La España rota de la memoria histórica

Hasta ahí llegó la concordia: lo siguiente fue memoria histórica de Zapatero, a la que Mariano Rajoy le metió sordina pero no la derogó, y de la que Pedro Sánchez ha hecho una excelencia de la propaganda, siempre con el apoyo de la izquierda radical y el independentismo. El pasado jueves, las Cortes de Aragón derogaron la ley de memoria autonómica que había aprobado el socialista Javier Lambán, lo que ha provocado una reacción frontal del Gobierno de España.

Hoy, en abril de 2024, el balance del revisionismo de parte que inició Zapatero es, pues, unaEspaña rota y dividida. Y quien sufre es el espíritu de la Transición, que no sólo significa el abrazo entre los dos bandos, sino que también incluyó la reparación moral y económica de los perdedores.

Así lo reconoció la comisión de memoria histórica que montó Zapatero y que presidió su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega: desde la Transición hasta 2005 a la reparación de las víctimas se destinaron 16.000 millones de euros. Hagamos memoria.

Hace tres años que ha muerto Franco, dos desde la Ley para la Reforma Política, y está a punto de aprobarse la primera Constitución con consenso de la Historia de España. El Rey Juan Carlos viaja a México y visita a Dolores Rivas Cherif, viuda de Manuel Azaña, último presidente de la II República antes de la Guerra Civil. Ella toma la palabra, emocionada: «Cuánto le hubiera gustado a don Manuel vivir este día, por que él quería la reconciliación de todos los españoles».

MEMORIA DE HECHOS

20 de noviembre de 1978

El Rey y Azaña

Los Reyes viajaron a México en 1978, pocos días antes de la aprobación de la Constitución. Visitaron al exilio republicano y a la viuda de Manuel Azaña: Dolores Rivas Cherif. «Cuánto le hubiera gustado a don Manuel vivir este día. Él quería la reconciliación entre españoles»

Octubre de 1977

Abrazo en el Siglo XXI

Manuel Fraga, exministro de Franco, presentó una conferencia del líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo. 40 años después, la izquierda y la derecha discrepan entre sonrisas.

El Monarca responde mientras le coge la mano y la ayuda a tomar asiento: «Lo sé, señora, lo sé, he leído sus obras, y lo sé». Y un discurso a los miles de republicanos exiliados que acuden a conocer a esos jóvenes reyes: «Hemos esperado esta ocasión muchos años. Sabemos que habéis pasado muchas dificultades. Pero este momento lo compensa todo y nos llena de emoción veros aquí. Os prometo trabajar por todos vosotros».

Manuel Fraga, exministro de Franco, presenta una conferencia del líder comunista, Santiago Carrillo. Así lo contó ABC entonces: «El abrazo que se dieron los dos veteranos políticos representó mejor que ningún otro gesto el intento sincero de superar las heridas que la guerra civil dejó en nuestro país, la reconciliación de las dos Españas decididas a convertirse en una sola». Dice Fraga: «Estamos ante un comunista de pura cepa, y si él me lo permite, de mucho cuidado; por eso interesa oírle». Responde Carrillo: «En efecto, están ustedes ante un comunista de pura cepa. Reconozco lo que tiene de elogio en boca de mi ilustre presentador el añadido de que soy de «mucho cuidado»; pero, con su permiso, creo sinceramente que exagera. Somos conscientes de que el 15 de junio el país no votó por la transformación socialista de la sociedad, sino simplemente por el cambio democrático y respetamos fielmente el fallo popular».

Declaración del Partido Comunista de España: «Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español». Dos frases importantes. La primera: «Una nueva generación de españoles que no vivió la Guerra Civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos.

MEMORIA DE HECHOS

25 de noviembre de 1975

Indulto general

Cinco días después de la muerte de Franco, el primer Consejo de ministros del Rey aprobó un indulto general. Después hubo dos amnistías.

20 de noviembre de 2002

La última unanimidad

Gobernando José María Aznar con mayoría absoluta, el Congreso de los diputados condenó el golpe de Estado del 18 de julio y el reconocimiento moral de las víctimas. Fue la última unanimidad.

Y no podemos, sin incurrir en tremenda irresponsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte». Y dos, sobre una futura amnistía «largamente pedida por la izquierda de este país».

El Congreso, con mayoría absoluta del PP, con José María Aznar presidiendo el Gobierno, condenó el 18 de julio. Así lo contó El País: «El día en que se cumplían 27 años de la muerte del dictador Franco, la oposición logró un objetivo perseguido casi desde que el PP llegó al poder: la condena del golpe militar del 18 de julio de 1936. Ante una batería de iniciativas sobre reapertura de fosas comunes y ayudas al exilio, el PP optó por la calle de en medio: pactó con todos los grupos una resolución contundente, en la que se condena el alzamiento, se hace un 'reconocimiento moral' a quienes 'padecieron la represión de la dictadura franquista' y se prometen ayudas para reabrir las fosas comunes. Se aprobó por unanimidad».

