Hacienda vetará las leyes sobre el salario mínimo pese a poder tumbarlo PP y Sumar en la Mesa

El martes de la semana pasada, se constató el conflicto entre los socios de coalición al decir la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar, que se había enterado de la medida de Hacienda por la prensa. La portavoz del Ejecutivo, la socialista Pilar Alegría, renegaba en su asiento y el enfrentamiento cristalizó con el registro de Sumar de una ley en el Congreso para revertirla. El PP y Podemos presentaron también sendas normas con idéntico fin.

Fuentes socialistas del Gobierno garantizan que utilizarán «todas las vías legales» a su alcance, incluido el veto, para, dicen, defender sus «principios». El Ejecutivo tiene la potestad de proponer uno ante cualquier ley que suponga un aumento de gasto o un déficit de la recaudación que afecte a los presupuestos. La Mesa del Congreso, no obstante, debe aceptar esa petición. Algo que normalmente se da por descontado, por la mayoría de PSOE y Sumar en el órgano, pero que ahora, por las posiciones de populares e izquierdistas, podría no ser así. Los letrados se pueden pronunciar sobre si es oportuno el argumento de Hacienda, pero su criterio no es vinculante.

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, decía este miércoles por la mañana, a su llegada al hemiciclo antes de la sesión de control al Gobierno, que todo dependerá de las ganas de Sumar de acaparar «titulares». Pero lo cierto es que si ni Alberto Núñez Feijóo ni Yolanda Díaz ceden, Hacienda, más tarde o más temprano, tendrá que renunciar a la recaudación de los 2.000 millones de euros, según sus cálculos, que recibiría por la tributación de los perceptores del salario mínimo.

Las mismas fuentes socialistas del Gobierno trasladan que la idea de que el salario mínimo debe estar exento del pago del IRPF pone en peligro futuras subidas, dado que afectará de forma decisiva a la recaudación del Estado: «Quedaría tocado de muerte». Así, el Ejecutivo podría dejar de aprobar incrementos en esta renta para evitar quedarse cada vez con menos dinero para cuadrar las cuentas públicas. Eso sí, desde el Consejo de Ministros –también los titulares del PSOE– se asume que si PP y Sumar hacen pinza, se deberá respetar lo que apruebe el Parlamento. «¿Cómo no va a cumplir el Gobierno una ley?», se preguntaba un ministro que, sin ir más allá, sí abría la puerta a recurrirla de alguna forma.

La «pedagogía» que ha defendido estos días el PSOE, la trasladaron este miércoles los socialistas a la sesión de control al Gobierno. Primero fue Pedro Sánchez, ante Alberto Núñez Feijóo, quien defendió la tributación en el salario mínimo. Pero fue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, quien se afanó en reivindicar una medida que ha generado dudas incluso en su partido, si bien no por el fondo, sí por la forma de comunicarla. Tras ausentarse del pleno de la semana pasada por fiebre, la número dos del Ejecutivo capeó el temporal y respondió a cuatro preguntas del PP, una de Vox, una de Junts y otra de Podemos; una entente poco usual tras el mismo ariete.

Ella alegó que el Gobierno, desde 2018, ha subido el salario mínimo de 735 euros a 1.184, que el ochenta por ciento de sus perceptores seguirán sin tributar por distintas exenciones fiscales y que quienes percibían ese salario ya pagaban el IRPF hasta ahora; tanto en 2024 como, retrocediendo años atrás, durante los Gobiernos de Mariano Rajoy. Su retórica no convenció ni a su más estrecho aliado. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, advirtió que mantendrán la lucha hasta el final.