El Gobierno acusa a Mazón de comprar la política migratoria «racista» de Vox para mantenerse en el poder

Este lunes, mientras Mazón realizaba una declaración institucional en la que ha anunciado que la Comunidad Valenciana no aceptará más menores inmigrantes no acompañados derivados del Gobierno de España, en Madrid, la ministra Saiz celebraba la conferencia sectorial de inmigración con los consejeros autonómicos del ramo.

Preguntada por las declaraciones de Mazón, Saiz ha criticado con dureza que el Partido Popular selle un principio de acuerdo de presupuestos acercándose a las tesis «xenófobos y racistas de Vox».

El presidente valenciano ha abrazado los postulados más duros de los de Abascal —que de un tiempo a esta parte reclaman que para que haya entendimiento con el PP, este debe adoptar su visión en materia de inmigración— llegando a asegurar que la Comunidad Valenciana trabajará para devolver a los menores inmigrantes de los centros de acogida valencianos «de vuelta con sus padres», es decir, a sus países de origen. A este respecto, la ministra Saiz ha respondido que esas expulsiones se encuentran «completamente fuera de sus competencias».

«El señor Mazón se ha arrastrado ante Vox de una manera absolutamente injustificada simplemente para tapar su nefasta gestión de la dana y por mantenerse en el poder», ha sentenciado la titular de Migraciones. Con este nuevo acercamiento a Abascal el presidente de la Generalitat «contradice por completo a su vicepresidente (Francisco José Gan Pampols)», aseguraba Saiz, ya que el Ejecutivo regional recibió como una buena noticia el plan del Gobierno para regularizar de forma extraordinaria a 25.000 inmigrantes en situación irregular afectados por la dana que anegó 64 municipios de la Huerta Sur de Valencia.

Sin embargo, el discurso de este lunes desde el palacio de la Generalitat Valenciana era bien distinto. Mazón asegura que ya no hay cabida en Valencia para más inmigración irregular y ha llegado a pedir a la Delegación del Gobierno que haga público el número total y la nacionalidad de las personas detenidas por pillaje durante los peores momentos posteriores a la riada del 29 de octubre.

Según el 'president', Valencia «ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez», haciendo alusión al posible futuro pacto entre el Ejecutivo y Canarias para repartir a los 4.400 menores hacinados desde verano en el archipiélago por todo el territorio español que podría ver la luz esta semana.

En el marco de la conferencia sectorial de inmigración, las consejeras autonómicas de Madrid y de Murcia han expresado en sendas declaraciones su conformidad con las críticas de Mazón al modelo migratorio del Gobierno Central. Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León (PP), aseveraba que la «inacción» del Ejecutivo ha desembocado en una grave crisis migratoria y ha consolidado a España «como transportista de las mafias»

De igual forma, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la región de Murcia, Conchita Ruiz (PP), ha denunciado, del mismo modo que Mazón, que los recursos para la acogida de menores migrantes no acompañados están «totalmente tensionados y desbordados». En el caso de Región de Murcia, los centros se encuentran a un 200% de su capacidad, por lo tanto ahora mismo el Gobierno de López Miras asegura que no puede asumir la acogida de ningún menor más. «Lo importante es que se establezca una política de Estado y que venga financiada íntegramente por el Gobierno», ha concluido Ruiz.

La conferencia sectorial de inmigración, la cuarta que preside Saiz desde que es titular de la cartera de Migraciones, se ha celebrado con el pacto entre PSOE y Junts para delegación de «competencias estatales» en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, como telón de fondo. En un principio este punto no estaba recogido en el orden del día, pero ha sido incluido 'in extremis' a petición del resto de representantes autonómicos y aprobado por unanimidad.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han llegado a plantear que la conferencia fuera monográfica y la ministra compareciera para explicar en profundidad el acuerdo suscrito para llevar a cabo esa «delegación» de competencias. Finalmente, este asunto no se ha tratado como punto único, pero los consejeros autonómicos no renuncian a esto, llegando incluso a solicitar a la ministra que convoque una conferencia extraordinaria para tratar el acuerdo en profundidad.

Sobre lo que se ha discutido acerca de esta potencial delegación competencial, la consejera madrileña aseguraba que les han «intentado convencer con un juego de malabares de palabras de que es una delegación, pero es una cesión de competencias en toda regla que pone en riesgo la seguridad nacional y que no deja claro cuáles son las competencias reales que va a asumir el Gobierno de la Generalitat».

Dávila aseguraba también que, a pesar de sus múltiples preguntas, de momento no hay respuestas sobre cómo se van a ejercer esas competencias, por ejemplo, en materia de devoluciones o en materia de autorización de residencias, algo que ha quedado en tela de juicio después de que Junts haya afirmado categóricamente que, de aprobarse la norma, en Cataluña se comenzará a exigir a los solicitantes del permiso de residencia que acrediten un nivel básico de catalán.

A este respecto, la consejera catalana de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha insistido en que tanto el requisito de hablar catalán como la posibilidad de transferir la fronteras a Cataluña, son cuestiones que no se contemplan en la proposición de ley registrada. Martínez se ha mostrado partidaria de reunirse de nuevo en una conferencia extraordinaria para profundizar más en este pacto con Junts, abogando por proceder con la mayor transparencia posible.

En la reunión, además, se ha abordado la implantación temprana en España del Pacto comunitario de Asilo y Migración, la reforma del reglamento de extranjería que entra en vigor el próximo 20 de mayo y la situación actual del fenómeno migratorio que, según la consejera catalana, ha amainado en los últimos tres meses.