El Gobierno vasco reconoce «luces y sombras» en su gestión de las cárceles

En sus movilizaciones repiten una y otra vez que la transferencia de la gestión de las cárceles vascas le ha «venido grande» al Gobierno vasco y que su gestión está siendo «caótica». Denuncian la falta de personal y las diferencias laborales que han surgido entre trabajadores tras la celebración de un reciente concurso de traslados. Acusan al Gobierno vasco de, entre otras cuestiones, negar complementos, discriminar a trabajadores o «plantear jornadas esclavistas».

La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas, y los sindicatos convocantes, CCOO, ELA y CSIF, reconocen que incluso se plantean convocar una huelga. En un comunicado, han acusado a la consejera de Justicia, Políticas Sociales e Igualdad, Beatriz Artolazabal, de «escudarse» en la herencia recibida y en una «complejidad no prevista». Sin embargo, aseguran que no son más que «excusas» y le acusan de «deteriorar y dañar» lo que funcionaba bien y «empeorar lo que fallaba». Se preguntan, por ejemplo, si «Madrid» también tiene la culpa de carencias que van desde los problemas informáticos a la mala calidad de la comida.

Las protestas han coincidido con una comparecencia de Artolazabal, que precisamente hoy ha hecho balance del primer año de gestión de las prisiones en el Consejo de Gobierno. Han sido doce meses en los que ha tenido que lidiar con las dudas que planteaba la concesión de terceros grados a presos de ETA y un conflicto laboral que va en aumento. Por eso hoy no ha tenido más remedio que reconocer que ha habido «luces y sombras» en este año.

Artolazabal ha justificado los problemas con el personal en la «deficitaria herencia» que recibió del Ejecutivo central. Ha explicado que las prisiones vascas contaban con espacios «francamente deteriorados» y ha reconocido que el proceso de adaptación de los sistemas informáticos está siendo «laboriosos». También ha reconocido que la falta de personal está dificultando la gestión de su departamento. Según los últimos informes, hay en torno a un 20% de puestos vacantes que no se consiguieron cubrir en el último concurso de traslados.

Precisamente uno de los temores de los sindicatos es que se termine por privatizar parte del servicio. Artolazabal no ha tenido más remedio que reconocer la «legitimidad» de los representantes de los trabajadores y les ha tendido la mano al diálogo para lograr «acuerdos constructivos».

La consejera se ha escudado una vez más en el acuerdo que alcanzaron con UGT-ACAIP, el sindicato que tiene «mayor representación». Según este pacto, la consejería se comprometía a crear una bolsa de trabajo para tratar de paliar a corto plazo las carencias de personal mientras en paralelo se realizaba una convocatoria de empleo público en los próximos dos años. Sin embargo, según los datos de la consejería ese pacto apenas representa al 45% de la plantilla.

De hecho, varias decenas de trabajadores ya han llevado el conflicto laboral a los tribunales. Denuncian que tras el último concurso de traslados algunos de ellos se están viendo discriminados tanto en materia salarial como en los días de libranza. A este respecto, la consejera ha asegurado que todos los funcionarios de prisiones que ya trabajaban en el País Vasco «han mantenido las condiciones que tenían» y que quienes se acogieron al concurso de traslados conocían cuales eran los requisitos de antemano. La cuestión está ya en manos de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Madrid.