La transferencia de la AP-9 a Galicia regresa por enésima vez al punto de partida

Es la cuarta vez que el Pazo do Hórreo aborda la transferencia. La primera, allá por 2016, fue seguida de un portazo en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de Mariano Rajoy se opuso al traspaso alegando el alto coste de la operación, como si hubiera de realizarse en paralelo el rescate de la concesión. El adelanto electoral de 2019 truncó la iniciativa en Cortes, tras otro acuerdo unánime de todos los partidos en Galicia, y en 2021 se reprodujo este consenso. El Congreso estaba ultimando la tramitación –sin que hubiera un pronunciamiento expreso del Gobierno de Pedro Sánchez acerca de la transferencia– hasta que la convocatoria de elecciones generales el pasado julio reseteó todas las iniciativas legislativas en marcha. Toca volver a empezar.

Será el segundo punto del orden del día, solo por detrás de la toma de posesión de dos nuevos parlamentarios del grupo popular, en sustitución de Pedro Puy y Francisco Conde, que abandonaron la Cámara tras ser elegidos diputados el pasado 23J. Se someterán a debate sendos textos legislativos de PP y BNG, que coinciden en lo sustantivo –transferir la titularidad de la autopista a la Comunidad Autónoma y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión– pero que abordan por separado la letra pequeña del procedimiento.

Los nacionalistas fijan en su proposición un plazo máximo de seis meses para «el traspaso efectivo» de la infraestructura a la Xunta desde la entrada en vigor de la ley, y en otra disposición adicional recogen que el Estado «asumirá las obligaciones económicas y financieras en el caso de que se declare la nulidad de las prórrogas mediante las cuales se acordó la ampliación del periodo concesional». Esta decisión, que extendió el manto de Audasa hasta 2048, fue cuestionada –tras la denuncia de la asociación viguesa En Colectivo– y posteriormente avalada por la Unión Europea. Por si acaso, el BNG cuela esta cláusula en el articulado.

El PP, por su parte, amplía el catálogo de obligaciones presupuestarias del Estado, incorporando «el cumplimiento de todas aquellas infraestructuras ya comprometidas, así como aquellas que sean necesarias en el futuro». También reclama que la Administración central asuma la supresión del incremento del 1% anual acumulativo durante los próximos 20 años, fijado en compensación por las obras de ampliación de la autopista.

«Queremos una AP-9 plenamente gallega y sobre la que podamos decidir y mejorar el servicio que reciben sus usuarios, pero nunca que suponga una carga para los gallegos», ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, que ha aprovechado para lanzar un dardo al BNG. «Se enorgullecen de haber conseguido una rebaja histórica de los peajes, sin mencionar la subida sufrida cada año, y ahora pretenden que esa rebaja histórica recaiga en los bolsillos de todos los gallegos« al asegurar que con su proposición de ley »serían los que tendrían que pagar a la concesionaria«. Enfrente, el viceportavoz parlamentario del BNG Luís Bará le ha respondido acusando al PPdeG de tener »mala conciencia« en relación al traspaso de la AP-9 toda vez que lo ve »el máximo responsable« de que no se llegase a materializar su transferencia, informa Ep.