Aquel día de 2002, hoy hace 22 años, la derecha democrática solo puso una condición: que se acabara ese rosario de iniciativas de la izquierda. Pero ese ánimo solo duró dos años más. Esa fue la última vez que España respiró abrazada.

El concepto de memoria histórica llegó con Zapatero en 2004, y con él se acabó la concordia, pues consideró este asunto como prioritario nada más llegar a La Moncloa y decidió ponerlo en marcha con o sin la derecha: organizó la Comisión De la Vega, presidida por la vicepresidenta socialista a la sazón sobrina de uno de los dos procuradores franquistas que presentó una enmienda a la totalidad contra la Ley para la Reforma Política de 1976.

Menos de tres meses después de su llegada al poder, el 1 de junio, el Congreso encargó por iniciativa de la izquierda un estudio sobre los daños y perjuicios ocasionados por la contienda y la represión: memoria y homenaje, indemnizaciones y pensiones, archivos, revisión de juicios, bienes incautados, exilio, fosas comunes y subvenciones.

Se reactivó entonces el rosario de reclamaciones desde la izquierda y desde el entonces nacionalismo periférico: ERC pide la rehabilitación de Lluis Companys, IU exige la retirada inmediata de símbolos franquistas de los edificios públicos, se aprueban medidas en las comisiones Constitucional, de Defensa, de Economía; y también en el Senado. Finalmente, en 2006 se aprueba Ley de Memoria Histórica, con el Congreso partido por la mitad.

MEMORIA DE HECHOS

Junio de 2004

La Memoria Histórica

Zapatero puso en marcha su proyecto de memoria histórica. Se acabó la concordia.

19 de octubre de 2022

La Memoria de Sánchez

Sánchez aprobó una segunda ley con la izquierda radical y el independentismo. Y sin la derecha.

La ironía es que el dictamen de la Comisión De la Vega es un reconocimiento explícito de que la Transición y todos los gobiernos posteriores buscaron la reparación y restitución moral y económica de las víctimas, y siempre por consenso. Su dictamen concluye que desde el indulto general que aprobó el primer Consejo de Ministros del Rey, solo cinco días después de la muerte de Franco (que muy pronto se extendió) a la primera ley de amnistía (julio del 76), se produjo «un verdadero salto cualitativo: el perdón, como acto de gracia que permite recuperar la libertad, ya no se reserva al ejercicio de una prerrogativa del Ejecutivo (indulto), sino que ahora se manifiesta como expresión de una decisión adoptada en sede parlamentaria y, por tanto, directamente conectada a la voluntad ciudadana de olvidar».

De modo que el gran triunfo de la concordia en esta cuestión se produce con la Ley de Amnistía de 1977, la gran reclamación de la izquierda y el nacionalismo, una ley ampliamente consensuada. E insiste la Comisión De la Vega: «Es el más significativo hito de todo el proceso de reparación y restitución de la libertad personal a quienes fueron privados de ella por razones políticas vinculadas a la guerra y a la dictadura, desde el inicio mismo de la transición a la democracia se habían adoptado ya algunas importantes decisiones en esa dirección».

Pero no solo hubo voluntad política. El informe reconoce y cuantifica la «ingente labor» desarrollada desde la Transición en materia de reconocimiento de prestaciones a los damnificados por la Guerra Civil: solo en dos años, el Gobierno de Suárez destinó unos 45.000 millones de pesetas para el año 1980 y se acercó a 60.000 millones en 1981: casi 300 millones de euros de la época, lo que generó problemas en las arcas públicas, que UCD defendió así: «Un esfuerzo necesario, ya quela justicia distributiva y la reparación moral y económica de personas que sufrieron lesiones derivadas de una contienda fratricida así lo exigían».

MEMORIA DE HECHOS

24 de octubre de 2019

Exhumación de Franco

Sánchez se comprometió a exhumar a Franco y a resignificar el Valle de los Caídos. Lo hizo en directo y hasta con helicóptero.

Desde el 77 hasta el zapaterismo el Estado había destinado más de 16.000 millones de euros a la reparación de las víctimas. ¿Suficiente? La izquierda radical cree que no, pero hasta Zapatero reconoció la voluntad política. La propia Comisión De la Vega lo concluye así: «Leyes tan relevantes como la de Amnistía promulgada en 1977 acabaron con los efectos más graves y evidentes de la represión política; diversas medidas vinieron a reconocer títulos o pensiones a más de medio millón de personas, en un esfuerzo que toda la sociedad compartió y apoyó, pese a encontrarse en un momento de grave crisis económica. Ha sido, sin duda, una actividad rehabilitadora y reparadora que se ha venido complementado, de diferentes modos, en años sucesivos por las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos. Mucho se ha hecho, por tanto».

Sin embargo, y a pesar de sus propias conclusiones, el Gobierno de Zapatero decidió seguir adelante renunciando al consenso y en 2007 aprobó su Ley de Memoria Histórica. Trece años después, el tercer presidente socialista de la democracia dio una nueva cuenta de tuerca y aprobó, de nuevo sin consenso, la Ley de Memoria Democrática. Es más, no se pactó con la derecha pero sí con Bildu, que logró extender el marco temporal a 1983.

