El afán de Moncloa por endurecer el control sobre RTVE mutila el poder de su cúpula

Un informe de los letrados del Congreso emitido en 2011 advirtió sobre estas situaciones. Dado que el nombramiento del presidente de la corporación RTVE le corresponde al Parlamento, debe ser éste quien nombre al sustituto cuando se produce una vacante. El problema para el Ejecutivo de Sánchez es que está apurado por los tiempos y por su debilidad parlamentaria: no tiene garantizada la mayoría cualificada de tres quintos de los diputados con la que debe decidirse la presidencia de RTVE; y el calendario le aprieta, con tres citas electorales el próximo año, las municipales autonómicas en mayo, y las generales en noviembre –salvo que Pedro Sánchez opte por adelantarlas–.

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Las prisas que se ha dado el Gobierno para forzar el relevo al frente de RTVE le ha permitido ganar tiempo al hacerlo ya para reforzar su control sobre el ente, pero a costa de perder poder efectivo. Elena Sánchez no puede decidir sobre asuntos de calado como nombramientos, destituciones o contratos de más envergadura, los de mayor importe. Eso debe decidirlo el Consejo de Administración a propuesta de una presidencia ejecutiva.

El control más directo queda ahora en un segundo peldaño: el director de Contenidos de RTVE, José Pablo López, con competencias en contratos de producción de programas hasta cierto importe; y el jefe de informativos del ente, Pep Vila. Ambos son hombres de Moncloa. Pero su poder es limitado, ya que las grandes decisiones requieren de la presidencia, que se ha quedado sin poderes ejecutivos.

Fuentes parlamentarias y relacionadas con la cúpula del ente público apuntan a que, para salvar estos escollos, Moncloa podría intentar maniobras con las que convertir a Elena Sánchez en presidenta ejecutiva sin seguir el procedimiento de la elección por tres quintos del Congreso. Una posibilidad sería promover su nombramiento en una segunda votación por mayoría simple de la Cámara, vía que genera dudas. De ahí que el Consejo de Administración de RTVE haya decidido pedir un informe de legalidad a los servicios jurídicos del Congreso, para que digan si sería válida una elección por mayoría simple.

Las mismas fuentes apuntan a que otra posibilidad sería que PSOE y Unidas Podemos aprovechen su mayoría en el Consejo de Administración de RTVE para modificar las normas y dar poderes ejecutivos a Elena Sánchez sin contar con el Congreso, que el holding empresarial estatal SEPI dé el visto bueno a ese cambio normativo y lo eleve al Consejo de Ministros para su aprobación. «El Gobierno podría estar tentado en esta vía, aunque es evidente que supondría invadir una competencia del Congreso y podría acabar en los tribunales, pero es probable que cuando llegara la resolución ya hubieran pasado las elecciones», indican estas fuentes.