El Gobierno preguntó a Canarias si los menores que han trasladado a la península tenían descuento de residente

Buena muestra de esa improvisación denunciada por Clavijo se sustancia, según relatan a ABC fuentes conocedoras de lo ocurrido, con la pregunta que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se formuló al Gobierno canario y que dejó perplejos a sus interlocutores.

Días antes del inicio del viaje, cuando el departamento que dirige Elma Saiz, se dispuso a comprar los billetes de avión, los técnicos del ministerio preguntaron a sus homólogos autonómicos si los niños, cuya situación está sin regularizar, «tenían descuento de residente canario».

La duda surgió al ver el desorbitado precio del traslado aéreo, superior a los 6.000 euros, fruto de esa improvisación en la organización del dispositivo. Fuentes del Gobierno de Canarias hablan también de «una descoordinación total entre ministerios», que a punto estuvo de impedir el reparto en la fecha prevista de no ser por la rápida actuación de la consejería.

Aunque hace un par de semanas, tras la reunión interadministrativa que hace un seguimiento semanal de la situación, el Estado informó a Canarias de la fecha de salida de los primeros menores solicitantes de asilo, la logística del viaje no se organizó hasta unas horas antes del inicio del traslado. Con todo lo que ello supone, en pleno mes de agosto, en una comunidad con una alta ocupación turística.

A última hora del viernes, según fuentes conocedoras del reparto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitió la documentación solicitada por parte del gobierno autonómico días antes. Tras recibirla, esa misma noche, la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que sigue teniendo la tutela de los menores pese a residir en Gijón, dio el permiso correspondiente para su traslado.

A partir de ahí, a lo largo del sábado, y tras recibir también la filiación de los educadores sociales canarios que acompañarían a los niños hasta el Principado de Asturias, el Estado activó la maquinaria para encontrar plazas para todo el grupo en un mismo avión. Una tarea que no era especialmente fácil teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos y la alta demanda que hay en las plazas ofertadas por parte de las compañías aéreas.

Con los precios de los pasajes por encima de los 450 euros, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que era el responsable de este traslado en concreto, quería ahorrarse el 75% del billete de cada menor. Es la cantidad subvencionada por parte del Estado para los ciudadanos que residen en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Para optar a este descuento de residente, se requiere que la persona que viaja esté empadronado en el territorio subvencionable. En el caso de estos niños, todos ellos solicitantes de asilo, todavía están a la espera de una respuesta por parte del Estado a su solicitud. En algunos casos hace más de un año que aguardan a la resolución de su expediente para contar con la documentación que legalice su estancia en nuestro país.