La gestión de las prisiones se le atraganta al Gobierno vasco por los terceros grados a etarras

El propio Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales recoge en el informe que elaboró para hacer balance que el sistema penitenciario se enfrenta a una situación de «tensionamiento». En estos dos años la población reclusa se ha incrementado en 190 personas, -un 24% sólo en un año-, hasta la cifra de 1.577 presos entre los tres centros penitenciarios del País Vasco (Basauri en Vizcaya, Martutene en Guipúzcoa y Zaballa en Álava). Ese incremento se explica, en gran medida, por el fin de la política de dispersión y el traslado del total de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.

En la actualidad son 142 los terroristas que cumplen condena allí y la apuesta por culminar los acercamientos ha provocado que unos 450 presos comunes, según algunos cálculos, se encuentren con mayores problemas para cumplir condena en sus lugares de origen. El propio Gobierno vasco reconoce la «imposibilidad de absorber toda la demanda de traslados voluntarios».

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Precisamente el final de la dispersión etarra ha puesto en el centro de la polémica la gestión de las condenas de los terroristas. Desde que asumieron las competencias, representantes del Gobierno vasco han sostenido que no existe «ningún trato de favor» hacia los presos de ETA. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, insistió en esta idea en su discurso durante el Debate de Política General. Subrayan que apenas el 5,9% de terceros grados concedidos estos años han sido para etarras, si bien representan el 9% de los reclusos.

El hecho es que la cuarta parte de esas progresiones de grado a presos de ETA luego son revocadas por la Audiencia Nacional. En un 24% de los casos ha tumbado el tercer grado porque no se ajustaba a la ley. El colectivo de familiares de presos de ETA Sare subrayaba esta semana que los jueces sólo han revocado el 1,89 por ciento de las progresiones concedidas a presos comunes, «una diferencia abrumadora». Según sus datos, de los 55 terceros grados concedidos a presos de ETA en dos años, 16 han sido anulados por la justicia.

La vuelta a prisión de los terroristas se ha incrementado este año debido a un cambio en la doctrina del Tribunal Supremo: desde diciembre, el recurso de la Fiscalía contra la semilibertad la deja en suspenso. Hasta entonces, el etarra disfrutaba del tercer grado mientras los jueces analizaban el fondo del asunto. Ahora, tienen que esperar en prisión o volver si ya han salido, hasta que se resuelva. Y pendiente de resolución de la Audiencia Nacional están todavía cuatro recursos en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y seis más en apelación ante la Sala de lo Penal.

La polémica ha subido de decibelios este verano. En julio trascendió que el Gobierno vasco había permitido a Mikel Otegi, con 10 años de cárcel aún por cumplir, salir de la cárcel de Zaballa para ir al dentista sin ningún tipo de vigilancia policial. A pesar de que la familia de una de sus víctimas lo calificó de «humillación», a ese permiso le siguió uno en circunstancias similares concedido a Alicia Sáez Cuesta, condenada a 30 años y con delitos de sangre, y otros 14 casos más. Son 16, como reconoció Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, del PNV, en respuestas parlamentarias al PP y a Vox en los primeros compases del curso político. Argumenta que es una opción que ofrece el Reglamento Penitenciario.

Además, en este tiempo la Administración vasca ha tenido que lidiar con el conflicto laboral que generó el traspaso de las competencias. Cuando Vitoria asumió las prisiones, también tuvo que integrar a 675 personas en el sistema entre funcionarios y personal laboral. Pero el incremento de la población reclusa, como las bajas y las jubilaciones, dejan una plantilla insuficiente. En el citado balance, Melgosa reconoce que persisten «carencias» y «falta de dimensiones de la plantilla».

Han sido varias las protestas de los trabajadores en estos meses, aunque un acuerdo con la central Acaip-UGT, la mayoritaria, apaciguó la conflictividad. Justicia se comprometió a crear una bolsa de trabajo temporal, aunque la solución definitiva solo llegará cuando se apruebe la Oferta Pública de Empleo y ahí, el euskera podría reavivar los problemas.

Los sindicatos avisan de que la intención del Gobierno vasco es que esta lengua sea obligatoria en el 51% de las plazas, a pesar de que muchos de los trabajadores actuales no cumplen con el nivel requerido. El compromiso era aprobar la convocatoria antes de que terminara el año, aunque tras las últimas reuniones con el departamento este mismo mes, los sindicatos dudan de que se pueda cumplir el plazo.