Los guardias de Tráfico, a la «caza de puntos» por 150 euros

Primero fue el sopapo de que les rebajaban el sueldo por ser funcionarios; luego la «huelga de bolis caídos» —que habría provocado entre un 50 y un 70 por ciento menos de multas de tráfico en junio, datos que la DGT desmiente— y para rematar, en julio, llegó el «RAI» o resumen de actividades individuales, que cada unidad de tráfico debe rellenar mensualmente. Simplificando, se trata de un sistema de puntos con el que evaluar a los agentes. Aquí llega el problema. La instrucción firmada por el general jefe de Tráfico explica que el objetivo es «mejorar el rendimiento de los mismos y por tanto la seguridad vial»; los afectados lo interpretan como un baremo para presionarlos: cuanto más multen, más cobran.

Lo cierto es que la instrucción no se refiere en ningún momento a pluses ni a productividades pero las asociaciones del Cuerpo lo tienen claro, dado que se puntúa hasta cuatro veces más por una denuncia en materia de transporte, o nueve por una alcoholemia con infracción que por auxiliar a alguien. Un cálculo oficioso apunta a que en junio Interior dejó de recaudar entre 12 y 15 millones de euros al reducirse las multas casi a la mitad. Y a partir de ahí cundió el nerviosimo. «Como mínimo —aseguran desde AUGC— están en juego los 150 euros del plus de seguridad vial además de otras partidas que cobramos en productividades varias».

«Lo más grave es que no se sabe cuántos puntos son necesarios para que no nos rebajen más el sueldo. Así se abre la veda de una frenética caza de puntos, cualquier infracción vale», señala en un comunicado la Unión de Oficiales (UO) que ayer se sumó a las críticas. Esta semana, guardias civiles afectados han empezado a enviar recursos a la Dirección General de la Guardia Civil para que se anule el controvertido baremo que prima multas sobre auxilios porque advierten «puede darse el caso de que los agentes se centren en denunciar infracciones por encima de otros servicios con menor puntuación».

AUGC ha ido más allá y asegura que se está intimidando verbalmente a mandos intermedios aclarándoles que si los guardias a su cargo no denuncian, ellos perderán el complemento de productividad. «Esas órdenes para que informen de qué agentes ponen menos multas nunca se dan por escrito», dicen en la UO.

Han pedido nombres

Según las dos asociaciones, las llamadas y la presión se han extendido a las Unidades de Seguridad Ciudadana. «Hay cuarteles y puestos a los que ya se ha pedido los nombres del personal que denuncia poco para retirarles los complementos». Sin embargo, los servicios y actuaciones de cada miembro del Cuerpo quedan registradas en el sistema informático, de modo que los oficiales tienen acceso directo a esos datos. «Es cierto —admiten desde AUGC— pero es una forma de intimidar a oficiales».

En el punto de mira están el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el director de la DGT, Pere Navarro. El primero dejó claro hace unos días que la obligación de la Guardia Civil es cumplir la ley y «poner multas entra dentro de la ley», mientras que Navarro aseguró que es falso que en junio se impusieran la mitad de multas menos que el año anterior.

Lo cierto es que la instrucción no se refiere en ningún momento a pluses ni a productividades pero las asociaciones del Cuerpo lo tienen claro, dado que se puntúa hasta cuatro veces más por una denuncia en materia de transporte, o nueve por una alcoholemia con infracción que por auxiliar a alguien. Un cálculo oficioso apunta a que en junio Interior dejó de recaudar entre 12 y 15 millones de euros al reducirse las multas casi a la mitad. Y a partir de ahí cundió el nerviosimo. «Como mínimo —aseguran desde AUGC— están en juego los 150 euros del plus de seguridad vial además de otras partidas que cobramos en productividades varias».

«Lo más grave es que no se sabe cuántos puntos son necesarios para que no nos rebajen más el sueldo. Así se abre la veda de una frenética caza de puntos, cualquier infracción vale», señala en un comunicado la Unión de Oficiales (UO) que ayer se sumó a las críticas. Esta semana, guardias civiles afectados han empezado a enviar recursos a la Dirección General de la Guardia Civil para que se anule el controvertido baremo que prima multas sobre auxilios porque advierten «puede darse el caso de que los agentes se centren en denunciar infracciones por encima de otros servicios con menor puntuación».

AUGC ha ido más allá y asegura que se está intimidando verbalmente a mandos intermedios aclarándoles que si los guardias a su cargo no denuncian, ellos perderán el complemento de productividad. «Esas órdenes para que informen de qué agentes ponen menos multas nunca se dan por escrito», dicen en la UO.

Han pedido nombres

Según las dos asociaciones, las llamadas y la presión se han extendido a las Unidades de Seguridad Ciudadana. «Hay cuarteles y puestos a los que ya se ha pedido los nombres del personal que denuncia poco para retirarles los complementos». Sin embargo, los servicios y actuaciones de cada miembro del Cuerpo quedan registradas en el sistema informático, de modo que los oficiales tienen acceso directo a esos datos. «Es cierto —admiten desde AUGC— pero es una forma de intimidar a oficiales».

En el punto de mira están el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el director de la DGT, Pere Navarro. El primero dejó claro hace unos días que la obligación de la Guardia Civil es cumplir la ley y «poner multas entra dentro de la ley», mientras que Navarro aseguró que es falso que en junio se impusieran la mitad de multas menos que el año anterior.