Del «Gobierno ilegítimo» a la «violencia política»: los motivos de Vox para censurar a Sánchez

La mayor diferencia respecto a la anterior, que Santiago Abascal no será el candidato. Vox contará con un independiente, el economista Ramón Tamames, histórico dirigente del PCE, para intentar desbancar al actual presidente.

Al partido le sobran los motivos para volverlo a intentar, pese al descalabro de su primera iniciativa, en octubre del 2020, cuando solo cosechó el apoyo de sus 52 diputados. En 44 páginas, Vox desgrana sus razones.

El primer motivo que alega Vox en su segunda moción de censura es también el argumento más manido y primigenio que lanzó Abascal, ya desde la investidura de Sánchez, para oponerse a la coalición de PSOE y Unidas Podemos. A pesar de que el presidente, guste o no, fue elegido democráticamente por una mayoría del Congreso –conformada a su vez en las elecciones generales de noviembre del 2019–, Vox insiste en que el Gobierno es «ilegítimo».

«Se trata de un ejecutivo ilegítimo en su origen, por estar asentado en la mentira y la traición a aquellos españoles que dieron su voto al PSOE», recoge Vox, con la mente en los 'problemas de sueño' que iba a tener Sánchez si gobernaba con Podemos, o en el «jamás» que le dedicó a posibles pactos con Bildu.

En este punto, estrechamente ligado con el anterior, Vox se centra especialmente en Bildu y ERC. Su posición en la investidura fue clave para no hacer caer la candidatura de Sánchez, pero, después, ambos se han convertido en socios de legislatura bastante estables, determinantes por ejemplo para aprobar los tres últimos Presupuestos Generales del Estado.

Vox subraya que hay 379 crímenes de ETA sin resolver y que el Gobierno ha cambiado el Código Penal a medida de los independentistas para derogar la sedición y rebajar las penas de la malversación «sin ánimo de lucro»; los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del 'procés'. La alusión a ETA es porque Bildu es una coalición que integra a Sortu, partido heredero de la ilegalizada Batasuna, que en su día fue el brazo político de la ya disuelta banda terrorista.

Recientemente, Irene Montero denunció la «violencia política» que según ella ejerce Vox, después de que una diputada la atacase personalmente en un debate parlamentario. El partido, en su moción, garantiza que esa «violencia política» se ejerce contra ellos desde 2018, con la llamada «alerta antifascista», y recuerda que Pablo Echenique, de Podemos, puso en duda una agresión a una diputada de Vox diciendo que era «un bulo como una catedral» y que en la frente no tenía sangre, sino «un poco de kétchup».

El Tribunal Constitucional dio la razón a Vox parcialmente en sus recursos contra los estados de alarma decretados por el Gobierno para hacer frente al coronavirus. El órgano de garantías, en el primero, estimó que no se habían restringido derechos sino suspendido, por lo que habría sido necesario un estado de excepción. En el segundo caso, cuestionó el exceso de competencias cedidas a las comunidades autónomas y la duración del mismo; seis meses sin pasar por el Congreso. A pesar del gran éxito jurídico de Vox, entonces, con la herida aún de la anterior moción, no presentó otra.

Vox detalla el «asalto a las instituciones» que según él ha perpetrado Sánchez, con ejemplos de «instrumentalización mafiosa del sector público». Por un lado, señala los movimientos efectuados para «controlar» el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, con el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del órgano de garantías como último ejemplo, pero por otro apunta también que situase a Dolores Delgado como fiscal general del Estado cuando acababa de ser ministra y diputada, la figura de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas...

Vox cree que la Ley de Memoria Democrática tiene «la deliberada voluntad de quebrar la convivencia de los españoles». «Nunca un ejecutivo constitucional había evidenciado tanto sectarismo y tanto desprecio por la concordia nacional», apostilla. El partido promete derogar la ley nacional y presiona ya al PP para que haga lo propio en las comunidades con leyes de memoria histórica autonómicas.

Los efectos indeseados de la 'ley del solo sí es sí', con rebajas de penas e incluso excarcelaciones de agresores sexuales, son uno de los principales motivos para Vox para votar a favor de esta moción de censura. El partido ya advirtió de esta posibilidad durante el debate parlamentario de la norma y ahora avisa: la libre autodeterminación de género de la ley trans, según argumenta, puede tener de nuevo consecuencias colaterales que disminuyan la seguridad de las mujeres.

Aunque no aparece en el texto de la moción de censura, en paralelo a su registro se están conociendo los entresijos del caso Mediador, con el Tito Berni, exdiputado socialista, como uno de los presuntos cabecillas de la trama de mordidas. Los portavoces de Vox insisten estos días en que es «un motivo más», entre los muchos que sí recogen en su iniciativa, para intentarlo «todo» para echar al Gobierno.