El PP plantará a la ministra Rego en la reunión para el reparto de los menores inmigrantes de Canarias

Desde el PP aseguran que no acudirán a la Sectorial porque consideran que esta convocatoria es «ilegal» por varios motivos. En primer lugar, porque el contenido del orden del día de esta reunión no se ha consensuado en mayoría sino que ha venido «impuesto» por el Ministerio de Juventud e Infancia. Fuentes populares insisten en que apenas han tenido margen de maniobra y que no se han tenido en cuenta los temas que querían poner encima de la mesa los consejeros de once comunidades. A este respecto, fuentes del Gobierno aseguran que la convocatoria cuenta con plenas garantías legales para celebrarse.

En segundo lugar, porque estaba previsto que este jueves el ministerio presentara a todos los territorios una propuesta de reparto de los 3.975 menores inmigrantes no acompañados que continúan hacinados en centros de acogida de las islas canarias y ya de entrada entienden que el reparto es «ilegal».

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Es un asunto que mantiene en pie de guerra a los gobiernos central y autonómicos desde hace meses, pero la aprobación «unilateral» de cupos de reparto y la confirmación de que finalmente Cataluña y País Vasco no tendrán que participar de esta acogida extraordinaria ha sido la gota que ha colmado el vaso para el PP.

Hace dos semanas el ministerio de Rego remitió a los servicios jurídicos de Canarias un borrador con esa propuesta de reparto. Según este documento, al que tuvo acceso ABC, tres comunidades gobernadas por el Partido Popular (Andalucía, Valencia y Madrid) recibirán en conjunto a la mitad de todos los menores que van a ser trasladados a la península, casi 2.000 en total, mientras que Cataluña y País Vasco quedan oficialmente fuera del reparto, aunque la Generalitat ha accedido a asumir la tutela de 31 niños de forma voluntaria, una cifra similar a la de repartos extraordinarios anteriores aprobados también en Conferencia Sectorial.

Desde que el Gobierno aprobó la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, con el apoyo de Junts, para dimensionar y agilizar los traslados de menores desde un territorio en situación de contingencia migratoria al resto de comunidades, el proceso ha sido de todo menos ágil. Primero fue el requerimiento de información sobre ocupación de camas en las comunidades autónomas por parte del ministerio, después la famosa determinación de la «capacidad ordinaria», seguido de aprobar las partidas presupuestarias vía real decreto y, finalmente, determinar los cupos por comunidad.

En todo este recorrido el Gobierno se ha encontrado con la oposición frontal de las comunidades gobernadas por el Partido Popular que denuncian que estos traslados extraordinarios se han diseñado 'ad hoc' para contentar a los socios nacionalistas de Gobierno. Todos estos ejecutivos regionales, los once en manos del PP, han impugnado el decreto 2/2025 ante el Tribunal Constitucional.

Nunca llueve a gusto de todos, pero la opinión mayoritaria entre los territorios es que sus instalaciones no van a estar preparadas en tiempo y forma para acoger a cientos de menores a finales de agosto y en varias ocasiones han acusado ya sobreocupación en sus sistemas de acogida.

Esta Sectorial, última estación del vía crucis que está suponiendo este reparto extraordinario, estaba planteado como broche final después de meses de reuniones multilaterales entre el Ejecutivo y las comunidades y un acuerdo con Canarias que no termina de ver la luz, pero esta vez el PP sí ha consumado su amenaza y no asistirá.

Desde el Gobierno critican esta maniobra de los populares pero confirman que todo continuará según lo previsto. «El Real Decreto 2/2025 sigue su curso y deberá cumplirse por parte de todos los territorios».