Ione Belarra torpedea la negociación mientras Yolanda Díaz avala la estrategia de Moncloa

«Podemos quiere y tiene que ser parte de esa negociación como miembro legítimo que es del Gobierno», reclamó ayer en rueda de prensa el coportavoz de Podemos Pablo Fernández, que pidió al PSOE no ceder al «chantaje» del PP para «excluirles».

Desde Podemos explican que el presidente del Gobierno no llamó a Belarra para comunicarle que se reuniría con Feijóo y que se enteraron por el anuncio de la parte socialista del Gobierno.

Fuentes de la Vicepresidencia de Díaz explican que ella sí fue avisada. También que había coordinación con Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso. Por la tarde, Díaz reunió a los principales dirigentes de Unidas Podemos. En representación de Podemos fue Irene Montero, ministra de Igualdad y número dos el partido, dado que la líder Belarra está en la recta final de su embarazo.

La intención de la vicepresidenta era trasladarle el contenido de la reunión entre el PSOE y PP que le había transmitido Bolaños, así como coordinar a Unidas Podemos para afrontar la negociación de la renovación del CGPJ.

«Estar significa estar, significa tener un sujeto activo en la mesa de negociación», insistió Fernández, reclamando una silla para Unidas Podemos. Presiona así para ser «determinante». No quiere cargar contra el socio de Gobierno directamente, pero lo señala. «El PSOE sabe que Podemos quiere estar en la negociación, conoce de primera mano la intención y voluntad de Podemos desde hace tiempo», dijo Fernández.

Podemos también señaló que la renuncia de Lesmes es una «estrategia coordinada» con el PP para seguir bloqueando los órganos judiciales. «El señor Lesmes dimite en coordinación con el PP en una estrategia de bloqueo con el objetivo de intentar impedir la renovación del Tribunal Constitucional y el nombramiento de los dos jueces que corresponde nombrar ahora», dijo Alejandra Jacinto, también coportavoz. En Twitter, Belarra acusó al PP de un «golpe blando a la democracia».

En el otro lado del espectro político, mientras Sánchez y Núñez Feijóo estaban reunidos en el Palacio de la Moncloa para intentar desbloquear por fin, casi cuatro años después, la renovación del CGPJ, Vox y Ciudadanos (Cs) marcaban posiciones en sus respectivas sedes. El vicepresidente de Vox Jorge Buxadé y la líder de Cs, Inés Arrimadas, cargaron por enésima vez contra PSOE y PP por «asaltar» la Justicia.

Ambos reclaman una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los propios magistrados, y no el Congreso y el Senado, quienes elijan a doce de los veinte vocales -los provenientes de la carrera judicial- del órgano de gobierno de los jueces.

Cs siempre ha planteado ese cambio legal y Vox, tras coquetear inicialmente cuando irrumpió en la Cámara Baja con participar en el sistema actual, lleva años en esa línea.

Esta legislatura ya se debatió un cambio normativo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante una proposición de ley de Cs que sí apoyó el PP -también Vox-, pero cuya toma en consideración decayó por oposición de PSOE, Unidas Podemos y sus socios.

Ni a Vox ni a Cs les seduce la idea de renovar ahora el CGPJ a cambio de una promesa de reforma, pero su posición es irrelevante porque el PSOE y PP prácticamente superan por sí solos los tres quintos necesarios para nombrar nuevos vocales.

Con atraer al acuerdo a alguno de los socios habituales del Ejecutivo, y aunque Unidas Podemos se opusiese, sería suficiente. «El PP ha tenido al menos dos mayorías absolutas con las que pudo cambiar el sistema», recordó Buxadé, quien ve el panorama «con mucho riesgo y mucha pena». «El único acuerdo al que tienen que llegar [Sánchez y Núñez Feijóo] es dejar de repartirse los jueces», dijo Arrimadas.