El Gobierno pasa de puntillas por la aprobación definitiva de la amnistía

Además, y al contrario que en otras ocasiones, el Grupo Socialista ha elegido a un diputado de tercera fila, muy poco conocido para la ciudadanía, como Artemí Rallo, para pronunciar el discurso de defensa. Y el Ejecutivo ha renunciado a intervenir, como siempre puede hacer. Perfil bajo, bajísimo, para una norma que los socialistas consideran histórica y que creen que abrirá, o incluso que lo está haciendo ya, una nueva etapa en Cataluña.

Cuando ha llegado el momento de la votación de Sánchez (los parlamentarios que además son miembros del Gobierno sentados en la bancada azul, como los de la Mesa, votan en último lugar, al margen del orden alfabético que opera para el resto de sus señorías) varios diputados de Vox le han tildado a gritos de «traidor». Significadamente lo ha hecho el responsable de Comunicación del partido, Manuel Mariscal, que se sienta dos filas por detrás de Santiago Abascal, el líder de la formación.

Armengol, que durante el debate ha llamado al orden a Mariscal por los mismos gritos, no ha hecho ninguna advertencia en esta ocasión. El diputado socialista Rallo ha tildado de «filonazis» a los integrantes del tercer partido del Parlamento. Y a la salida del pleno, mientras contestaba a los periodistas de manera breve sobre el debate, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha visto increpada por los diputados de Vox, uno de ellos, Ignacio Hoces, quien también ha proferido varios gritos durante el pleno.

En medio de esa tensión, el Gobierno ha preferido optar por un discreto papel, y su pronunciamiento se ha limitado a una breve intervención al finalizar el debate, en el escritorio continguo al Hemiciclo, del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que apenas ha admitido dos preguntas de los medios, como es su proceder habitual. Bolaños ha asegurado que la ley de amnistia «nace con respaldo social», como a su juicio se pudo ver en las elecciones catalanas del 12 de mayo, y con «respaldo jurídico», en alusión al dictamen de la Comisión de Venencia que, según el Ejecutivo ha venido repitiendo, «avala» la norma. Aunque en realidad le pone serias objeciones, e incluso a su tramitación por la vía de urgencia, mediante una proposición de ley del Grupo Socialista y no con un anteproyecto del Consejo de Ministros, lo que hubiera obligado a un trámite consultivo obviado con esta fórmula.

Bolaños ha preferido ser cauto sobre la futura aplicación de la ley, que aún no está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuyo desarrollo puede depender de diversas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «La decisión última sobre una ley la tienen los magistrados y jueces, como no podía ser de otra manera. Es decir, que una vez que entre en vigor, después serán los jueces y tribunales de este país los que tendrán que aplicar la ley de amnistía», ha señalado al respecto Bolaños, que fue quien antes de la investidura de noviembre llevó al registro del Congreso la proposición de ley del Grupo Socialista, que luego ha sido enmendada en varias ocasiones por los partidos independentistas, que incluso en el caso de Junts per Catalunya llegaron a tirar hacia atrás la norma en una primera votación.

El pago de la amnistía, el principal que le exigían a Sánchez sus socios, llega en medio de la campaña electoral de las europeas y con un escenario incierto aún sobre la gobernabilidad en Cataluña, después de la victoria en las elecciones catalanas de mayo del líder del PSC, el exministro Salvador Illa. Algo que no es ajeno, como es obvio, a la situación en la que quede a partir de ahora Carles Puigdemont.

El presidente del Gobierno ha cumplido con esa primera exigencia de sus socios, que ahora le reclaman ya el referéndum de independencia en Cataluña, como ha quedado de manifiesto durante el debate en las intervenciones de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y el de ERC, Gabriel Rufián. De eso se habla desde finales de 2023 en Ginebra en la mesa de negociación abierta en la capital suiza con Junts, que por parte socialista lidera el número tres del partido, Santos Cerdán.

De momento el Ejecutivo niega la posibilidad de conceder esa consulta secesionista, como hizo recientemente la portavoz, Pilar Alegría. Hace justo un año, se cumplió el miércoles, Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al mes de julio tras el batacazo territorial del PSOE en las autonómicas y municipales. Entonces se negó con contundencia la posibilidad de amnistiar a Puigdemont. Con la misma con la que ahora se niega el referéndum.