Las víctimas del terrorismo alertan sobre la hoja de ruta de Bildu con los presos de ETA

Aquella declaración de intenciones, desvelada por el 'Diario de Navarra', empezó a cobrar concreción en una rueda de prensa que el viernes ofreció la plataforma de apoyo a los presos Sare. Reclamaron quitar la competencia sobre vigilancia penitenciaria a la Audiencia Nacional para entregarla al País Vasco, dando por hecho que así, a los suyos les irá mejor en sus pretensiones. En realidad, la aspiración es remover todos los cambios introducidos en 2003, cuando, en términos generales, se endureció el reproche penal contra el terrorismo.

Esa declaración pública ha generado cierta inquietud entre las víctimas, que han visto cómo en una sola legislatura se han entregado las competencias de prisiones al País Vasco, se ha abolido la política de dispersión de los presos de ETA y todos -menos los navarros- han sido acercados a sus cárceles. También que allí acceden con facilidad a permisos penitenciarios y progresiones al tercer grado.

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En poco más de un año, el Departamento de Justicia, con 143 presos de ETA a su cargo, ha concedido 47 terceros grados de los que la Audiencia Nacional ha revocado 12 y tiene 5 suspendidos por recurso del fiscal, según recoge el Observatorio de Política Penitenciaria de AVT. No cumplían los requisitos legales.

«Aquí hay una hoja de ruta para vaciar las cárceles a partir de una serie de reformas clave que se pueden facilitar si se quiere», explica la abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo Carmen Ladrón de Guevara. «Ellos son muy conscientes de que una amnistía no tiene amparo legal, así que siguen otro camino. Una vez que la primera fase se ha completado y todos los presos están en el País Vasco, se abre la siguiente fase con reivindicaciones que no son nuevas, pero que con el papel clave que tiene Bildu, cobran otra dimensión», dice.

Se refiere a quitar a la Audiencia Nacional la competencia de vigilancia penitenciaria, sí, pero también a suprimir el cumplimiento íntegro de las penas derogando el límite de 40 años, cambiar los periodos de seguridad para que lleguen antes a los terceros grados o modificar la normativa de reconocimiento mutuo para que se puedan restar las penas saldadas en Francia. Temen pactos bajo cuerda en este sentido a cambio de la investidura.

En el caso de la Audiencia Nacional, la reforma a la que hacía referencia Sare, lo fue también en 2003. Hasta aquella fecha, eran los juzgados ordinarios quienes se encargaban del control de los presos y el seguimiento del cumplimiento de las penas impuestas por terrorismo en este órgano judicial, que no tenía un departamento específico para ello.

Se creó entonces el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para, como explicaba el preámbulo de la reforma, evitar «una disociación no deseada que menoscaba la eficacia general de la política criminal», que se podía estar produciendo por «la desconexión» entre las funciones de instrucción y enjuiciamiento de los hechos y la ejecución de las penas impuestas.

El objetivo, así, era «conseguir una unificación de criterios en el marco del control de las penas en el ámbito de los delitos instruidos y enjuiciados por la Audiencia Nacional». Y, con puntuales excepciones, así ha sido, como a la hora de establecer el perdón y el arrepentimiento como baremo para avalar los permisos penitenciarios. Para Sare, como para esa parte (mayoritaria aún) del abertzalismo que ha asumido que reivindicar la amnistía es un callejón sin salida, todas estas medidas forman parte de una legislación de excepción que debería, por tanto, revocarse.

La cuestión es que no sólo afectaría a los presos de ETA, también a los yihadistas, que se verían beneficiados, llegado el caso. «La izquierda abertzale y sus partidos no se han movido un ápice, siempre piden impunidad. Si ven que la Audiencia Nacional es un obstáculo para que los presos de ETA salgan de la cárcel antes de lo debido, en vez de reflexionar y asumir que el camino es el arrepentimiento, el perdón y la colaboración con la justicia, lo que dicen es 'nos cargamos el órgano que hace cumplir la ley'», subrayan en Covite. Ven en todo caso, complicado que prosperen reformas con este calado.

En Dignidad y Justicia, mientras, lo que destaca su presidente Daniel Portero es que pasar Vigilancia Penitenciaria al País Vasco sería «entregar a los propios etarras de Bildu, que será quien se haga con el próximo ejecutivo autonómico, la llave para sacar de prisión a sus colegas». Al final, apostilla el vicepresidente, Víctor Cotobal, «la Audiencia Nacional se opone a las progresiones de grado porque los terroristas no se arrepienten ni colaboran».

«Ya no quedan líneas rojas, se traspasaron hace muchísimo tiempo -añade Ladrón de Guevara-. Una era exigir colaboración con la justicia como síntoma de reinserción necesario para que el preso mejorara su situación, y se les ha acercado sin exigir siquiera eso y se les conceden terceros grados igualmente. Ahora, lo que queremos es alertar, ya que evitarlo no está en nuestra mano, de esta estrategia que no busca otra cosa que vaciar las cárceles. Paulatinamente, pero sabiendo exigir las reformas pertinentes para que al final, salgan antes de prisión».