Irene Montero acusa al Gobierno de ser «cómplice de la dictadura marroquí» tras visitar a los saharauis retenidos en Barajas

Por su parte, la abogada de varios de los activistas, Fatma El Galia, ha informado de que actualmente 25 de los saharauis retenidos en la sala de solicitantes de asilo del aeropuerto de Barajas están en huelga de hambre para protestar por su situación, máxime cuando han acreditado en su petición de protección sufrir «persecución» por parte de las autoridades marroquíes.

Montero afirma que se está perpetrando una «grave vulneración de los derechos humanos» con unas personas cuya vida «corre peligro» por la «dictadura marroquí», con la que el Ejecutivo está siendo «cómplice» en un ejercicio de gran «hipocresía». «Ahora mismo hay personas que están enfermas, niños que necesitan atención médica urgente y, sobre todo, son solicitantes de asilo. Son posiblemente las personas más vulnerables cuando alguien tien que huir a consecuencia de luchar para conseguir un mundo mejor y cesen las violaciones de derechos», ha zanjado.

«¿Qué oculta el Gobierno de España y por qué actúa como si fuera el PP? Jamás esperaríamos que una Secretaría de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez hiciera lo mismo que el PP, que es impedir el ejercicio de nuestros cargos públicos ante una posible vulneración de derechos fundamentales«, ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación.

Montero se ha desplazado este viernes a la Terminal 1 del aeródromo madrileño junto a su compañera de partido Isabel Serra para intentar entrar a las dependencias donde se encuentran los solicitantes de asilo, en su condición de eurodiputadas, con el objetivo de comprobar de primera mano la situación en la que se encuentran, dado que sospechan que padecen condiciones de insalubridad.

La exministra de Igualdad ha recalcado que solicitaron amparo a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para que se le facilitara el acceso a dicha sala, una vez que no se permitió la entrada el pasado lunes a la secretaria general de su partido, Ione Belarra. Sin embargo, ha denunciado que en su caso también se la ha denegado el acceso y atribuye esa decisión a instrucciones de la Secretaría de Estado del Interior del Gobierno de España.

Por tanto, ha reivindicado que van a hacer la «presión» que sea necesaria como cargos públicos electos para que Interior rechace deportar a estos saharauis y les dé la debida protección en España.