Guerra Llop-Belarra: el choque entre PSOE y Podemos por el consentimiento llega al Consejo de Ministros

Durante una entrevista en la Cadena Ser, la titular de Justicia ha recordado que ya en el año 2018, cuando ocupaba el cargo de delegada de Gobierno para la violencia de género, tanto ella como la entonces ministra de Igualdad Carmen Calvo dijeron «que el consentimiento debía ser explícito». «No sabe la que nos cayó por parte de la opinión pública», ha confesado Llop. «Cómo voy a decir que voy a tocar el consentimiento», volvía a insistir.

«Con el artículo 178.2 se considera que hay agresión cuando concurre violencia o intimidación, anulación de la voluntad o abuso en situación mental», ha comenzado a explicar la titular de Justicia. «No hay que probar el consentimiento, eso no se toca. Se está confundiendo a la opinión pública diciendo que se tendrá que pasar por el calvario probatorio. Se pone el foco en lo que no existe», ha expuesto Llop, quien ha asegurado que cuando concurra alguno de estos casos «no habrá que probar el consentimiento».

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La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no tardaba en contestar a través de sus redes sociales. «Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento», ha afirmado.

Se suma a ella, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, quien ha afirmado que esta reforma «vuelve al modelo anterior». «¿Y qué ocurre si no hay herida? ¿Se asume que se ha consentido?», se pregunta. «Habrá que demostrar que no. Es decir, esta reforma vuelve al modelo anterior», ha expresado.

Una de las propuestas desde Podemos era considerar estas situaciones como «agravante». Llop no entiende que si no quieren que se aumenten las penas, cómo se plantea esa posibilidad que supondría un aumento. «Están lanzado el mensaje de que esto no es un ley punitiva, pero introducir agravante eleva automáticamente las penas, sería desproporcionado».

La ministra de Justicia ha alabado la norma estrella de Irene Montero, considera que es un «grandísimo avance» en la legislación española, pero ve necesario corregir esa «pequeñísima parte de la ley» para evitar más rebajas.

«No se trata de buscar culpables, ha ocurrido una cosa muy grave y lo que tenemos que hacer es poner una solución», ha manifestado Llop sobre las revisiones de condena a la baja. «Estamos poniendo un freno para lograr una normalidad de ahora en adelante, si se aprueba la ley», ha reiterado.

De forma contundente, la titular de Justicia ha aseverado que «no es de recibo» que en un país «pionero» como España en esta materia «se haya producido una rebaja de penas». «No es de recibo que nuestro país salga más barato agredir a una mujer que robar. El robo está penado con una condena de 2 a 5 años, y la agresión sexual con una de 1 a 4 años», ha enfatizado. «Eso es lo primero que hay que corregir».

Respecto a esta cuestión, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que eso «no es así». «Ha dicho agresión sexual con violencia (toqueteos y una paliza, en concreto) más penado que un robo con violencia. Entiendo que oír eso cause alarma, pero afortunadamente no es así; es un error, no es correcto. Ni se le habría pasado al Gobierno, ni a los demás órganos del Estado», ha expuesto.