La concesionaria de la AP-9 reclamará al Estado más de 1.000 millones si Bruselas declara ilegal su contrato
Pese a encontrarse en estado de expediente abierto, el Ministerio de Transportes defiende que la Comisión Europea aún no lo ha declarado contrario a derecho
Uno de cada tres tramos de peaje de la AP-9 sube más del 4% máximo estipulado por el Gobierno
Audasa, la concesionaria de Itínere que gestiona la AP-9 entre Ferrol y Tuy, ha advertido de que reclamará al Estado más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones si la Comisión Europea encuentra irregularidades en el actual ... contrato de concesión. Cabe recordar que España lleva, desde septiembre de 2021, en estado de expediente abierto por parte de la Comisión Europea en cuanto a la extensión de la concesión de esta autopista al considerar el órgano internacional que la ampliación de los peajes hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea, que requiere la adjudicación mediante un concurso público. Sin embargo, a la altura de febrero de este año, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todavía no había previsto ninguna actuación que pueda afectar a la relación contractual de la concesión, al considerar que no existe ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho esta prórroga.
Así lo ha manifestado Audasa en una comunicación relativa a una emisión de obligaciones que ha publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que explica que la indemnización sería «significativamente superior» al importe actual de su deuda. Según ha recogido Europa Press, y de acuerdo a la información auditada, la empresa contaba con una deuda financiera neta de 1.034 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, por lo que ese sería el importe mínimo que reclamaría al Gobierno en concepto de compensación por cualquier modificación en el contrato vigente.
En adelante
Audasa ha recogido los próximos pasos que Bruselas podría tomar si finalmente concluye que España no ha cumplido con la legislación europea. El primero sería pedir formalmente al Gobierno español que dé cumplimiento a las leyes comunitarias; si el Ejecutivo mantuviese el incumplimiento, la Comisión podría optar por remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría forzar a España a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley. Posteriormente, si el Estado no ejecutara la sentencia, la Comisión podría iniciar un segundo procedimiento de infracción mediante el envío de una segunda carta de emplazamiento.
«Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público, implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de la concesionaria a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de Audasa sería significativamente superior al importe actual de su deuda», ha advertido la empresa. Por ahora, Audasa ha confirmado que en el último año no se encuentra incursa en procedimientos gubernamentales, judiciales o de arbitraje, incluidos aquellos procedimientos que aún están pendientes de resolución o que podrían iniciarse según conocimiento de la empresa.
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