García Ortiz defiende por fin a los fiscales del 'procés', casi un mes después de que le pidieran amparo ante las acusaciones de 'lawfare'

García Ortiz ha pronunciado estas palabras en la inauguración de la junta de Fiscales Superiores de todas las Comunidades Autónomas, que se celebra hoy en el pazo de Mariñán (A Coruña).

De forma más amplia, y como ya había hecho en anteriores ocasiones, ha reiterado su apoyo «a los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales. Y cómo no, a todos vosotros (Fiscales Superiores)».

García Ortiz ha pedido también a los fiscales lealtad institucional «imprescindible, como sabéis, para que desde nuestras y desde vuestras altas responsabilidades contribuyamos al buen funcionamiento del Ministerio Fiscal».

El silencio del fiscal general a raíz del acuerdo firmado entre el PSOE y Junts había generado un profundo malestar en buena parte de la carrera, que en varias ocasiones le había reprochado su falta de respaldo específico a los fiscales que han llevado causas relacionadas con el independentismo en Cataluña. Fuentes del Ministerio Público reconocen que, sin duda, «es un paso», pero siguen echando en falta una condena a las comisiones de investigación que pretenden escudriñar el trabajo de jueces y fiscales que actuaron en todo momento en el marco de la legalidad.

Según ha podido saber ABC, el fiscal general ha convocado el próximo Consejo Fiscal el próximo 20 de diciembre. En él se prevé analizar la solicitud de la mayoría de los consejeros (que integra la Asociación de Fiscales y el vocal de la APIF) para que se apruebe una declaración de «expreso amparo, reconocimiento y respaldo» del órgano «a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés' realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política«.

En una carta fechada el pasado 14 de noviembre, los fiscales del 'procés' le habían expresado su preocupación por la creación de comisiones de investigación para escrutar la labor jurisdiccional en causas relacionadas con el independentismo catalán y establecer que la valoración que efectúen esas comisiones de investigación «podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional». «Parece necesario recordar que la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, no es admisible en un Estado democrático y de Derecho y de que iniciativas como ésta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial«, señalaban.

«El reconocimiento de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exclusivamente a razones políticas con la inclusión de términos absolutamente improcedentes como 'lawfare' -o judicialización de la política- obviando la naturaleza delictiva de los actos que se cometieron y el respeto institucional que la función jurisdiccional merece, representa una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia el pluralismo político y de la igualdad ante la ley«, apuntaba la misiva.

Recordaban los fiscales que su actuación en esta causa del 'procés' se ha sujetado «estrictamente» a los principios de legalidad y de imparcialidad (...)«, por lo que rechazan que el fiscal general no reaccione ante esta sombra de sospecha que se pretende extender sobre ellos y sobre el resto de compañeros de toda España que han llevado causas relacionadas con el independentismo. Esto debe ser objeto de »respuesta inmediata«.

Ya entonces los fiscales no veían posible que el fiscal general dilatara más su respuesta con el argumento de que la ley no está todavía publicada. «Lo que se solicita -dicen- es el pronunciamiento sobre «el texto de un acuerdo (el de PSOE-Junts) que ya existe y ha sido publicado». «El Ministerio Fiscal tiene encomendada específicamente la defensa de la legalidad y la función de velar por la independencia en los tribunales (....) y considerando que la situación en la que nos encontramos es especialmente grave, le instamos a que actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley y en defensa de quienes como miembros de esta institución, ejercen sus funciones con responsabilidad, imparcialidad y con sujeción a la legalidad en los procesos penales en cuestión«.

No son los fiscales del 'procés' los únicos que han pedido a García Ortiz que reacciones ante el ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes que supone deslegitimar actuaciones y resoluciones judiciales relacionadas con el 'procés'. También lo han hecho la mayoritaria Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).