Pedro Sánchez arranca el maratón electoral en el Valle de Cuelgamuros

Todo al mismo tiempo que se anunciaba una ofensiva en defensa de la Ley de Memoria Democrática y antes de concluir el día en la Biblioteca Nacional con motivo de una exposición por el centenario de Luis Martín-Santos, autor de 'Tiempo de Silencio', obra señera de la posguerra, en un acto al que también asisitó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Minutos antes de las seis de la mañana el avión presidencial aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), y pocas horas después visitó en secreto el anteriormente Valle de los Caídos, acompañado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y por el Secretario de Estado, Fernando Martínez. El equipo audiovisual de la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) grabó con detalle la visita para luego editar las imágenes que coparon todos los informativos de televisión, sin que los medios de comunicación pudieran tomar las suyas propias. La SEC informaba de la visita en una nota de prensa donde se daba cuenta de que el presidente había acudido al conjunto monumental de San Lorenzo de El Escorial para «conocer 'in situ' las tareas de recuperación de 160 víctimas reclamadas por sus familias».

Noticia Relacionada

La Junta reprocha al Gobierno que «cumplió los deseos de Bildu» con la Ley de Memoria Democrática

J. M. A.

Rechaza «lecciones» del Ejecutivo central tras al anuncio de que llevará las normas de Concordia de PP y Vox a la ONU y Europa al considerar que atentan contra los derechos

Las cámaras gubernamentales captaban a Sánchez paseando por la basílica, y luego enfundando en un EPI (equipo de protección individual), recibiendo las explicaciones del eminente forense Francisco Etxeberria y su equipo, los encargados de la localización e identificación de los restos mortales. Casi al mismo tiempo, el equipo de comunicación de Moncloa difundía una ofensiva por tierra mar y aire contra las leyes sobre la materia impulsadas en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valencia, tres comunidades gobernadas por coaliciones del Partido Popular (PP) con Vox, que el Ejecutivo considera derogatorias de la Ley de Memoria Democrática aprobada la legislatura pasada con el apoyo de ERC y Bildu. Moncloa acudirá hasta a la ONU por lo que considera una violación incluso del Convenio de Derechos Humanos. «El Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos», señalaba el Gobierno.

Uno de los concernidos, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, contestó que la ley que aprobarán las Cortes de esa región será «plenamente respetuosa con las leyes nacionales que son objeto de referencia y muy particularmente con la ley de leyes, que es la Constitución Española». Y señaló igualmente que la Proposición de Ley de Concordia se centra «fundamentalmente» en ampliar el número de víctimas con el fin de llegar con «más apoyos y con más ayudas». El portavoz del Gabinete de Alfonso Fernández Mañueco añadió que no admitiría «ningún tipo de ejemplo o ningún tipo de crítica sobre aquellos que han hecho una Ley de Memoria Democrática que ha sido inspirada por Bildu y que incluye un amplio periodo de la democracia española como consecuencia y como petición de Bildu», afirmó en referencia a la extensión hasta 1983, por petición de los de Arnaldo Otegi, del periodo que abarca la norma.

Además de a la ONU, Moncloa acudirá al Consejo de Europa, que incluye a más países que los 27 de la Unión Europea (UE), para solicitarle tres actuaciones: un debate urgente en su Asamblea Parlamentaria, que se ponga en conocimiento «la gravedad de la situación» a su Comisario de Derechos Humanos y, por último, que se solicite «la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos del PP y Vox».

El Gobierno también anunciaba un debate al respecto en la Eurocámara, si bien a esta institución sólo le quedan dos sesiones donde podría tener lugar, y en una de ellas ya no se puede cambiar el orden del día, informa desde Bruselas Enrique Serbeto. Desde la capital comunitaria, donde asistía a la reunión de ministros de Exteriores de la Otan, José Manuel Albares apuntaló que había dado órdenes para acometer todas estas acciones.

Ya el martes el Consejo de Ministros estudió el eventual recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de las normas de marras, y el propio ministro Ángel Víctor Torres dejó claro en la rueda de prensa posterior que intentarían negociar con los gobiernos valenciano, aragonés y castellano y leonés para que rectificasen sus respectivas normas, pero que en caso contrario acudirían en amparo al TC.

Con todos esos frentes abiertos, y con tres iniciativas en trámite en otros tantos parlamentos autonómicos, Moncloa se garantiza que el debate sobre la memoria histórica esté presente en los celéricos meses de contienda electoral que están por delante, y que salvo en el caso de las catalanas el PSOE afronta con serias dificultades.

En la Biblioteca Nacional, a pocas horas de que arrancase la campaña vasca, y en el citado homenaje a Martín-Santos, Sánchez acusó veladamente a la derecha de pretender «embellecer» la dictadura franquista «reescribiendo la historia, valiéndose de una memoria mutilada. Mancillando incluso el sentido de una de las palabras más hermosas de nuestra lengua, la palabra concordia», concluyó.