En 2024, España está fracturada. La izquierda acusa a la derecha de connivencia con el franquismo por no apoyar sus leyes ideológicas, y la derecha responde de tres maneras: o dejando morir el asunto para no agitarlo, como demostró el presidente Mariano Rajoy durante su mandato incumpliendo su compromiso de derogar la Ley de Zapatero pero retirándole los fondos (en un contexto de recesión económica, también es cierto), o respondiendo derogando leyes socialistas o aprobando nuevas leyes de memoria.

El primero en mover ficha en la derecha ha sido el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), que el jueves pasado derogó la ley de memoria aprobada por su antecesor, Javier Lambán. En declaraciones a ABC, Azcón insiste en que él se ha limitado a derogar la ley anterior, y que eso tiene un difícil recurso por parte del Gobierno porque supone negar la capacidad de una Cámara legislativa de derogar una ley aprobada previamente por ese mismo Parlamento. Su plan es, después, aprobar una ley de concordia que reivindique la Transición. «De lo que nos sentimos herederos es de la Transición española y de la reconciliación, y no de que unos españoles estén enfrentados con otros. Nuestra ley de concordia quiere hablar en positivo de nuestro país y fijarse en lo que nos une. Una ley que pueda ser de todos, porque yo a quien reivindico es a Adolfo Suárez».

MEMORIA DE HECHOS

4 de abril de 2024

La derecha se mueve

Jorge Azcón ha sido el primer presidente de la derecha en derogar una ley.

4 de abril de 2024

Sánchez en la cripta

Sánchez inauguró el trimestre electoral visitando la cripta del Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros

Lo que más duele a la izquierda es la intención de que, puestos a mirar hacia atrás, se revisen también los años de la II República, el intento de golpe de estado de la izquierda y los abusos cometidos por esta, especialmente al calor de la revolución de Asturias de 1934. El Gobierno de España ya ha dicho que va a recurrirlas ante el Tribunal Constitucional y a llevarlas ante la ONU y organismos internacionales. Fuentes del Ejecutivo aseguran a ABC que su voluntad es llegar a acuerdos antes de que esos recursos prosperen: «Con el PP no habría problemas, pero con Vox…».

Obviando las estrategias partidistas lo cierto es que dieciocho años después de que el Gobierno de Zapatero aprobara el proyecto de Ley de Memoria Histórica, el balance es una España fracturada. O mejor dicho: las dos Españas, otra vez. En medio, no son pocas las voces que tratan de elevarse y apelar a la concordia.

Especialmente significativa es la de Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente de la Transición, que desde la fundación del PP de Pablo Casado impulsó una ley de concordia que buscaba recuperar los valores de aquel proceso, esos mismos que reconoció la Comisión De la Vega y que Zapatero no quiso prorrogar.

Tampoco Sánchez, que en su afán de situar este tema sin consenso y con cámaras arrancó el jueves el maratón electoral en un acto en el Valle de los Caídos, hoy rebautizado como Cuelgamuros: su comparecencia con cámaras de Moncloa y sin medios de comunicación en la cripta para supervisar las labores de exhumación enfadó mucho a las familias de las víctimas, que llevan nueve meses esperando.

Tan es así, y tal es la improvisación preelectoral, que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una queja al Gobierno por la visita de Sánchez al Valle de Cuelgamuros tras verle recorrer una exposición de cráneos y restos óseos de víctimas cuya identidad no han podido cotejar ni los propios familiares.

Porque entre todo este ruido político sí se cuela un tema que genera apoyo social: la búsqueda de fosas de la guerra. Las asociaciones de víctimas no disponen de una cifra oficial de exhumados y restos aún en cunetas. La cifra de desaparecidos tiene su origen en un auto del hoy exjuez Baltasar Garzón del año 2006 y que los sitúa en 114.226 los fusilados. En 1959, restos de fosas y enterramientos de toda España, tanto de fallecidos en el bando republicano como en el bando nacional, fueron trasladados hasta el Valle de los Caídos. Se calcula que en ese momento llegaron a Cuelgamuros cajas fúnebres con restos de más de 11.000 personas.

Por otra parte, Patrimonio Nacional tiene documentado el lugar exacto de las capillas de la Basílica donde se depositaron por las inscripciones que se recogían en éstas. En la capilla del Santísimo, la del bando nacional, existen restos registrados correspondientes a 10.545 personas y en la del Santo Sepulcro, la del bando republicano, el registro arroja la cifra de material óseo de otras 18.301.

Como declaró el historiador Santos Juliá a ABC en 2006,«imponer una memoria colectiva o histórica es propio de regímenes totalitarios o de utopías totalitarias. Las guerras civiles sólo pueden terminar en una amnistía general». Esto sucedió en 1977, por petición de la izquierda y por consenso. Lo resumió muy bien en 2021 Felipe González, primer presidente socialista del Gobierno: «Preferimos ser hijos de la democracia que nietos de la Guerra Civil».