considera que la tesis del instructor es «exótica» y supone asumir que «habría prescrito la acción civil al no haber citado nadie al PP como responsable civil hasta este momento». Afirma que implicaría «la prescripción, en la práctica, de casi todas las responsabilidades civiles en todo tipo de delitos».

Por eso, insta a la Sala a revocar esta parte del auto, porque además, consideran «absolutamente lógico que, si se supone que nuestro representado, en unión a los otros coacusados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible condena civil», el partido también responda por ello. Sobre todo porque, dice, «cuantos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia» tiene Francisco Martínez.

Deja además, un recado por el camino y es la «anomalía acusatoria» que en su opinión se ha producido en Kitchen porque los autos y los escritos señalan que los acusados «supuestamente decidieron espiar y finalmente sustraer información delicada al Sr. Bárcenas siempre en beneficio del Partido Popular y utilizando para ello fondos reservados».

«Misteriosamente, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado y aún más misteriosamente la familia Bárcenas, PSOE y Podemos se han olvidado de pedir la imputación del Partido Popular como persona jurídica, habiendo acusado de revelación de secretos, a los autores, policías y cargos políticos que supuestamente cometieron esos delitos para favorecer al PP», dice el escrito.

Subraya que «según los relatos fácticos de los escritos de acusación, constaría el beneficio directo o indirecto para el PP« en un delito que »tiene prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica desde 2010«, como también el cohecho y el tráfico de influencias.

Asimismo, solicita que se revoque la fijación de fianzas que ha establecido el magistrado instructor y que impone 120.000 euros al exministro del Interior, como también a su número 2, mientras se establece en un rango de entre 2.000 y 100.000 euros para el resto de los once acusados en Kitchen.

Dice que la diferencia entre unos y otros no tiene motivación alguna y pide que sean todas por igual porque, conforme alega, siendo todos coautores en caso de condena iban a tener que pagar la responsabilidad civil entre todos igualmente.

tiene nuestro representado.

«Es absolutamente lógico que, si se supone que nuestro representado, en unión a los otros coacusados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible condena civil, o incluso que la suspensión de una hipotética condena puede pasar por el pago de la responsabilidad civil, cuantos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia tiene nuestro representado.