García Ortiz se enfrenta a un nuevo varapalo del Supremo por desviación de poder

La designación de Delgado se decidió en un tenso Pleno celebrado el 8 de junio que llegaba precedido de la polémica generada por la decisión del fiscal general de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.

Una vez iniciada la reunión, los siete vocales electos de la AF y la APIF insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la ex fiscal general incurría en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación vinculada a los Derechos Humanos, ámbito en el que esta fiscalía especializada desempeña sus funciones. García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza. El fiscal general prosiguió con el nombramiento pese a recibir solo el apoyo de uno de los dos vocales de la UPF y de las dos vocales natas.

Para la AF esta abstención impidió que se formara correctamente la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta de nombramiento, por lo que apuntan a una nulidad de pleno derecho. Ese informe, dicen, no puede considerarse como un «mero acto de trámite» porque «tiene por objeto coadyuvar a la propuesta del fiscal general del Estado, mediante las consideraciones que puedan formular los miembros de un órgano mayoritariamente representativo de la carrera fiscal».

La AF expuso este argumento a la entonces ministra de Justicia Pilar Llop pidiéndole que no elevara el nombramiento de Delgado al Consejo de Ministros, pero, tras consultar a la Abogacía del Estado, la ministra concluyó que no tenía margen para no hacerlo. De igual forma, la APIF, que también advirtió al fiscal general de las consecuencias que tenía seguir adelante con el Pleno sin acceder al estudio de la posible incompatibilidad de Delgado, incide también en la nulidad de pleno derecho del nombramiento.

El varapalo que puede afrontar el fiscal general sería el segundo después de que esta misma Sala ya tumbara el pasado noviembre el ascenso de Delgado como jefa de la Fiscalía Togada del Supremo, un fallo que llegó cuando la exministra de Justicia ya estaba en el nuevo destino de Memoria Democrática y que llevó a las asociaciones a cuestionar su continuidad en el él, pues para ese puesto se requería categoría de fiscal de sala, y la perdió con aquella primera nulidad. Sin embargo, desde la Fiscalía General entienden que el hecho de nombrarla responsable de otra fiscalía especializada implica de facto una ratificación en el cargo y que sigue ostentando esta condición. De cualquier forma es algo sobre lo que el Supremo también tendrá que pronunciarse porque, tras conocer aquella resolución de noviembre, la AF amplió su recurso recordando que la exministra no ostenta esta categoría.

El Supremo fue muy duro con la arbitrariedad mostrada por García Ortiz en aquel nombramiento y vio una desviación de poder «visible e innegable»: su finalidad fue «solucionar» lo que él consideraba una laguna legal, que era que Delgado no pudiera ser promovida de forma automática a primera categoría una vez dejado el cargo de fiscal general. «Ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», apuntaron los magistrados.

Tan tocado quedó García Ortiz a raíz de esta condena que días después, cuando el nuevo Gobierno de Sánchez le propuso para un segundo mandato, se convirtió en el primer fiscal general del Estado declarado no idóneo por parte del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, su propio nombramiento está recurrido por la AF y por la APIF, que consideran que «la designación como fiscal general del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal (...), y que está condenada por desviación de poder en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: '¿La Fiscalía de quién depende?'».